"Opinión"

Algo se está cocinando a fuego lento. Mientras en el Congreso de la Unión se discute y negocia la Ley de Seguridad Interior, en Sinaloa estamos presenciando adelantos institucionales y operativos con un fuerte componente militar.

Primero, se desmanteló la estructura de seguridad pública del Gobierno malovista bajo la sospecha o certeza de que en las corporaciones policiacas estaba, parafraseando a Ingmar Bergman, el “huevo de la serpiente”, pues además de ser política nacional, probablemente existía la idea de que sus integrantes cobraban en dos nóminas: la del Gobierno y la de los malos.

Esta percepción seguramente se reforzó el 30 de septiembre del año pasado. Esa madrugada un convoy del Ejército fue atacado dejando cinco víctimas mortales en la entrada norte de la capital del estado y 10 heridos. Una de las primeras acciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades fue tomar durante horas la sede de esta corporación, incluso trascendió que habían sido revisados los celulares de los agentes. Existía la sospecha de que desde uno de esos teléfonos hubiera salido el “pitazo” y no faltó quién pusiera en duda los tiempos de traslado desde las bases ministerial y municipal, hasta el lugar del ataque contra los militares.

No paró ahí. Con la llegada del Gobierno de Quirino Ordaz, una de las primeras decisiones fue tener la mano en la designación de quienes tendrían la alta responsabilidad de la seguridad de los 18 municipios, y al menos, en muchos de ellos son personas con vínculos en el Ejército.

En el caso de la PGJE se mantuvo en el cargo hasta el día de hoy al malovista Marco Antonio Higuera, en tanto el Congreso del Estado designa al primer Fiscal General del Estado, que será la figura que vendrá a sustituir la de Procurador gracias a la reforma constitucional.

Que dicho de paso, el actual Procurador está en una situación incómoda, pues no pertenece al nuevo grupo en el poder y, sobre todo, tiene poco poder. Está, además, bajo sospecha luego de los señalamientos hechos por el Diputado panista Juan Pablo Yamuni, quien en entrevista periodística lo acusa de no haber dado trámite a denuncias que él hizo como titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.

Quizá esa falta de poder, explique la expresión grosera de Carlos Roberto Valle Saracho, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, quien afirmó que el todavía Procurador “se está haciendo pendejo”, luego que los policías de Angostura fueron humillados por miembros de la Marina.

Pero bueno, de aquí a unos meses tendrá qué dejar el cargo para dar paso a quien resulte designado fiscal general, donde será decisivo el voto de la mayoría priista y sus aliados.

Aquí, hay otra cuestión digna de atención, primero se dijo desde la oficina del Gobernador que él no propondría una terna, sino se sujetaría a la decisión que tome el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) que deberá seleccionar entre los aspirantes cinco nombres para ponerlos en el escritorio del Gobernador, y él escogería tres de ellos que enviaría al Congreso del Estado para que seleccione quién llena mejor el perfil.

Sin embargo, lo que fue visto como una buena decisión y en ella me incluyo, como publiqué en un texto en el semanario Riodoce bajo el título sugerente “Fiscal Ciudadano”, no será pues según el Diputado Juan Pablo Yamuni, si bien el Fiscal General saldrá de la terna que presente el Gobernador ante el Congreso del Estado, donde el PRI tiene mayoría absoluta, tendría además la prerrogativa de remover del cargo cuando juzgue que ya no está en sintonía (artículo 76 Bis, fracción III, de la iniciativa de la Ley General de la Fiscalía General).

En lo que se refiere al fiscal anticorrupción, que debería ser producto de una convocatoria pública, por la gran demanda social de lucha contra la corrupción, y donde los aspirantes deberían comparecer públicamente será, de no suceder otra cosa, una prerrogativa del Fiscal General que podrá proponerlo y removerlo.

Vamos, dada la importancia que tiene y debería tener el fiscal anticorrupción, llegará institucionalmente disminuido para perseguir y castigar a quienes en la esfera de la administración pública, incurran en delitos contra el patrimonio estatal, pues el Gobernador podrá remover del cargo. Al ponerlo bajo la dirección del fiscal general viene a ser lo mismo de lo que tenemos con la PGJE. Nada, para casos como el que ha estallado en España y que involucra a Óscar Lara, el ex Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Aguilar Padilla, con el depósito sospechoso de 6 millones de dólares en un banco de Andorra.

Ahora bien, existe un personaje que ha llegado desde la Ciudad de México antes de que se emita la convocatoria, con el fin de participar de la convocatoria que emita el CESP, y para ello ha recorrido el estado reuniéndose con profesionistas para presentar su proyecto, en caso de ser designado fiscal. Entre quienes han estado presentes en sus comparecencias selectas, afirman que es una persona que sabe la materia del nuevo sistema penal acusatorio, y que podría hacer un buen papel como fiscal general.

Se dice que es el bueno y que está en el ánimo del Gobernador. Se trata de un joven abogado quien trae una buena trayectoria académica y una intensa labor como capacitador en el nuevo sistema. 

De acuerdo a la versión de mi fuente tendría dos posibles limitaciones, que son el desconocimiento del estado y que es una recomendación de altas esferas del Ejército. Quizá la primera podría ser considerada una virtud por no tener nexos con ningún grupo o poder fáctico del Estado, pero no la segunda, que se inscribe en la estrategia de seguridad del estado. 

Y eso, es grave, pues podría ser una cuota más del Ejército en el sistema judicial y subsecuentemente marcaría al fiscal anticorrupción, que en el óptimo debería ser alguien con antecedentes en el estado y con una trayectoria de compromiso ciudadano, o al menos un profesionista conocido y reconocido.

Finalmente, si esto sigue el curso, no podemos dejar de lado el debate que actualmente se celebra en el Congreso de la Unión donde se discute el rol que deben jugar las fuerzas armadas para garantizar la seguridad y la estabilidad del País, pues como bien lo señala Don Juan Ibarrola, uno de los que mejor conoce el espacio castrense, son varias las amenazas que nos ofrece un entorno internacional adverso, y en lo interno una gran tensión social, lo que obliga a afinar las instituciones sin que esto signifique perder libertades. Vamos, que la cocina a fuego lento no termine quemando el platillo judicial del nuevo Gobierno.