Editorial
Cuando se habla de los males actuales de México, las claves que se repiten son corrupción, violencia e inseguridad, pero poco se habla de una de las causas principales que alimentan los problemas que atormentan a miles de mexicanos: la impunidad.
La frase “las cárceles están llenas de pobres” se ha convertido en una triste verdad.
En las cárceles mexicanas no hay ricos, ni grandes narcotraficantes, mucho menos políticos, y cuando se les encuentra son grandes excepciones o van de paso, o se acaban de fugar, o hay que pedirles disculpas porque acaba de llamar un senador o un diputado y ha exigido que sean liberados.
Pero además de frases celebres y verdades populares hay números que sustentan una realidad devastadora: en México la impunidad es la madre de los delitos, de los funcionarios corruptos y de los delincuentes que comenzaron robando espejos de un auto y que terminaron convertidos en barones de la droga.
Una investigación sitúa a México en el segundo lugar entre los países con los índices de impunidad más altos del mundo.
El informe publicado como Índice Global de la Impunidad fue presentado por la Universidad de las Américas Puebla.
La investigación está sustentada en cifras de la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tomó en cuenta 44 mil variables para revelar que sólo Filipinas presenta características más negativas que México.
Lo interesante del informe es que no sólo se detiene en revelar que Estados Unidos se encuentra en la zona de los países con mayor impunidad, sino que muestra las razones por las que países como Croacia o la República Checa lograron revertir sus números negativos y redujeron sus problemas de impunidad al máximo.
Una de las razones es la escasez crónica de jueces, en México contamos con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en los países con menos impunidad hay 17. El informe también recomienda dirigir los recursos a la capacitación de policías y reducir sus cargas de trabajo que oscilan en jornadas de 24 o más horas.
Por último, la investigación revela que las leyes contra la corrupción deben de estar dirigidas a todos los individuos, en especial a los funcionarios, algo que en nuestro País parece olvidado.
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