"Desde la calle: Celebración de las estrategias fallidas"

¿Por qué seguimos celebrando las mismas estrategias fallidas que no logran contener la violencia?

Para iniciar febrero tuvimos como buena noticia que en Sinaloa los homicidios habían disminuido con respecto a los últimos meses y en relación a enero del año pasado. Algunas voces se apresuraron a celebrar e incluso a conjeturar que los números eran resultado de las estrategias de seguridad que se están implementado en el estado.

Lo cierto es que, celebrar que enero tuvo un número menor de homicidios es como festejar que los Tomateros ganaron el último encuentro en la Serie del Caribe cuando estaban ya eliminados. Sinaloa se ha mantenido en las últimas décadas con tasas de homicidio mayores a la media nacional; entre el 2007 y 2017 se presentó en promedio una tasa anual de 51 homicidios por cien mil habitantes. La tasa en el 2017, con 52 hechos, fue superior a la nacional que en ese mismo año alcanzó el record histórico de 18.7 asesinatos y marcó el año como el más violento. Con 1,561 asesinatos en el último año, y 90 en el último mes, no hay victoria de la cual podamos sentirnos orgullosos.

Activistas, académicos, y analistas lo hemos declarado hasta el cansancio basándonos en los resultados: Las estrategias de seguridad no están funcionado. Las medidas que se emplean en las ciudades y localidades en Sinaloa, en coordinación con las políticas federales, apuestan gran parte de sus esfuerzos a la “mano dura” y destinan muy poco en entender y atender las causas de la violencia. Tratamos de atrapar hormigas sin buscar el hormiguero.

Las medidas en el puerto de Mazatlán, como ejemplo

Cuando se acerca el Carnaval de Mazatlán las secretarías de seguridad, estatal y municipal, anuncian con mucho ruido los preparativos para prevenir la violencia en el puerto y proteger a los visitantes. El año pasado fue noticia nacional la creatividad en sus estrategias, puesto que delimitaron con una línea azul en las calles un perímetro que consideraron "seguro" para que los turistas pudieran diferenciar entre las dos ciudades: el Mazatlán transitable y el Mazatlán de los violentos, como si esto existiera.

Este año, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que llevaría a cabo un operativo con la participación de más de 2 mil agentes, con policías estatales y militares, equipados con la mejor tecnología de cámaras y drones. Además, semanas antes de que iniciara la fiesta, se implementaron acciones para "barrer" 11 colonias que la policía considera conflictivas. La dependencia anunció como logro la detención de 99 personas que tenían residuos o artefactos para consumir drogas. Con esto, se suponía, se inhibiría la comisión de delitos durante la celebración.

Mazatlán optó por medidas de Tolerancia Cero para limpiar las colonias pobres y encarcelar a los consumidores de drogas, como las que implementaron muchas ciudades en el mundo en los 90s y en el 2000 con terribles resultados, puesto que sólo lograron una mayor estigmatización de los grupos desfavorecidos e incremento de la segregación.

La transformación de nuestras policías locales para que realmente sean de proximidad e inspiren confianza en los ciudadanos, la atención a grupos vulnerables como los jóvenes en las periferias, la intervención social y económica en los barrios ya identificados, y la creación de observatorios para conocer los aspectos específicos de la violencia, entre otras acciones conocidas que han derivado de experiencias nacionales e internacionales exitosas, siguen siendo ignoradas por las autoridades a pesar de que abunda la información en estos temas. ¿Por qué?

Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no se ve de manera inmediata en las urnas (y no se ve en sus bolsillos)

Al parecer, existen dos conjuntos de razones por las cuales las autoridades y quienes toman decisiones sobre las medidas de seguridad locales dan círculos en las mismas estrategias fallidas; ambas responden a intereses de particulares más que a la falta de información. El primero, tiene que ver con condicionantes impuestos desde la federación a través de las normatividades, las reglas de operación de los recursos que se asignan, pero también de acuerdos entre los grupos de poder. Como ejemplo, en las últimas semanas Noroeste documentó ampliamente los contratos sin licitación que sostienen los estados con la empresa Seguritech.

El segundo conjunto de razones, responde también a los intereses particulares que se obtienen con los triunfos electorales. El despliegue de fuerzas de guerra por las calles causa impacto en la percepción de los votantes, no así la implementación de medidas como la creación de observatorios para evaluar las causas del problema. El trabajo social en las comunidades, por ejemplo, implica inversiones cuyos resultados se ven a mediano y largo plazo; es decir, rebasan los periodos de gestión de los gobiernos y no tienen el mismo impacto sobre todo en las elecciones locales.

En resumen, las medidas de reacción a la violencia, antes que las de prevención, son más populares y permiten ciertas "victorias rápidas" que pueden verse reflejadas en las urnas y en los bolsillos de unos cuantos, pero la experiencia nos ha mostrado que, aunque son necesarias, son sólo una parte de las soluciones en el complejo problema que enfrentamos.

Ante este panorama la sociedad organizada no podemos celebrar, sino seguir exigiendo y apostando por el cambio en las estrategias. Tenemos medios, como las urnas y otros que nos permiten ser constantes en la expresión.