Es difícil saber cuántos desplazados por la violencia de la sierra se encuentran en las ciudades bajas, las de los valles sinaloenses. No existen estadísticas confiables, nunca las han existido.
Roberto López López en su tesis de doctorado muestra lo endeble de la información; él menciona que en 2012, cuando iniciaba su investigación, en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa se llevaba un registro: en agosto de aquel año eran mil 187 familias desplazadas, pero para el mes de octubre de ese mismo año ya sólo aparecieron 890 de ellas. ¿Qué pasó con las 297 familias que se perdieron entre un registro y otro?
Una respuesta podría ser que ser que las personas se regresaron a sus lugares de origen; otra, que siguieron su peregrinar hacia otros municipios -diferentes a los del registro-; una respuesta más podría ser que maquillaron las cifras en el escritorio para no darle seguimiento al apoyo a las familias y/o minimizar el hecho. Lo único cierto es que, si quisiéramos seguir la evolución construyendo series históricas no podríamos confiar en las cifras oficiales.
Menos confiaríamos si comparamos los registros oficiales con los de otras instancias u organismos no oficiales. La tesista del doctorado en Ciencias Sociales, Sibely Cañedo, dice que en 2015 la misma Sedeshu reportaba mil 500 familias desplazadas. Sin embargo, en ese mismo año la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa -organismo ciudadano independiente-, estimó una cantidad de 25 mil desplazados, lo cual equivalen a 5 mil familias, considerando un promedio de integrantes por cada una de 5 miembros, que es la media nacional.
El problema es que no existe dependencia alguna que centralice la información. Los padrones que levanta las SEDESOLH son exclusivamente para brindar apoyo a los afectados, pero estos no necesariamente acuden a ello. Dada su condición de desplazados por la violencia, tienen temor de acudir a las dependencias, sean éstas los ayuntamientos municipales o las encargadas de brindar apoyo. Además, muchos de ellos actúan desde la ignorancia de sus derechos ciudadanos, por lo que se mueven con sus propios recursos. En el mejor de los casos, acuden a sus amigos y parientes que ya se encuentran en lugares de destino. Y no avisan a los políticos de sus movimientos.
Hoy, dada la magnitud y la gravedad de los acontecimientos, es necesario unificar criterios y fuentes de información. Los ayuntamientos tienen sus propias bases de datos, los cuales fueron construidas sobre la base de quienes acudieron a las respectivas Direcciones de Desarrollo Social buscando apoyo material. También la Sedeshu tiene sus propios registros. Si bien para alimentarla recurren a las fuentes de los ayuntamientos, esta institución tiene sus propios registros, y son aquellos que construyeron para brindar el apoyo al que está obligada la dependencia. Algo similar sucede con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y con el Instituto de la Vivienda de Sinaloa. Así está sucediendo, al menos, en el sur del estado. Cada dependencia por su lado.
¿Cuál es la cifra de desplazados del fenómeno Concordia? No lo sabemos. Nadie lo sabe. En julio pasado el Presidente Municipal dijo que “por lo menos unas 300 familias huyeron de cinco poblados de las comunidades serranas…”, según reporta la corresponsal de La Jornada Irene Sánchez (La Jornada, 20/julio/2017). Pero, según la misma nota, la Secretaria de Desarrollo Social “informó que 112 familias ya habían huido de los poblados de Pánuco, Las Puntas, Cuantantal, Santa Lucía, La Petaca y La Válvula” a causa de la violencia (ídem). ¿Las 112 de la Secretaria de la Sedeshu son parte de las (“por lo menos”) 300 familias del Presidente Municipal o son cuentas diferentes?
De cualquier manera, las cifras no cuadran. Tan sólo, por nuestra parte, llevamos contabilizadas 201 familias entre Villa Unión y las colonias de Mazatlán. Pero sabemos perfectamente que esta cantidad es sólo una parte muy pequeña del todo, pues ésta la hemos construido a partir de labor que realizan compañeros nuestros.
Pero existen otros registros en las instancias oficiales, seguramente dando cuenta de una cantidad mucho mayor de desplazados. Si unificáramos diferentes bases de datos tendríamos una sola mucho más confiable. Y, con transparencia y buena voluntad, dar mejores atenciones. Para ello es necesario un compromiso: que la base de datos generada, no será utilizada con fines político electorales en el ya muy cercano 2018. Así las cosas.
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