"Denuncia el PAN virus; ONGs exigen sanciones"

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El Partido Acción Nacional denunció que también a los celulares de sus dirigentes se enviaron mensajes gancho para inyectar el virus Pegasus que, según una investigación, permite al Gobierno federal mexicano espiar a personajes incómodos: abogados, periodistas, activistas y, ahora se sabe, líderes de oposición.

El presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, informó que el equipo informático del Comité Ejecutivo Nacional revisó los teléfonos inteligentes de funcionarios del PAN y confirmó la existencia de mensajes cuyas ligas están vinculadas a la descarga del software espía “Pegasus”, que también trató de infectar los equipos de diversos periodistas y activistas mexicanos.

“Iremos hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. El Código Penal Federal establece penas que van de los seis a los 12 años de prisión. Y no nos referimos solo a los autores materiales, nos referimos a los funcionarios del más alto nivel que ordenaron la compra y uso ilegal de estos equipos y programas”, dijo Anaya.

Advirtió que esto no va a terminar sino hasta que haya consecuencias graves para quienes cometen este delito, porque violar una comunicación privada sin la orden de un Juez Federal y sólo en casos específicos que ponen en riesgo la seguridad nacional representa un delito grave.

“Queremos a los responsables del más alto nivel, no a sus operadores. Reitero. Iremos hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Hoy mismo, más de 100 organizaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Red por los derechos de la infancia en México (Redim), exigieron al Gobierno de México una investigación inmediata del espionaje político en contra de periodistas, activistas y un adolescente hijo de Carmen Aristegui.

El lunes, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo titulado “Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias”, en el que señaló que periodistas y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado “Pegasus”.

A través de un comunicado firmado por organizaciones y colectivo defensores de los derechos humanos, se solicitó al Gobierno mexicano la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, “mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”.

“Exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”, expusieron.

Sobre el mismo tema, la Redim expresó su preocupación ante la violación a la privacidad en contra de un adolescente de 16 años, debido a la labor periodísticas de su madre, Carmen Aristegui.

“El intento de instalación del software espía en el teléfono del adolescente viola el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que señala que: ‘no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia’”, refirió la organización.

En un comunicado señaló al Gobierno de haber cruzado la frontera ética en términos de la legalidad, pero sobre todo por violar el Interés Superior de la Niñez establecido en el artículo cuatro Constitucional.

“Es totalmente inaceptable que la persecución política de periodistas o defensores de derechos humanos alcance a sus hijas e hijos”, precisó.

Exigió al Presidente Enrique Peña Nieto deslindarse de los hechos no solo con palabras, sino con iniciativa explícita de no tolerar que se use en contra de la ciudadanía los recursos de Estado.

Entre enero de 2015 y julio de 2016, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas fueron espiados a través del malware de nombre “Pegasus”, que sólo es vendido a gobiernos y que en teoría únicamente debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

La investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, destacó que al menos tres instancias del Gobierno federal han adquirido este programa espía: Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló hoy que recibió un escrito de queja por parte de los afectados, por lo que solicitó a la PGR, y a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina implementar medidas cautelares al respecto.

“Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño”, la Comisión pidió a las dependencias que, en el caso de poseer el programa “Pegasus” u otro similar, se abstengan de emplearlo contra periodistas y activistas si no tienen una orden judicial.

Y en caso de haber recopilado información mediante este tipo de programas solicitó que “se abstengan de utilizarla y difundirla” antes de que su legalidad sea valorada por las instancias correspondientes.