"¿Se rajaron los senadores del PRI?"

Muy envalentonados, los senadores del PRI agendaron en el recinto legislativo que propondrían un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia investiguen los negocios del ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro.

“Proposición con Punto de Acuerdo”, apareció en la gaceta de la Comisión Permanente del 5 de julio, “por el que se exhorta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016, al otorgar 29 contratos por 87.2 millones de pesos en favor de empresas que él fundó y otras que pertenecen a redes empresariales a las que se encuentra vinculado”.

Esto sucedió luego de los tres reportajes publicados el 3, 4 y 5 de julio, en los que Noroeste documentó cómo el ex Secretario de Salud realizó un ejercicio irregular del recursos público para beneficiar a empresas a las que él perteneció y a otras que son propiedad de su socio, Javier Salido Artola.

Entrevistado al respecto, el Senador Aarón Irízar López explicó que la propuesta de punto de acuerdo podría ser votada en la Comisión Permanente el martes o miércoles de la próxima semana.

“Si la Auditoría confirma, en este caso o en casos futuros, que hay desvío de recursos, el gobernante en turno tiene que actuar con la más profunda de las responsabilidades, para que se acate rigurosamente la aplicación del Estado de Derecho, si no, no tiene sentido gobernar”, enfatizó el Senador priista, bien valiente.

Pero algo sucedió, pasó una semana y nada sucedió. El punto de acuerdo seguía guardado.

A la semana siguiente, el 13 de julio, Noroeste volvió a entrevistar a Irízar. Entonces dijo que se tardaría una semana más en llevarlo a votación. Y adelantó que habría “luz verde” a la propuesta para que se investigue la corrupción en el sector Salud de Sinaloa. Y sin contratiempo.

Pues no. Mañana se cumple un mes de que se anunció la propuesta de ese punto de acuerdo y, hasta la fecha, sigue en el cajón.

Para este Centinela sólo significa una cosa: congelaron el exhorto del Senado contra Echeverría.

La maquinaria que protege a los políticos y permite cualquier acto de corrupción continúa funcionado sin contratiempos.

¡Autorrobo... Ups!

Pues la nueva es que desde la Fiscalía General del Estado ya preparan una iniciativa para castigar el llamado autorrobo y nos cuentan que esta tiene dedicatoria.

Resulta que de los 4 mil 280 casos registrados por la Fiscalía, se tiene detectado que al menos 800 fueron posibles autorrobos, pero lo interesante es que entre quienes hacen esas denuncias ¡también hay funcionarios públicos!

Si bien, nos dicen, no son todos y estos apenas son unos cuantos, existen casos en los que han llegado hasta con la tarjeta de fulano o sutano secretario, incluso, hasta la del Gobernador, para que les levanten, de favor, la carpeta de investigación.

Y es fácil saber por qué piden ese documento, pues hay de dos: no ser castigados administrativa, penal o socialmente o para tratar de cobrar pólizas de seguro.

También nos dicen que hay otros casos que llegan diciendo que son familiares, amigos, vecinos o conocidos de tal o cual delincuente, utilizando, curiosamente, las mismas mañas de los funcionarios públicos.

Aquí la pregunta sería es: ¿quién aprendió de quién?

No es el peso, 
es el servicio

No es en sí solo el aumento de un peso al transporte urbano por lo que la sociedad está molesta, es el aumento del costo cotidiano por un servicio que está lejos de ser el mejor.

Es subirse a un camión con los asientos cayéndose o con una música estridente que ni siquiera te permite un viaje tranquilo y relajado.

Es ver que el camión parece antro barato. Es ver en la mayoría de los choferes a trabajadores irresponsables.

Y es que no es sólo la infraestructura del transporte urbano, es la actitud de sus trabajadores, choferes que no te devuelven esos 50 centavos que en ocasiones son impedimento para subir a al camión.

Es que algunas mujeres se sienten acosadas en un transporte urbano que no ofrece ninguna seguridad.

Son muchas las razones por las cuales la gente está enojada por este aumento en el pasaje, pero no es el peso, es el servicio.

Y para solucionar eso no se necesita dinero, se necesita que se sea responsable, muchas personas no pegarían el grito en el cielo si el servicio y el trato fuera de calidad, no subirse a un camión y que el chofer se vaya matando que porque está “tronado”.

Repetimos, no señores, no es el peso.