"Por si alguna duda quedaba: Duarte exonerado"

“El demócrata que accede o quiere llegar a ejercer el poder, de inmediato tiende a autolimitarse. Por eso he propuesto que la oposición y la barra de abogados presenten a quien deba ser Procurador de Justicia...”

 

Esta aseveración es parte del discurso de cierre de campaña de Maquío Clouthier, en el Zócalo de la Ciudad de México el 2 de julio de 1988.

 

Hoy, casi 30 años después, tenemos una Procuraduría acotada, sometida no solo a los dictados y caprichos del Presidente, sino al servicio de los intereses del partido en el poder, como lo han denunciado partidos de oposición, incluso dos grupos de intelectuales, activistas y escritores.

 

Uno de ellos, integrado entre otros por Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, José Woldenberg, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles, advirtió al Presidente Enrique Peña Nieto, que “usar a la PGR para perseguir a la oposición pondrá a México como un país autoritario”.

 

México, acotaron en un documento entregado al Ejecutivo, es “una democracia joven con instituciones débiles”.

 

El otro grupo, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y José Agustín Ortiz Pinchetti, entregó el viernes a la presidenta del Tribunal Electoral de la Federación, Janine Otálora, un documento con las “exigencias mínimas para las elecciones de 2018”, urgiendo a las autoridades electorales a que eviten el uso de las instituciones como instrumento de lucha política, así como la compra y coacción del voto a la que suelen recurrir los partidos en época electoral.

 

La Procuraduría General de la República ha negado en todo momento que su actuación obedezca a intereses políticos y partidistas, pero los hechos parecen demostrar lo contrario.

 

En julio pasado reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación, y que, en promedio, siete de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución, y de los casos que sí logra “resolver”, 84 por ciento se mandan al archivo, al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.

 

Casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, la denuncia contra Pemex por sobornos de la empresa Odebrecht, los “Panamá papers” y las investigaciones contra varios ex gobernadores por peculado, lavado de dinero, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito, duermen el sueño de los justos.

 

Y por si algo faltara, la Procuraduría acaba de determinar que no halló elementos para ejercer acción penal en contra del ex Gobernador de Chihuahua, investigado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y bancaria.

 

¿Que no hay elementos para procesarlo? Al ex Gobernador le han incautado ya 21 inmuebles, entre ellos 17 ranchos y miles de cabezas de ganado, muchas de ellas adquiridas con fondos del Programa de Apoyo Social para el Repoblamiento de Hatos para Pequeños Ganaderos.

 

Según denuncia del Gobernador Javier Corral Jurado, los fondos de dicho programa nunca llegaron a quienes serían los beneficiarios, lo que seguramente también ocurrió con los fondos de otros programas federales.

 

Corral Jurado precisó que en los cateos a los ranchos asegurados se encontraron aretes de ganado con el sello de la Sagarpa. Se encontraron además numerosos animales exóticos como llamas, bisontes y jabalíes.

 

¿No son acaso delitos federales? La PGR seguramente tiene otra forma de ver las cosas y otros intereses, por eso no encontró elementos para proceder contra el ex Gobernador.

 

Pero no ha sido todo. También quedó acreditado el desvío de 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

 

El mecanismo que utilizó el ahora ex Gobernador, según reconoció ante la Fiscalía de Chihuahua el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, fue la invención de supuestos talleres para padres de familia, cursos motivacionales para profesores, cursos sobre medio ambiente, y la supuesta instalación de un software para realizar trámites escolares.

 

Tantas y tan graves omisiones como las descritas, mientras mete todo el acelerador en un caso como el del candidato de la coalición Por México al Frente, sin que tenga pruebas de los delitos de los que se le acusa, es por lo que un grupo de intelectuales, activistas y escritores le han demandado al Presidente que no se use a la PGR como instrumento para perseguir a la oposición.

 

Una Procuraduría como la que ofreció en su momento el Maquío, con absoluta independencia del Gobierno, es lo que necesita nuestro país.

 

jdiaz@noroeste.com