"Ley obsoleta, gobierno omiso"

El Gobierno del Estado finalmente se abrió de capa. Aunque reconoce que la Ley de Transporte del Estado es obsoleta, ha declarado ilegal la prestación del servicio de transporte por parte de la empresa Uber.

En parte tiene razón, pues se apega a lo que dispone dicha Ley, que en el artículo 179 establece que corresponde al Estado la prestación de este servicio y se reserva el derecho de hacerlo directamente, a través de los órganos que al efecto se creen, otorgarlo a instituciones oficiales, autorizarlo o concesionarlo a particulares.

Lo tiene concesionado a particulares, pero no de manera abierta, sino a través de agrupaciones sindicales.

A pesar de que esta ley colisiona con lo dispuesto por la Constitución y las leyes federales de Comercio y de Competencia, se ha resistido a hacer las adecuaciones a la ley para que no se sigan afectando los derechos de terceros y, sobre todo, los derechos de los usuarios.

El domingo, en Mazatlán, al menos cinco turistas fueron obligados por choferes de taxis verdes y rojos, en plena Zona Dorada, a bajar de dos unidades Uber que habían solicitado. Tres turistas de Tijuana reclamaron molestas a los taxistas por ese atropello.

“Yo voy a tomar Uber, y es mi elección, yo lo voy a pagar no usted”, le dijo una de ellas a los taxistas que impedían que abordaran la referida unidad.

¿Ante la postura del Estado en favor de los gremios de taxistas, en qué lugar quedan el consumidor y su derecho a elegir?

En el artículo 194, la Ley de Transporte del Estado se establece que las concesiones para explotar el servicio público de transporte se concederán “preferentemente a quien garantice la prestación del servicio en las condiciones de calidad requeridas por esta Ley y sus Reglamentos”.

Lo que se advierte en Sinaloa es que las concesiones se otorgan, no de conformidad con el citado artículo, que tiene como objetivo la plena satisfacción del derecho del usuario a una transportación de calidad, sino con propósitos clientelares.

El Gobierno federal se obliga, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal de Competencia, a “promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica”, así como a “prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”.

Está claro que al decantarse en favor de los concesionarios de taxis y proscribir y perseguir a los choferes de Uber, el Gobierno del Estado está imponiendo barreras a la libre concurrencia y la competencia económica.

Las protestas y reclamos de los taxistas son legítimas, sin lugar a dudas, pero no algunas de las acciones con las que están reclamando respeto a sus derechos.

Los bloqueos a vehículos, que si bien no tienen una concesión estatal sí están amparados por la legislación federal en la materia, lo mismo que los actos de violencia en que han incurrido en su desesperación por la competencia de Uber, son censurables.

La obsolescencia de la Ley de Transporte del Estado queda demostrada desde el momento mismo en que en el apartado de derechos del usuario del transporte público (artículos 260, 261 y 262) solamente se contemplan los de quienes se mueven en el transporte urbano y en el foráneo.

¿Y los derechos de los usuarios de los otros servicios de transportación concesionados?

La obsolescencia de la Ley ha sido reconocida por el propio Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, al advertir que se prevé enviar al Congreso, como parte de las negociaciones para destrabar el conflicto transportista, una iniciativa de ley para que Uber sea regulado.

“...el Gobierno tendrá que analizar que la modernidad tiene que ser también revisada y… llegar a puntos de consenso en donde también se regularice la actividad de cualquier prestador de servicio”, manifestó.

Amplios sectores de la sociedad sinaloense, principalmente en Mazatlán, han empezado a manifestarse en las redes sociales y con leyendas en los vidrios de sus vehículos en contra del acoso y la persecución a los choferes de Uber, con reclamos airados incluso por lo que consideran la prestación de un mal servicio por parte de los taxistas concesionados.

¿Cuál será el siguiente paso de las autoridades estatales? ¿Buscarán las reformas a la Ley para acoplarla a lo que mandatan las leyes federales o seguirán en su actitud omisa?

jdiaz@noroeste.com