"Libertad bajo riesgo"

Editorial

El futuro del País está en juego por una decisión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, apoyado por los legisladores priistas, del Verde y de los llamados “Rebeldes del PAN” y algunos de Nueva Alianza, para impulsar una Ley de Seguridad Interior, que otorga a las Fuerzas Armadas facultades para actuar en contra de la sociedad civil.

Por mucho que sus defensores argumenten que esta Ley solo busca darle un marco normativo a las tareas que el Ejército y la Marina realizan en materia de seguridad pública, lo cierto es que la nueva legislación concede decisiones discrecionales a los militares para que actúen cuando consideren que la seguridad o los intereses públicos están en riesgo.

Hubo recomendaciones de expertos en seguridad, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de universidades públicas y privadas y de la sociedad civil, para reconsiderar esa iniciativa y depurarla aún más. Hicieron oídos sordos.

Y en el marco de la última discusión, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados el PRI impulsó una reforma al Código Civil Federal en el que se avala castigar a quienes difundan, cierta o falsa, información que pueda causar daño a alguien.

¿Qué significa eso? Que si un político, por ejemplo, acusado de corrupción, con hechos comprobados, se siente ofendido por que se haya difundido información del caso, puede interponer un recurso jurídico y pedir castigo a quien haya difundido esa información.

Esto significa que el ciudadano, el mexicano, tendrá que mantenerse callado incluso cuando se sienta indignado por hechos que atentan contra su calidad de vida, porque si no, corre el riesgo de ser sancionado.

De esta manera es como el Poder Legislativo, controlado por el PRI y aliados y apoyado por algunos legisladores del PAN, impulsa medidas que podrían atentar en contra de los mexicanos.

¿Que se requieren leyes que den certeza jurídica? Sin duda, es lo mejor. ¿Se necesitan instrumentos que controlen a los ciudadanos? Ese no es el México ideal que se espera.

Y con estas decisiones, queda demostrado, una vez más, que los legisladores están dispuestos a defender no a los ciudadanos que representan, sino a los partidos que lo postulan y esta vez, a una jugada por la que el PRI ha apostado todo.