"Pos-verdad a la mexicana"

 

En los últimos tiempos ha cobrado popularidad el concepto de la pos-verdad que denota “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. 

 

Pensándolo bien, en México deberíamos invertir las palabras y hablar de la verdad post o la verdad a posteriori. No se trata de apelar a los sentimientos de las personas para reforzar sus creencias o para inculcar una mentira sino simplemente de engañar a los gobernados haciéndolos creer que las cosas funcionan de acuerdo a las normas que supuestamente rigen el ejercicio del poder. Se trata de que vivimos engañados hasta que un “accidente” saca a la luz pública la verdad. 

 

El caso más reciente de la verdad a posteriori es lo que acaba de ocurrir con el ya tristemente célebre asunto del “socavón” en el Paso Exprés de Cuernavaca. Aquí convergen las mentiras del sistema y las verdades a posteriori. Verdades que, por cierto, se revelan, casi siempre, inútiles.

 

Presumimos que cuando se decide una licitación de obra pública se hace conforme a criterios establecidos y el ganador reúne los requisitos para llevarla a cabo. Pero cuando estalla el escándalo, descubrimos que la empresa constructora seleccionada ganó a modo, que no cumplía con los requisitos de experiencia y especialidad y que “por error u omisión” los contratos de licitación no se encuentran en la página de la SCT. 

 

Presumimos que cuando a una empresa se le inhabilita, no puede volver a competir por una obra pública. Pero, cuando salen mal las cosas y el periodismo indaga, resulta que esa empresa inhabilitada cambió de nombre y volvió a ser contratada. 

 

Presumimos que cuando se lleva a cabo una obra hay supervisión por parte del contratante: el Gobierno. Pero, cuando ocurre lo que nunca debió haber ocurrido, o sea el socavón, descubrimos que no hubo quién la inspeccionara.

 

Presumimos que cuando una obra “se da por terminada y entregada”, se revisa para finiquitar el contrato y ponerla en marcha. Pero, en nuestro país la obra se inaugura sin tomar esas precauciones y ¡sin la obra terminada! 

 

Presumimos que hay funcionarios con la responsabilidad directa de supervisión y mantenimiento de la obra. Pero resulta que nadie se ocupa de ello y que en la feria de las responsabilidades nadie compró boleto.  

 

Presumimos que una obra se lleva a cabo con el presupuesto acordado, pero cuando revisamos la cuenta pública constatamos que el sobrecosto fue del doble y mayor en 65 por ciento al de la empresa constructora que perdió la licitación por que su postura económica era demasiada cara. 

Presumimos que a los usuarios de una carretera se les escucha cuando alertan a la autoridad sobre los problemas que perciben, pero resulta que se les ignora. 

 

Presumimos que los gobiernos federal y estatal estudian los informes de la Auditoría Superior de la Federación y utilizan sus resultados para enderezar el rumbo, pero caemos en la cuenta de que dichos informes ni siquiera son leídos. En la revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF ya había advertido “retrasos, pagos no justificados y modificaciones en la obra” sin la autorización requerida. 

 

Presumimos que los cargos, sobre todo los que requieren preparación técnica, se otorgan a personas que tienen la competencia para ello y se ocupan a partir de la meritocracia. Pero, después de dos lamentables y evitables fallecimientos nos enteramos de que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos era el director de una escuela de idiomas.  Presumimos que hay una cadena de mando y por tanto de responsabilidades, pero a la hora de asumirlas no hay quién las admita y el que paga es el funcionario menor que nada tuvo que ver con la tragedia ni con el otorgamiento del contrato. Pero claro, como dice Ruiz Esparza, “no es la función del Secretario ir viendo piedra por piedra, hay empresas profesionales que hacen eso”.

 

No hay reparación posible del daño por las dos vidas perdidas. La compensación económica a la familia de los fallecidos calificada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes como una retribución “al mal rato que pasó” es un insulto. El otro insulto es a los mexicanos porque una vez más no habrá mayores consecuencias y las cosas seguirán como siempre. El engaño prevalecerá hasta que por un error la verdad aparezca. Y así, todos los días y en todos los ámbitos. 

 

Lo más triste es que, aun cuando la verdad a posteriori se revela en toda su extensión, las mismas prácticas siguen en pie. Los partidos seguirán rebasando los topes de campaña, aunque el INE los cache. Los jueces seguirán repartiendo cargos a sus familiares, aunque una investigación revele la red de influyentismo que reina en el Poder Judicial. Los legisladores seguirán disponiendo de su partida secreta, aunque se demuestre su ilegalidad. Los gobernadores seguirán desviando los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, aunque la ASF alerte año tras año sobre la falta de aplicación de recursos y pagos de capacitación a policías. Y así, podríamos seguir. 

 

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