Durante más de tres décadas, todos los partidos han peleado exitosamente por limitar los poderes del Presidente. Las facultades del Congreso y de la Suprema Corte se han ampliado, el poder de los gobernadores ha aumentado, la capacidad de fiscalización lo ha restringido y los órganos autónomos han atraído decenas de áreas de competencia que antes controlaba.
El afán de limitar al Ejecutivo choca con el discurso de los hoy candidatos presidenciales. El hiperpresidencialismo superado en la práctica subsiste en el hiperpresidencialismo discursivo y, me temo, en las intenciones de los candidatos. Plantean que el destino del País está en sus manos, que los muchos problemas que aquejan a México pueden ser resueltos a voluntad, que ellos tienen la solución y que lo único que falta es que les den la oportunidad.
Los electores, descreídos como están de las instituciones, comparten cada vez más esa misma visión caudillista: el futuro de su país y de su bienestar pasa por elegir a la persona “correcta”; no por las instituciones y procesos sino por la voluntad de quien llegue. Por “la solución arbitraria, confiada a una gran personalidad” (Gramsci).
En el hiperpresidencialismo discursivo hay grandes matices y López Obrador se lleva las palmas. Su participación en la Convención de la ABM fue más que reveladora. El discurso inicial no ofreció prácticamente ninguna novedad. No se puede sino coincidir con él: acabar con la corrupción y los privilegios, mantener el equilibrio macroeconómico, bajar el gasto corriente y aumentar el gasto en infraestructura, fomentar la convergencia entre inversión pública y privada, ampliar los servicios bancarios, abatir la pobreza, la justicia como base de la paz y la tranquilidad.
Mucho más importante fueron las respuestas a las muy atinadas preguntas que planteó Leonardo Curzio y que lo revelan de cuerpo entero: todo depende de que el Presidente así lo quiera. Si quería generar certeza entre los banqueros, logró lo contrario. Salvo, quizá, porque no habló de quitar privilegio alguno a la Banca.
Pareciera que no habrá Congreso plural que se le oponga, ni Poder Judicial que invalide sus acciones, ni Auditoría encargada de vigilar los contratos, ni gobernadores que se rehúsen a instrumentar sus políticas a nivel local, ni órganos de autonomía constitucional, ni sociedad activa (fuera de la clientelar) a la cual considerar. Y pareciera también que hay instituciones y burocracias fuertes capaces de operar en automático las órdenes del Presidente.
Dice: “No vamos a iniciar el gobierno con reformas. Con el actual marco jurídico basta”. Otra vez coincido. Hay mucho que se puede hacer y no se hace con el marco jurídico que tenemos. Pero de inmediato nos informa que su proyecto de seguridad contempla crear la Secretaría de Seguridad Pública, unir a todas las corporaciones policiacas del país y organizar a toda la fuerza pública (ejército, marina y policías) en una Guardia Nacional que dependería directamente de él. ¿Pensará que esto puede hacerse por decreto; que el Congreso no tiene que aprobar estas medidas? O será que piensa, como algún día escuché a un colaborador suyo: “no vamos a ser rehenes del Congreso”.
Lo mismo pasa con la corrupción. Otra vez el personalismo, el voluntarismo y la pobreza de la concepción de un fenómeno probadamente complejo y sistémico. La corrupción se acabará porque “tiene que ver con el proceder del Presidente” y “si éste no es corrupto tampoco lo serán los gobernadores y los presidentes municipales”. ¿Ya se le olvidó que él no robó durante su jefatura de gobierno pero su Secretario de Finanzas sí lo hizo?
A otra pregunta sobre cómo hacer compatible la certeza jurídica con la cancelación del aeropuerto, la respuesta es simplona. Lo haré convenciendo. Y, ¿si no convence? ¿Pensará que no hay tribunales en México para hacer valer los contratos? Lo mismo respecto a las inversiones producto de la reforma energética: “no vamos a infringir los acuerdos”. Pero añade, “contratos que estén bien hechos adelante; todo lo que sea bueno para la Nación se va a palomear; lo que no sea bueno va para atrás”. Suena patriótico pero, ¿quién palomea? ¿Él?
Y la cereza del pastel. Curzio hizo una pregunta central. ¿“Está maduro el País para cualquier resultado electoral adverso o favorable a ti; para que sea aceptable tu derrota para ti o tu triunfo para los otros?”. Obvio no. Como al resto de las instituciones, ya descalificó al árbitro. Lo que dijo denota nuevamente la confianza en su poder absoluto: “si se atreven a hacer un fraude también me voy a Palenque y a ver quién amarra al tigre; el que suelte al tigre que lo amarre; yo ya no voy a estar deteniendo a la gente después de un fraude electoral”. Es él y no el árbitro quien decide si hubo fraude; la gente está a su merced; México le debe haber detenido una revuelta por los fraudes que él decretó en 2006 y 2012 y; advierte, esta vez no contaremos con su ayuda.
Las ideas de que en una democracia plural las decisiones políticas se negocian, de que existen contrapesos a la voluntad presidencial y de que los electores tienen voluntad propia le son simplemente ajenas. Vaya soberbia.
amparocasar@gmail.com
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
