"Prestidigitadores"

La “Legislatura de la esperanza”, integrada mayoritariamente por jóvenes y mujeres, aprobó la impugnada reforma a la Constitución del Estado, que cede a un grupito selecto de legisladores la fiscalización de las cuentas públicas del Estado y los municipios.

 

Con las reformas a los artículos 37 y 43 de la Constitución, el Congreso abdica de su obligación y su derecho a discutir y a aprobar, o rechazar en su caso, las cuentas públicas.

 

Así como un hábil prestidigitador, que desaparece cualquier objeto a la vista de todo mundo, los legisladores del PRI, del PAS y del Panal desaparecieron de un “manotazo” la exigencia de que el trabajo legislativo se haga de cara a la sociedad, especialmente la discusión de las cuentas públicas.

 

Ya desde el miércoles habían hecho gala de su habilidad para desaparecer todo aquello que pudiera ser un estorbo para sus intereses y los de sus partidos o grupos.

 

A través de la Comisión de Fiscalización, el Congreso optó por el “borrón y cuenta nueva” en todo lo referente a las miles de irregularidades, desvíos de recursos y desfalcos de la administración malovista.

 

No habían pasado ni doce días que la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, había informado sobre la apertura, contra ex miembros del gabinete de López Valdez, de tres expedientes de procedimientos administrativos (por el desaseo en el manejo de aproximadamente 2 mil millones de pesos), cuando al parecer desde el Olimpo sinaloense llegó la orden de torcer la balanza.

 

Y López Valdez y su séquito terminaron exonerados de todo, incluso el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, a quien además del estado de emergencia en que dejó a la institución a su cargo se le evidenciaron malos manejos y complicidades con empresas propias y de sus socios.

 

Una investigación de Noroeste encontró que Echeverría Aispuro otorgó 29 contratos por 87 millones de pesos a empresas que él mismo fundó antes de ocupar el cargo, y a otras que pertenecen a amigos y socios, entre ellos los empresarios Ildefonso Salido Ibarra y Luis Javier Salido Artola.

 

Ante el desastre que se encontró en todas las áreas del aparato estatal, el Congreso ordenó a principios de esta administración una “auditoría especial”, y según los resultados de ese arqueo, dados a conocer hace un par de días, el daño patrimonial que causó Echeverría Aispuro a la institución a su cargo no llega ni a 17 mil pesos.

 

Ahora resulta que Echeverría Aispuro, desde la perspectiva de los órganos fiscalizadores, es un angelito. ¿Y todo lo que denunció en su momento el actual titular de la Secretaría de Salud?

Alfredo Román Messina denunció el 26 de enero que Echeverría Aispuro dejó adeudos por mil millones de pesos.

 

Tres meses después, en reunión con legisladores de la Comisión de Salud, fue aún más explícito: La Secretaría fue saqueada.

 

Dijo que el 31 de diciembre, un día antes de que asumiera el cargo, una empresa proveedora de servicios, al no poder cobrarle un adeudo a la Secretaría, se cobró a lo chino, se llevó todo lo que pudo: medicamentos, anaqueles, computadoras, etc.

 

¿A dónde fueron a parar todos los recursos de que dispuso la Secretaría de Salud? En su quinto informe López Valdez enfatizó que la salud de los sinaloenses era primordial para su Gobierno, y que en su último año seguiría trabajando para ofrecer a los sinaloenses mejores sistemas y servicios de salud.

 

El desastre, evidente, se convierte ahora como por arte de magia en una maravilla de gestión. A como van las cosas van a terminar erigiéndoles un altar a López Valdez y a sus colaboradores.

 

En Sinaloa no hay rendición de cuentas, lo que hay es una rendición de los órganos fiscalizadores y del Congreso a los cuentos de los gobiernos, por eso suena hueco el discurso de Irma Leticia Tirado, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al inaugurar el jueves la reunión de titulares de los órganos de control interno de las legislaturas de los estados.

“La corrupción”, dijo, “significa un alto costo económico para el país, pero hay otro costo todavía más grave: el desprestigio de las instituciones y sus responsables por la corrupción”.

 

“Por la vía de la transparencia se tiene que acabar con la corrupción”, advirtió. Pero lo que estamos viendo es una mayor cerrazón del Congreso y del Estado. No queda duda de que todo es simulación, uno y otro se han especializado en la prestidigitación, todo lo que les estorba lo desaparecen.