"Paradojas de un Gobierno que se dice transparente"

Tal vez han escuchado o leído un cuento que habla de un grupo de personas fallecidas en un accidente, que al llegar a las puertas del cielo se encuentran con un aviso de que primero deben bajar al infierno.

 

Abajo los recibe un Satanás amable y sonriente, que les da un tour por el averno. Se pasan ahí unos días de maravilla disfrutando de un verdadero paraíso. Mujeres, comida y cerveza a raudales.

 

Sin embargo, el siempre sonriente Satanás les dice que deben subir al cielo porque tienen que comparar la vida entre angelitos y viejitos rezando todo el tiempo, con los placeres que disfrutaron en el averno.

 

Ni siquiera pusieron un pie en el cielo. Ansiosos le dijeron a San Pedro que querían vivir en el infierno, pero quedaron estupefactos al encontrarse todo convertido en llamas, con un Satanás iracundo, que azotaba con su látigo a los caídos en desgracia.

 

Al preguntarle al demonio qué había pasado, él les respondió: Ayer estábamos en campaña, ahora ya eligieron, así que métanse.

 

Eso es lo que parece habernos ocurrido a los mazatlecos. Apoltronado ya en la oficina oval municipal, el Alcalde Fernando Pucheta Sánchez se ha olvidado prácticamente de todo lo que prometió en su campaña y en sus primeros días de Gobierno.

 

¿Dónde está el “no vengo a tapar nada”, manifestado por él en una entrevista de radio a pocas horas de ocurrida la fuga de agua en el Tiburonario? ¿Dónde el compromiso en su toma de posesión de que el suyo sería un Gobierno “apegado a la ley, responsable... en un marco de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción”?

 

“La sociedad”, agregó en aquel mensaje, “merece respeto, merece estar informada de manera puntual en relación a cómo estamos encontrando el municipio. Nadie por encima de la ley”.

Lo pregunto, porque el Gobierno municipal acaba de poner bajo reserva todo lo relacionado con la investigación del colapso del Tiburonario.

 

El acuerdo lo tomó el Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que encabeza el Oficial Mayor, Juan Manuel Ochoa Álvarez, quien citó que la demanda de reserva se hacía con base en el Artículo 162, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

El veto a la demanda de información sobre el caso no procede porque no compromete la seguridad pública; no menoscaba negociaciones y relaciones internacionales; no pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; nada tiene que ver con procesos de auditoría o recaudación tributaria ni obstruye la prevención o persecución de delitos.

 

Impedir que la sociedad conozca qué es lo que hay detrás de este “galimatías” de demandas y contrademandas es no solo violentar la garantía constitucional de acceso a la información, sino pisotear el compromiso del Alcalde con la transparencia y la rendición de cuentas.

 

Resulta paradójico, además, que sea un periodista, investido ahora como Oficial Mayor del Ayuntamiento, quien niegue el acceso a la información sobre el colapso de un bien público.

Ya la Síndico Procurador había adelantado que la investigación del daño en el Tiburonario se llevaría cuando menos tres años, lo que se confirmó con la petición de reserva de toda la información relativa a este caso.

 

¿Hay o no hay compromiso con la transparencia y rendición de cuentas de quien administra el Gobierno municipal? A juzgar por los hechos, no. Lo que hay son “pegotes”, no verdaderos actos de Gobierno.

 

“Pegote”, según los diccionarios, es “un añadido hecho de manera tosca y torpe, que generalmente no guarda armonía con el resto y estropea su calidad, y que a menudo tiene la intención de ocultar algún defecto”.

 

El 22 de mayo, el Secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, dejó entrever que ya habían concluido los peritajes para determinar la causa de la avería en el Tiburonario y que los resultados serían dados a conocer a más tardar a finales del mes.

 

Con esta burda secrecía lo que hace el Gobierno de Pucheta Sánchez es abonar a las sospechas de que no se busca ya determinar qué es lo que ocurrió realmente en el Tiburonario para llamar a cuentas a los presuntos responsables, sino tratar de que ya se olvide este asunto.

 

Ahora nos sale la Oficialía Mayor con que no se puede dar a conocer la información, basado en un articulado de la Ley de Acceso a la Información Pública que no aplica en este caso específico. ¿De qué se trata, pues? ¿Lo prometido en la campaña dejó de ser exigencia una vez concluidas las votaciones?