"¿Quién mató al teniente Juárez? Elota, impunidad y desgobierno"

A veinte días del secuestro y asesinato del ex teniente coronel Ignacio Juárez Rojas, ex jefe de la Policía del Municipio de Elota, ningún grupo del crimen organizado se ha adjudicado la autoría del atentado que caló hondo en el Ejército y en los mandos de la militarizada seguridad pública de Sinaloa. 

Llama la atención que inclusive el alto mando militar evita pronunciarse al respecto, a pesar de que la víctima sirvió casi tres décadas a las fuerzas armadas de México. Podría ser que posea información clasificada que justifique el silencio, aunque debiera dar señales de que se hizo justicia, o quizá venganza. 

Si la ciudadanía indefensa otea la impunidad en torno al asesinato del militar caerá en la lógica de algo peor le espera a la gente común y corriente; si nota la reparación del daño por medios extrajudiciales entonces acudirá a la delincuencia para pedir que haga lo que la autoridad no hace, como lo plantearon ayer familiares de policías desaparecidos. 

Ese primer viernes de 2018, además de perder a uno de los suyos, el Gobierno cedió el control de una franja importante del territorio estatal, aquella limítrofe entre la beligerancia de la célula delincuencial proscrita y la "propuesta" de pacificación proveniente del mando tradicional del Cártel de Sinaloa, tendiente a enfriar las rutas del trasiego de drogas. 

Impunidad equivale a entregar la plaza y en esa vía van cualquiera de las dos líneas de investigación, una que atribuye la muerte de Juárez Rojas a la posible afectación a operaciones del narcotráfico, y otra que invoca la participación de policías incómodos por la dura disciplina castrense. 

Es poco el tiempo transcurrido desde el "levantón" del titular y el jefe de armas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y ninguna autoridad habla del hecho que significó reto y afrenta a la élite castrense que asume la tarea de proteger a los sinaloenses, relajando la obligación que tienen los civiles en cargos públicos estatales y municipales para imponer el estado de derecho. 

Los sucesos del 5 de enero han quedado disminuidos a una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado y lo más seguro es que la connotación de ese evento de sangre no pase de los archivos criminalísticos, igual que ocurrió con el ataque a militares del 30 de septiembre de 2016 que dejó en la impunidad la muerte de cinco soldados. 

Sin embargo, debería recibir la respuesta firme del Gobierno la privación de la libertad y de la vida de Juárez Rojas pues trae implícita la insinuación del rechazo del hampa a la estrategia del Gobernador Quirino Ordaz Coppel para mantener al Ejército en tareas de vigilancia y construirle bases militares en Sinaloa. 

¿Quién asesinó al jefe de la Policía de Elota? Será difícil saberlo porque el crimen se desliza por rieles de impunidad. Nadie se hace responsable de la muerte de quien fuera integrante de la Sedena y una vez retirado aceptara sumarse a las labores de seguridad pública asignadas a mandos y tropas militares. 

El colofón de esta historia tendría que ser distinto sobre todo si el fracaso de la ley envía la terrible señal a los ciudadanos de que la falta de castigo es como manjar servido en la mesa de los criminales.

Re-verso 

Náufragos en el rojo mar,

Creímos otra vez en vano,

Que venía el barco militar,

A tendernos alguna mano

De incompetencias 

Los mandos de las corporaciones estatales le avientan la bolita a los militares en materia de seguridad pública, los Alcaldes se deslindan de esa responsabilidad y los jefes de la policías municipales como Óscar Guinto Marmolejo le dicen a la población que la violencia de alto impacto "no es área de nuestra competencia". ¿Entonces quién nos cuida?

alexsicairos@hotmail.com