Rafael Morgan Ríos
Ante la evidencia de que se ha agravado el problema de la inseguridad en México en lo que va de este sexenio, habría que evaluar si las decisiones que se implementaron fueron precisamente causas de ese incremento en la inseguridad. En efecto, no funcionaron los autodefensas sino que más bien agregaron criminalidad; no se creó una auténtica y suficiente policía federal y por lo tanto no se pudo retirar a las fuerzas armadas de las calles y comunidades; eliminar la Secretaría de Seguridad Pública restó fuerza a la política de combate a la delincuencia; no haber insistido y logrado el reforzamiento, capacitación y equipamiento de las policías estatales o ministeriales, todo ello ha dado como resultado que hoy por hoy, los delincuentes sean más, más violentos y más audaces y ante todo esto, la sociedad menos coopera y se encierra en su miedo, su conveniencia o su indiferencia.
Un punto adicional de equivocación en la política pública contra la inseguridad, es el de haber decidido que sean los propios reos los que “administren” y controlen el régimen interior en los penales. Las consecuencias han sido catastróficas, desde motines y riñas por el poder, francachelas con mariachis, bebidas y mujeres, hasta fugas y permisos de salida, venta de enervantes y privilegios, uso de teléfonos celulares para, desde adentro, controlar y dar órdenes a los secuaces de afuera. Ahora resulta que el Gobierno le tiene más temor a las organizaciones de derechos humanos que a los delincuentes. En alguna forma se olvida que el delincuente preso ha perdido sus derechos de ciudadano, perdió su derecho a la libertad que debe incluir perder el derecho a gozar de las facilidades de la vida ciudadana como es el uso de celulares, televisores, vida conyugal, viajes, fiestas, etc. Y desde luego, mucho menos pueden aprovechar para gozar de alcohol, drogas, mujeres, armas, etc. Esto es precisamente su castigo y por eso se le separa de la sociedad, de lo contrario, los delincuentes estarían más a su gusto y más seguros adentro que afuera. Los penales deben verse como una forma de castigo y no como una de vacaciones con protección.
Este debilitamiento en las políticas públicas, no sólo desde el punto de vista federal como de los gobiernos subnacionales, ha permitido el nacimiento de otros grupos de delincuentes, no necesariamente dedicados al narcotráfico, como es el del robo de combustible, fenómeno que no es nuevo pero que en últimos años se ha convertido en un auténtico problema adicional de inseguridad y como negocio del hampa y de las mafias, muy ágiles para aprovechar las debilidades de las autoridades y de la sociedad y ahora, el robo de energéticos es una actividad adicional con pingües beneficios. Pero también, algunos grupos que nacieron para robar gasolinas, a veces en contubernio con malos empleados de Pemex, se han estado integrando a los cárteles del narcotráfico. De nueva cuenta se ha tenido que echar mano de las fuerzas armada para detener este delito, pues también de nuevo las policías y gendarmería federal y local son insuficientes. De nueva cuenta se demuestra que fue un error no haber incrementado y organizado mejor a las fuerzas del orden, para poder pensar en retirar al ejército y la marina de estas luchas, que son de naturaleza civil y no militar.
A la debilidad de las policías, hemos de agregar la debilidad de las leyes que fácilmente pueden ser manipuladas y aprovechadas por abogados de baja conciencia social, deseosos de enriquecerse pronto y mucho, con lo cual “ganan” juicios por errores técnicos y de procedimiento, abonando a la impunidad al liberar así a delincuentes de evidente culpabilidad. Estos mismos abogados también han pagado con sus vidas cualquier error que cometen. Lo anterior, sólo puede lograrse con un sistema judicial debilitado, que defiende más los “derechos” de los facinerosos que de la sociedad y atienden más a la “interpretación” o a la letra de la ley, según convenga, que al bien mayor de proteger a la sociedad de los malos elementos.
Todo este entramado se complementa con malos e incapaces ministerios públicos, que no pueden o no quieren integrar expedientes con pruebas criminalísticas suficientes para enviar a juicio y encerrar a delincuentes confesos y culpables.
Pero ya la sociedad está despertando y se está exigiendo cada vez más a los gobernantes para que cumplan con su deber para lo cual se les paga, de lo contrario, que dejen sus puestos a quienes sí quieren y sí pueden “entrarle al toro”.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
