"'Amparo popular o que la ASF revise gastos'"

Luego de la ruidosa jornada en el Congreso del Estado, y la aprobación de modificar artículos de los artículos 37 y 43, que permite analizar y discutir las cuentas públicas sin la aprobación del total de legisladorse en el pleno, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, opinó que lo que queda es que la Auditoría Superior de la Federación haga su parte y que se promueva una iniciativa ciudadana para lograr un amparo.

Bohórquez señaló que lo correcto sería que integrantes del propio Congreso promoviera un amparo para revisar la constitucionalidad de la decisión, sin embargo, también aclara que lo mejor es que desde el 19 de julio, la ASF tiene la facultad de revisa en tiempo real el gasto federalizado, lo que significa el 80 por ciento de los recursos de las entidades federativas, en caso de requerirse.

"Creo que lo correcto es que el propio estado (el Congreso) reconsidere su decisión, por vía de amparo, se revise la constitucionalidad de la decisión", dijo, "o incluso, yo pediría que las organizaciones civiles del estado que promuevan una iniciativa popular en el sentido de fortalecer al Congreso como un órgano de fiscalización y a la Auditoría Superior del Estado, hay mecanismos jurídicos", dijo.

"Lo que también creo que hay es que cuando hay un Poder que desiste de su facultad y su atribución, pues, digamos el gasto público no sólo es de los sinaloenses, son recursos fiscales de todos los mexicanos, que se trasladan a Sinaloa para cumplir con políticas de desarrollo, una de las vías es la vía de amparo, la posibilidad de una iniciativa ciudadana o popular, pero también hay una obligación consitucional de la Federación de revisar que el gasto público se dé bien en todo el país, entonces también hay que considerar esta psibilidad".

Bohórquez añadió que a través de los medios ha podido entender que esta reacción de los diputados tiene que ver con la decisión previa del propio Congreso de no aprobar la cuenta pública del ex Gobernador Mario López Valdez.

"Y que en realidad, pues lo que se busca es evitar que sea un cuerpo plural, como el pleno, el que tome la decisión de si se aprueba o no", dijo, "creo que en ese sentido, renunciar a lo que hace que el Congreso sea un órgano que no sólo legisla, sino que vigila y controla el gasto público, es renunciar a una prerrogativa en muchos sentidos y la verdad es que es dejar de lado la obligación de ser un contrapeso para los gobernadores y a los ejecutivos estatales".

Advirtió que este comportamiento, detectado por la Federación, ha obligado al Congreso federal a dar facultades adicionales a la Auditoría Superior de la Feeración para intervenir.

"En lugar de que los congresos locales y las auditorías estatales se fortalezcan, aseguren su independencia y sean capaces de ser un contrapeso, en muchas ocasiones han estado en completa coordinación, por decir lo menos, con el Ejecutivo estatal", dijo.