La detención de la ex Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López en la garita de Otay, el pasado 21 de junio bajo los cargos de conspiración criminal, abrió en Sinaloa un nuevo capítulo de la serie que se inicia con su postulación al cargo legislativo en los primeros meses de 2013.
Es poco lo que se sabe de sus declaraciones ante las autoridades estadounidenses y eso introduce incertidumbre en algunos actores y por extensión al proceso político que se ha iniciado con la instalación del Consejo General del INE.
Ya el domingo pasado Manuel Clouthier, el todavía Diputado federal, se presentó ante la Junta Local del INE para manifestar su intención de competir por un escaño del Senado de la República y representa el primer acto político formal de nuestro proceso electoral, 2017-2018.
La prensa estatal ha estado muy activa y especula o promueve a quienes podrían jugar tanto en las elecciones federales, como en las estatales, ya que por primera vez tendremos elecciones concurrentes.
Entonces, los partidos están movidos y arman sus estrategias y empiezan hacer alianzas mientras sueltan nombres de quienes podrían estar en las papeletas electorales.
Hasta aquí lo normal, lo rutinario, lo predecible y necesario.
Sin embargo, el contexto importa, la sombra indubitable de Lucero está presente en las preocupaciones del Gobernador y en la mente de algunos dirigentes partidistas de dentro y fuera del estado.
No se diga que no les espanta el sueño a quienes han sido vinculados a la promoción política de la ex Diputada sinaloense y que podrían ser llamados a declarar: entre otros, a Gerardo Vargas Landeros, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Edgardo Burgos Marentes y Adolfo Rojo Montoya.
Un pronunciamiento del Gobierno estadounidense sobre la narcopolítica en el estado o el señalamiento contra un actor político, como lo hizo en Tamaulipas y que llevó a la detención reciente del ex Gobernador Eugenio Hernández, movería automáticamente todas las piezas del ajedrez político de los próximos comicios.
Las posibles alianzas electorales, por ejemplo, que se han venido manejando en los medios, tendrían que redefinirse, ajustarse algunas candidaturas y revisarían con lupa la carta de vida de todos aquellos interesados en alcanzar una nominación a un cargo de elección popular.
Si nos vamos por los trascendidos en la prensa, es claro que en el Gobierno y los partidos no existe prevención política y las cosas siguen como si no hubiera pasado nada aquel 21 de junio, como si Lucero o el mismísimo “El Chapo” Guzmán se mantuvieran silenciosos sobre los vínculos entre política y crimen organizado en el estado.
Entonces, las circunstancias llaman a la prudencia política, a la automarginación, a la no postulación a ciertos candidatos, que en un eventual señalamiento del Gobierno de los Estados Unidos pudieran aparecer exhibidos, recordemos que Donald Trump ganó las elecciones de su país acusando a los mexicanos de “narcotraficantes y violadores”, y la autoridad correspondiente ha estado muy activa en las denuncias y pesquisas contra nuestros políticos que han pasado por funciones de Gobierno.
Está en puerta, por ejemplo, la deportación desde Italia de Tomás Yarrigton, otro ex Gobernador de Tamaulipas, a quien se le acusa de haber brindado apoyo a los cárteles de la droga para sus negocios y crímenes.
Sé que se puede argumentar que formalmente no hay nada en contra de ningún político sinaloense. Y es cierto, no pasa de meras especulaciones, pero lo cierto es que Lucero se encuentra detenida y existe interés por saber de estos episodios donde la política se mezcla con el crimen organizado.
Entonces, en este tipo de casos espinosos, la formalidad sin dejarse de lado debe permitir que entre en juego la prevención y se garantice que el proceso electoral no esté tatuado por eventuales denuncias contra actores políticos en campaña.
Cada actor político debe hacer su parte, como en su momento lo hizo el CEN del PAN, con un alto costo electoral.
Ahora, si aparece algo que inculpe a este instituto político, sus líderes podrán decir que hicieron lo que tenía que hacer en su momento, suspendiendo cargos y derechos de varios de sus dirigentes estatales, cosa que el resto de partidos en cuestión no hicieron y se mantuvieron como ahora se encuentran, viendo pasar los acontecimientos.
Podrá decir el Gobernador y los dirigentes políticos, que cada quién su responsabilidad y que llegado el caso tendrán qué explicar su papel en la nominación de Sánchez López. Cierto, pero ese argumento vale para una persona de la calle, pero no para un gobernante responsable o un líder partidario que debe tener una buena dosis de previsión política, y todo indica que no la estaría teniendo en cuenta los costos que podrían significar para el estado.
Finalmente, mucho se ha dicho que tendremos el proceso electoral más complejo de la historia política del país, y sí lo será, basta ver la concurrencia en las elecciones federales y estatales, las coaliciones, los candidatos independientes, el número de candidatos en cada elección, la alta competitividad y el papel que jugará el dinero, sea éste de procedencia lícita e ilícita, del crimen organizado.
Y especialmente lo será en estados como Sinaloa, donde en las pasadas elecciones locales fue manifiesta esta presencia, que incluyó el ataque intimidatorio, nunca antes visto, a los ciudadanos a través del ametrallamiento del transporte público.
Y en esa forma podría repetir, sobre todo si sus objetivos de control político se cumplieron, y ahora con la concurrencia buscan refrendarlo.
Más aún, en Sinaloa la complejidad pudiera ser mayor, incluso, respecto a estados con el mismo perfil mafioso, la sombra de la mancuerna Lucero-Joaquín es latente y hasta ahora nadie quiere darse por enterado, la ven como muy lejana, etérea, en el mejor de los casos, como un asunto del ámbito nacional, que no tiene por qué salpicar a la clase política sinaloense. Pero entonces no se están leyendo adecuadamente los mensajes enviados por la administración Trump, que no tendría ningún empacho o prurito en el caso de que el affaire Lucero le sirva para reforzar sus campañas anti México.
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