Jesús Héctor Muñoz Escobar
La elección de Fiscal Anticorrupción vuelve a ser motivo de controversia. Al darse la renuncia del Comité Ciudadano de Acompañamiento para la elección del Fiscal Anticorrupción, los senadores del PAN Marcela Torres Peimbert, Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo culparon al PRI y PVEM, así como a Pablo Escudero, presidente del Senado, de frenar el proceso para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esto hizo que el senador priista Miguel Romo saliera al paso para decir que el PRI está en plena disposición de concluir este proceso para no incumplir un mandato constitucional que establece que el 19 de julio debe estar listo el Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero, otra vez el PAN a través de su coordinador en el Senado, Fernando Herrera dice que ha faltado compromiso del PRI-Gobierno para dar ese paso y aunque admite que el nombramiento es necesario, para él lo más importante es dotar a esta figura de atribuciones, facultades y autonomía, para que su actuación no sea una simulación.
Ahora hay un emplazamiento más del senador Emilio Gamboa para que la Junta de Coordinación Política convoque a los coordinadores parlamentarios y se pongan de acuerdo para un periodo extraordinario, a ver si ahora sí; porque, todo indica que el Fiscal Anticorrupción se volvió moneda de cambio para los panistas en la Cámara alta.
Ahí tenemos al ex gobernador Javier Duarte que regresó a México, después de ser aprehendido en Guatemala que aceptó la extradición para defenderse de los delitos que lo acusan, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El senador Miguel Barbosa dice que lo trajeron a México para que encabece la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, pero realmente es atribuirle cualidades que no se le conocen, porque apenas tendrá tiempo para defenderse de Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, que emprendió una verdadera guerra contra su antecesor.
Por lo pronto Duarte de Ochoa ya está en el Reclusorio Norte y una vez que concluya el término constitucional por los delitos federales, será presentado ante un juez local de Veracruz, donde se le acusa por delitos del fuero común, como informó Pablo Campuzano de la Mora, abogado del exmandatario.
A propósito, el senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión Anticorrupción denunció que en Veracruz el Congreso Local se ha convertido en una extensión del Poder Ejecutivo, lo que da lugar a que se privilegien los intereses políticos del gobernador sobre compromisos de carácter institucional.
Un ejemplo es la dilación en la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, el nombramiento del responsable de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, temas del mayor interés para los veracruzanos.
Tan sólo la semana pasada, la Comisión de Hacienda del Estado solicitó al Ejecutivo Estatal que informe sobre el manejo del presupuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, así como las razones de su incumplimiento de ajustar el gasto público y la respuesta fue la remoción del presidente de dicha Comisión.
Y así como vemos actos de corrupción de gobernantes, no se puede dejar pasar el dato que dio el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño en el sentido que se detectó 44 mil 76 plazas irregulares en la SEP en todo el país.
Realizaron una auditoría a la nómina magisterial que permitió contabilizar esas plazas, que cobraban supuestos maestros, pero sin trabajar. Cualquiera puede decir que no es lo mismo lo que se llevan los gobernantes, sin embargo es parte de ese vicio de aprovechar el momento para sacar ventaja, bajo el cobijo de la impunidad.
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