"Apuesta riesgosa"

"La Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó un incremento del salario mínimo que no alcanzará ni para equipararse a la inflación que está por venir"
06/11/2015

    En los inicios de este 2008 el Gobierno de la República se encuentra en una apuesta de altísimo riesgo social debido a varios factores que serán una prueba de fuego para su capacidad de gobernar, la cual francamente hasta ahora no ha demostrado y que recientemente se ejemplifica con las decisiones tomadas en materia de precios y salarios.
    Hace unos meses, ante la presión popular, el Presidente congeló el aumento de precios de las gasolinas y suspendió el incremento mensual en el precio del gas y las tarifas de luz, posponiéndolos para este primero de enero. Aunque esto hubiera sido lo único a lo que se enfrentaba, ya era un problema mayor. Pero no quiso tomar en consideración que también el primer día de 2008 ha entrado en vigor el arancel cero para varios productos del campo, lo que sin duda ha causado malestar entre la población campesina, amenazando con realizar varias acciones para rechazarlo.
    A partir de este mes también tendremos varios productos chinos sin impuesto, como el caso más notorio del calzado. Adicionalmente, el nuevo impuesto conocido como IETU también ha provocado protestas de la patronal y, para colmo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó un incremento del salario mínimo que no alcanzará ni para equipararse a la inflación que está por venir.
    Son varios los problemas que enfrenta la actual administración y los está tratando desorganizadamente con un gabinete incapaz. Como ejemplo tenemos el acuerdo, o pacto, negociado por la secretaría de Economía con las principales cadenas de autoservicio para reducir los precios de 300 artículos -que por cierto, aunque lo nieguen, es una copia exacta de los pactos de la época del presidente De la Madrid-, que beneficiará durante tres meses a los consumidores de clase media y alta, que son los que asisten a ese tipo de comercios y, por tanto, quienes mejor pueden enfrentar esos aumentos. Para el resto de comercios no se ha informado cual será la propuesta gubernamental y que quienes compran en ellas no sólo puedan recibir un descuento, sino evitar que les aumenten exageradamente los precios, bajo el argumento del gasolinazo, como ya se le conoce popularmente.
    Existe otro problema que sin duda deben conocer muy bien los expertos de las secretarías de Economía y de Trabajo, y es que el costo de la canasta básica de alimentos aumenta cada año más que la inflación y, con lo que se acerca, 2008 será otro año más en que ocurra lo mismo. Los hogares más pobres, que de por sí ya no tienen capacidad para redistribuir su gasto, se verán obligados a reducir su consumo de los productos básicos, ante el magro aumento de salarios que ha otorgado la comisión mencionada.
    Por cierto, en este punto hay responsabilidad de los sindicatos obreros al aceptar este insultante aumento de salarios que, aunque se argumente que son pocos quienes lo reciben, es un parámetro para el resto de salarios. Ya desde hace tres años se viene demostrando que la inflación supera los incrementos salariales, lo cual echa por tierra la afirmación de que dicho salario se fija con base en las necesidades de la población, como indica la Organización Internacional del Trabajo, más allá del índice de inflación esperada.
    La realidad indica que en los últimos años han decrecido los salarios reales, dada la formula impuesta para fijarlos, y hasta la fecha no ha habido alguna reconsideración por parte del gobierno que indique que sus cálculos han sido erróneos y que el control de la economía se les esta yendo de las manos fácilmente. Este año será otro más en el que la inflación esperada rebasará el optimismo de las autoridades, pero ahora desde los primeros meses.
    Se está jugando con fuego en el tema de la alimentación de la gente, tomando en cuenta la situación de más de la mitad de la población. Son más de 50 millones de personas que, a pesar de los programas sociales que aplica el gobierno, no logran satisfacer sus necesidades mínimas, debido a que la canasta básica aumenta de precio mucho más que el resto de los artículos, sin que el gobierno meta las manos, bajo el pueril argumento de que es el mercado quien los regula, lo cual en países como el nuestro es una falacia debido a la alta concentración presente en la producción y distribución de decenas de artículos de consumo.
    Aunado al incremento en la canasta básica, ahora se tendrá que sufrir el incremento en el transporte público, como resultado del alza en los precios de las gasolinas. Los más pobres dedicaban cerca del 13% de su ingreso al transporte, mientras que los más ricos le destinan el 5%. Esta terrible disparidad es la que hará que, sin el menor asomo de duda, la pobreza crezca durante 2008 en nuestro país.
    Los patrones argumentarán que no podrán crear más empleos debido a los nuevos impuestos y a los aumentos de los energéticos, con lo cual el famoso título de “el presidente del empleo” es mentira por segundo año. Claro que ya estamos acostumbrados a las mentiras de los gobiernos panistas.
    El gobierno debe entender que para llamarse así debe demostrar que lo es y ahora tiene una excelente oportunidad para hacerlo. Tiene los instrumentos económicos necesarios para, por un lado, controlar los precios de los artículos clave de la canasta básica. Ya en otras ocasiones similares, en el pasado, se ha utilizado dicho control para garantizar que no sean afectados no sólo los consumidores de las ciudades, sino específicamente quienes compran en las poblaciones más pequeñas, que es donde radica el verdadero problema de la libertad de precios y el mercado.
    Por otro lado, debe sentar a la mesa a los patrones para que se comprometan a reducir sus ganancias. Sólo eso se les pide, pues de lo contrario estamos frente a una posibilidad de caos social, iniciándose con peticiones de los trabajadores por justificados aumentos de emergencia y de ahí faltaría poco para pasar a una espiral inflacionaria con huelgas por todos lados.
    No se puede pretender que sean los obreros y campesinos los que paguen la incapacidad gubernamental. Por eso es que decimos que este gobierno tiene una oportunidad de oro de demostrar que lo es verdaderamente.

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