"Yo no puse las reglas"

david@bufetealvarez.com

 

 

No se puede negar que Mazatlán vive un boom inmobiliario y que bueno, porque esas inversiones traen dinero al bolsillo de las familias mazatlecas. 

Como en todas partes, no se puede construir lo que uno quiera, donde quiera y como quiera y precisamente para “ordenar” el desarrollo urbano, existen varios instrumentos legales.

Los más importantes son el Plan Director de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción Municipal. En ellos se señala con claridad que tipo de construcciones se pueden levantar en un terreno (casas, comercios o industria), cuántos pisos pueden tener, si solo se pueden construir casas o también departamentos o locales comerciales, cuál es el número máximo permitido de habitantes y de casas por hectárea, cuántos cajones de estacionamiento se deben tener, entre otras cosas.

En Mazatlán, la oficina encargada de revisar que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción se cumplan es la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, que depende del Gobierno Municipal. 

La importancia del Plan Director y del Reglamento de Construcción no es insignificante ya que, ambas herramientas buscan que el desarrollo urbano sea ordenado para no encontrarnos de repente, con que a un lado de la casa de sus sueños le van a construir un Table Dance, o con que de repente se queda sin agua potable, sin energía eléctrica o con embotellamientos impresionantes, porque los servicios urbanos correspondientes ya no son suficientes. 

Nosotros no pusimos las reglas contenidas en el Plan y en el Reglamento, pero lo que sí estamos haciendo es vigilar que se cumplan y, adivinen qué, pues resulta que hemos descubierto que en un gran número de casos los permisos de construcción no se debieron expedir, o se debieron expedir bajo condiciones muy diferentes a las otorgadas.

No estamos contra el desarrollo urbano ni contra las inversiones inmobiliarias. Que no le vengan con cuentos chinos y chismes alentados por los que tienen miedo de que sus corruptelas (del lado del Municipio y del lado de los inversionistas), queden descubiertas y, para muestra, basta decirles que en los amparos que hemos presentado ni siquiera estamos pidiendo que se suspenda la construcción de los desarrollos inmobiliarios, porque la culpa no es de los inversionistas, sino del Ayuntamiento que les entrega permisos irregulares.

En los amparos se busca que el Ayuntamiento responda por los permisos ilegales que ha entregado ¿Cómo? Eso le corresponderá decidirlo a los jueces que conocen de los amparos, pero lo que sí le puedo adelantar es que, si esos amparos se ganan, el paso siguiente será denunciar a los servidores públicos que otorgaron los permisos ilegales para que los inhabiliten, los multen, los obliguen a reparar los daños económicos causados al Ayuntamiento y a los inversionistas y, en su caso, los metan a la cárcel. 

No está bien que, aprovechando que nadie hace nada, se otorguen permisos de construcción como si fueran palomitas de maíz, se ponga en riesgo a los inversionistas y en unos cuántos años, tengamos un desastre de ciudad.

Cuando eso pase, cuando tengamos un desastre de ciudad, ya veremos si quienes nos critican, se atreven a alzar la mano y reconocer que teníamos razón. Mientras tanto, síganle señores, pero aténganse a las consecuencias legales de sus actos y luego no anden llorando porque los obligan a cumplir la ley. 

Y, por cierto, si se pregunta qué le pedimos a un inversionista a quien le entregaron un permiso de construcción irregular, para retirar los amparos presentados, la respuesta es sencilla: que demuestren que sus proyectos respetan el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción y, sin cobrarles un solo centavo, corremos a desistirnos del amparo. 

Si exigir que se cumpla la ley es extorsión, entonces, si somos extorsionadores, junto con los tribunales que nos den la razón y junto con todos los ciudadanos que sí están interesados en que las leyes se respeten.