"El túnel de corrupción de Javier Duarte"

Ana Lilia Pérez

@analilia_perezm

Miguel Ángel Yunes decidió colgarse la medalla tras la captura de su antecesor en el gobierno de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. No tuvo empacho en sostener que dedicó 13 años de su vida a documentar lo que él mismo calificó como “el atraco a las arcas públicas” del estado. Pero Yunes debió morderse la lengua: entre los fraudes cometidos por el ex Gobernador se encuentran las huellas de panistas del más alto nivel.

El caso que los une es el del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una vialidad de 2280 metros de largo por 10.5 de ancho que pretendía unir por debajo del río la zona urbana con la Congregación Allende. La obra, inconclusa después de 13 años, es el primer caso de corrupción que involucra a la familia de Duarte y a panistas que formaron parte de los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El proyecto, diseñado por Grupo Básico Mexicano, se promovió como el único en su tipo de América Latina. Lo arrancó el entonces gobernador Miguel Alemán y debió entrar en funciones en 2007. En cambio, siguió en “construcción” durante las administraciones futuras de Fidel Herrera y Javier Duarte, sin que nunca dejaran de inyectársele recursos públicos.

En origen, la construcción se llevaría 32 meses y costaría mil 200 millones de pesos. Al presente se le han invertido 5 mil millones y 156 meses de trabajo. Una obra manoseada y con muchos intereses detrás.

Fraude a Pemex en el origen 

La historia se remonta a los primeros años del gobierno de Vicente Fox, cuando el también panista José César Nava Vázquez, yerno de Emilio Baños, el promotor del Túnel Sumergido, fue designado abogado general de Pemex.

El proyecto del túnel se tuvo en 2001 y se le presentó al ayuntamiento de Coatzacoalcos, entonces a cargo del priista Marcelo Montiel Montiel (a quien en 2010 Javier Duarte nombraría como Secretario de Desarrollo Social y de Medio Ambiente, cargo que desempeñaría hasta 2013, cuando la Secretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, lo eligió como su delegado en Veracruz).

Aquel 2001, Montiel quería de inmediato la ejecución del proyecto, pero se requería de millones de pesos para su construcción.

En abril de 2002, en una sesión extraordinaria de Cabildo, Montiel anunció que demandaría a Pemex el pago de impuestos acumulados desde el año 1997 por el traslado de dominio de las petroquímicas, que en aquel 1997 habían cambiado su razón social a S. A. de C. V., aunque seguía como propiedad de Pemex.

Decía el entonces Alcalde que Pemex le debía al Ayuntamiento 713 millones de pesos. Sin embargo, el pago era improcedente porque en el proceso de desincorporación de las petroquímicas la petrolera no era sujeto de tales impuestos, dada su naturaleza paraestatal y de patrimonio nacional.

Aun cuando el argumento de demanda era improcedente, Montiel decidió que Pemex debía pagar esos millones, y para tal efecto contrató al recién creado despacho de un chiapaneco amigo suyo: Antonio Macías Yazegey, con su firma Asociados y Abogados Internacionales.

Macías Yazegey, su amigo Tony, acababa de abrir el despacho en la Colonia Viaducto Piedad, de la Ciudad de México, con una oficina en Coatzacoalcos. Tony Macías a su vez era cercano al también priista Fidel Herrera Beltrán, con quien trabajaba su yerno, Javier Duarte de Ochoa, esposo de su hija Karime.

Así, Antonio Macías Yazegey, suegro del ex Gobernador a quien la Auditoría Superior de la Federación atribuye un desfalco de 35 mil millones de pesos, fue contratado como abogado del Ayuntamiento de Coatzacoalcos en su demanda contra Pemex.

En la defensa de Pemex, por órdenes del jefe de la Oficina del Abogado General, César Nava Vázquez, participaron Juan Agustín López Huesca, de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica; Rogelio Martínez y Ernesto Ordaz, de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque.

Martínez y Ordaz litigaban también en un despacho privado: Orbe Servicios Legales Internacionales, que básicamente llevaba demandas contra Pemex. Es decir, por las mañanas defendían a Pemex y por las tardes demandaban. Pero, además, Orbe estaba ubicado en el mismo domicilio de Asociados y Abogados Internacionales en Coatzacoalcos, e incluso compartían papelería y hasta teléfonos. Es decir, la oficina donde se elaboró la demanda contra Pemex y su defensa fue la misma.

La defensa se limitó a presentar en juzgados un recurso de revocación sin firma, por lo que fue invalidado. Una vez que los abogados de Pemex deliberadamente dejaron la demanda sin respuesta, Antonio Macías solicitó a nombre del Ayuntamiento de Coatzacoalcos que las autoridades judiciales embargaran las instalaciones de Pemex Petroquímica por 900 millones de pesos de pesos, para garantizar el monto de la demanda, así como multas, recargos y gastos de administración. El embargo fue autorizado por un juez que a su vez era cuñado de Rogelio Martínez.

A los abogados al mando de Nava se les notificó que debían designar los bienes de Pemex que podían ser embargados, pero estos no respondieron, por lo que se declaró a Pemex en “rebeldía” judicial.

Con todas las ventajas de su parte, los demandantes pidieron que se embargaran las cuentas bancarias y los bienes de las petroquímicas. Entre el 20 de abril y el 2 de mayo se embargaron las cuentas bancarias y bienes de las petroquímicas Pajaritos, Morelos y Cosoleacaque.

Las estimaciones que en ese momento se hicieron de pérdidas de Pemex por tales embargos fue de unos 300 millones de pesos semanales, lo que impactó gravemente las finanzas de las petroquímicas.

Cuando se embargaron las cuentas de Pemex y sus plantas, el Alcalde Montiel públicamente dijo que la medida la había tomado con base en la convocatoria del Presidente Vicente Fox, para que los gobiernos de los estados y municipios ejercieran su capacidad tributaria, y exhortó a que los demás ayuntamientos donde había instalaciones de la petrolera demandaran también a Pemex.

Luego el Alcalde dijo que el dinero que pagara Pemex serviría para la construcción del túnel.

En tanto, entre el grupo de abogados hubo disputas internas que llevaron a que, el 12 de junio de 2002, Rogelio Martínez enviara al Presidente Fox una carta donde le alerta que, “de forma ilegal”, Pemex estaría a punto de perder alrededor de 900 millones de pesos como resultado de un juicio simulado. La coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Laura Carrera Lugo, le respondió que remitiría su queja al área correspondiente. Pero no tuvo respuesta.

El 18 de junio de 2002, César Nava, jefe de Martínez y el resto de abogados, les ordenó, en síntesis, pagar.

Al respecto uno de los abogados más cercanos a Nava confirmó a la reportera que la consigna era no litigar la defensa del caso, sino simplemente pagar.

Petroquímica Morelos pagó 142 millones 687 mil 153.66 pesos; Petroquímica Cangrejera, 60 millones 529 mil 422 pesos; Petroquímica Pajaritos, 18 millones 128 mil 219 pesos, y Petroquímica Cosoleacaque, 17 millones 989 mil 779.80 pesos.

Al Ayuntamiento administrado por Montiel, Pemex le pagó 239 millones 757 mil 46 pesos, más 2 millones para el interventor de los bienes embargados.

Por su trabajo, que consistió en dos notificaciones a los abogados de Pemex, un embargo y el cobro, el despacho Asociados y Abogados Internacionales, de Antonio Macías, cobró 44 millones 268 mil 958 pesos.

El monto era, a ojos de los regidores, exorbitante. Incluso reclamaron a Montiel que contratara un despacho externo cuando el Ayuntamiento tenía los propios. Y, además de la contratación externa, argumentaron que el Reglamento para el Cobro de Aplicación de Gastos de Ejecución y el Pago de Honorarios por Notificación de Crédito tenía un tabulador que establecía 15 pesos por cada notificación y honorarios de ejecución que no podía exceder los 10 mil pesos, es decir, el monto que correspondía pagarle al despacho externo eran 10 mil 30 pesos.

Expediente reservado

A los auditores de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de la Función Pública en Pemex Petroquímica les llamó la atención que el abogado general de Pemex, César Nava, ordenara los pagos cuando existían documentos oficiales que hacían improcedentes tanto los pagos como la argumentación de la demanda del Alcalde de Coatzacoalcos, y abrieron una auditoría del caso.

En sus investigaciones -expediente 06/2003- confirmaron la relación entre los despachos implicados tanto en la demanda contra Pemex como su “defensa”, y concluyeron que todo fue un caso armado. Un prevaricato, lo definieron.

Derivado de sus hallazgos de auditoría, en agosto de 2003 pidieron a sus superiores que fincaran responsabilidades contra los abogados de Pemex y demás involucrados, pero la respuesta de sus jefes en la SFP fue clasificar el expediente como “confidencial” y reservarlo indefinidamente.

En cambio, con el apoyo de autoridades federales, el proyecto del Túnel Sumergido siguió adelante.

La mano de Calderón

El 31 de octubre de 2003, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el convenio específico de coordinación que firmó el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, representada por Felipe Calderón. La firma fue con el gobierno de Miguel Alemán Velasco y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, representado por Marcelo Montiel -entre otros funcionarios- para “desarrollar el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos”.

El proyecto tendría un costo de mil 200 millones de pesos. Se determinó que su construcción se adjudicaría mediante concesión otorgada por el Estado en el esquema de asociación público-privada, con aportación de recursos públicos y un plazo de concesión de 30 años.

Se estipuló que se constituiría un fideicomiso público de inversión, administración y pago en el que se concentrarían los recursos públicos que se aportaran al proyecto “por parte de Petróleos Mexicanos, el municipio de Coatzacoalcos, Capufe y el propio estado”.

Banobras, representado por Calderón, también participaría “por conducto del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), aportando recursos complementarios a la inversión privada en la concesión que otorgue el Estado para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de El Proyecto, siempre que se obtengan las autorizaciones que resulten pertinentes y previa suscripción del convenio en el que se estipulen las bases para la entrega de dichos recursos”.

Fueron casi 400 millones de pesos de pesos los que aportó el Banobras de Calderón como capital a fondo perdido. Y Banobras tendría atribuciones para “colaborar con el Estado, sin responsabilidad alguna, en el proceso de licitación pública internacional que, conforme a la legislación estatal, lleve a cabo la entidad federativa para concesionar la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de El Proyecto”.

El 10 de febrero de 2004 se publicó la convocatoria para la licitación (número 59079003-002-04) para el otorgamiento de la concesión; el 23 de agosto se declaraba como ganador al consorcio formado por la española FCC Construcción, Obras Portuarias de Coatzacoalcos en sociedad con Matrix Concesiones y CAABSA Constructora, Concesiones Viales, que se constituyeron como Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S. A. de C. V.

El título de concesión para el túnel lo formalizaron el 22 de septiembre de 2004 el gobierno de Veracruz y Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos. Esta tuvo por objeto construir, operar, explotar, conservar y mantener el Túnel Sumergido con la obligación de construir las vialidades de acceso con un plazo de construcción de mil 93 días, del 22 de septiembre de 2004 al 19 de septiembre de 2007.

El plazo en el cual la concesionaria tendría derechos para cobrar y administrar el peaje del túnel durante treinta años se computaría a partir de ese 2007 en que comenzara a operar.

El fideicomiso se constituyó en el Banco JP Morgan, que quedó como institución fiduciaria. En este, la concesionaria debía aportar por lo menos 459 millones 808 mil, y el resto serían recursos públicos, de los cuales Banobras, como se comentó, aportó casi 400 millones, y el ayuntamiento de Coatzacoalcos, 170 millones de pesos.

El 26 de enero de 2005, el gobierno de Veracruz, ya entonces a cargo de Fidel Herrera, constituyó un segundo fideicomiso para inyectar recursos a esa obra a través de los derechos de pago del Puente Coatzacoalcos I. Así creó el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, del gobierno de Veracruz, a través de su Secretaría de Finanzas y Planeación, como fideicomitente único.

El patrimonio del fideicomiso quedó constituido con el 30 por ciento de los ingresos del peaje por la explotación del Puente Coatzacoalcos I, el 70 por ciento de recursos federales, aportaciones del gobierno del estado y del municipio de Coatzacoalcos.

El 21 de diciembre de 2006 se firmó el Convenio de Apoyo Financiero entre el gobierno de Veracruz, Banobras como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1902 denominado Fondo de Inversión en Infraestructura, el Banco JP Morgan, S. A. en su calidad de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago No. F/00095, el Banco Mercantil del Norte, S. A. en su calidad de Fiduciaria en el Fideicomiso de Administración No. 050057-2, y la concesionaria del túnel “con la finalidad de establecer los mecanismos para las aportaciones y erogaciones relacionadas con el proyecto del Túnel Sumergido”.

Las irregularidades de la obra 

La obra arrancó mal. La concesionaria incumplió con el programa de trabajo, pero además se fue construyendo sin que el gobierno de Fidel Herrera y la concesionaria tramitaran siquiera los permisos correspondientes. Había evidentes atrasos en la construcción y, además, los materiales que se estaban usando eran de calidad mucho menor a los que se cobraban, confirmaría la Auditoría Superior de la Federación.

Grupo Básico Mexicano, como creador del proyecto, operaba también como la gerencia encargada de revisar la construcción. Entre sus funciones debía asegurarse de que la obra se construyera en tiempo y forma, con la calidad requerida y que los recursos se estuvieran aplicando debidamente.

Ante los evidentes atrasos y que se continuaban inyectando recursos públicos, en su revisión a la cuenta pública de 2008, la Auditoría Superior de la Federación auditó el proyecto y determinó que había un daño patrimonial de casi 100 millones de pesos (exactamente 97 millones 361 mil 770 pesos) derivado de que “la Gerencia de Proyecto Especializada de Grupo Básico Mexicano no observó los principios de la concesión, como verificación del proyecto ejecutivo y que este se ejecutara con los procesos adecuados de construcción y control de calidad”.

Felipe Calderón, quien como titular de Banobras había aprobado el proyecto y la inyección de recursos públicos de la banca de desarrollo, era ya Presidente de la República, y aunque el órgano de fiscalización máxima del País alertaba de irregularidades en ese proyecto, se permitió que continuara.

Su secretario particular, César Nava, había dejado su oficina en la Presidencia para hacerse diputado federal del PAN, que luego dirigiría a escala nacional.

A pesar de los focos rojos que la ASF había encendido en la ejecución del Túnel Sumergido, se le siguieron inyectando recursos públicos. En el orden local, el gobierno de Herrera, mediante el fideicomiso que tenía a su gobierno como fideicomitente único a través de su Secretaría de Finanzas, dejaría a cargo, el 15 de enero de 2008, al joven abogado que hasta entonces fungió como su secretario particular: Javier Duarte de Ochoa.

La ASF auditó en la Cuenta Pública 2009 la gestión financiera en el Banobras, en la SCT, en el gobierno de Veracruz,

Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos,

S. A. de C. V., “para verificar que los recursos federales otorgados al Proyecto a través de FINFRA/FONADIN y los provenientes de la concesión del Puente Coatzacoalcos I, se solicitaron, autorizaron, administraron y ejercieron conforme a la legislación respectiva; así como revisar que el proyecto se planeó, programó, presupuestó, licitó, contrató, ejecutó y pagó de acuerdo con la normatividad aplicable y si alcanzó los beneficios económicos y sociales en términos de calidad y oportunidad”.

En esa auditoría la ASF determinó un daño patrimonial de 126 millones de pesos y múltiples irregularidades de índole técnica y financiera, además de la responsabilidad en las irregularidades atribuidas tanto a los funcionarios del gobierno del estado como a los contratistas involucrados en el proyecto y los de la ejecución de la obra, que además era de materiales de mucho menor calidad a la cobrada.

La ASF le indicó al gobierno de Veracruz que debía vigilar “que la concesionaria concluya en el tiempo convenido las obras y la puesta en servicio del Túnel Sumergido”, a las empresas que realizaban las obras y la calidad de estas.

En esos momentos, según la ASF, había posibilidad de recuperar casi 400 millones de pesos y reingresarlos al erario, pero el Gobierno de Veracruz no lo hizo.

El dictamen de auditoría es explícito: “la Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no se obtuvieron las licencias de construcción, se suscribió un contrato de autorización con la concesionaria sin que se haya prorrogado la vigencia que le dé certeza jurídica a las partes; no se comprobó que el proyecto ejecutivo incluyera la responsiva del director responsable de obra y de los corresponsables en diseño urbano, arquitectónico, y en seguridad estructural, e instalaciones. No se ejerció el capital de riesgo, no obstante, se manifestó insuficiencia de recursos para la continuación de la obra, ni se hizo válida la garantía de terminación de la misma otorgada a favor del fideicomiso por no haber aportado la concesionaria recursos adicionales; se omitió aplicar sanciones a la concesionaria por incumplir con el programa de trabajo; no se exigió a la Gerencia Especializada de Proyecto Grupo Básico Mexicano que vigilara que los desembolsos se efectuaran en relación con el avance físico de construcción”.

Fidel Herrera dejó su administración en Veracruz con el túnel ya convertido en un elefante blanco, con una construcción a cuenta gotas, pero que seguía consumiendo dinero. En diciembre de 2010, Duarte asumía como gobernador de la entidad, y continuaría la inyección de recursos.

En su revisión a la cuenta pública 2012, el Órgano de Fiscalización (Orfis) de Veracruz auditó el fideicomiso estatal del túnel y determinó un daño patrimonial por 277 millones 755 mil 404 pesos.

En tiempos de Duarte el flujo de dinero para el fideicomiso fue imparable. Solo en 2013, a este fideicomiso se le transfirieron más de 50 millones de pesos de los recursos del Puente Coatzacoalcos I, aunque estos se esfumaron entre su traspaso.

Ese 2013, en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2013, el fideicomiso registró un saldo patrimonial por 317 millones 555,972.24 pesos y tuvo una disminución por 311 millones 503,878.59 pesos.

El Orfis hizo una nueva auditoría a los recursos gastados ese 2013 y confirmó que, además de que persistían las irregularidades de las que ya había advertido, había más daños patrimoniales.

Entre otras irregularidades determinó que se pagó obra que no se hizo y que ese pago fue a precios mucho más altos y fuera del rango de mercado. La obra ni siquiera se había terminado de construir y ya estaba en desgaste, agrietada y oxidada.

De los recursos que se gastaron en 2013, la auditoría que elaboró el Orfis determinó que había un daño patrimonial de 255 millones 374,105.10 pesos, de los cuales 201 millones 556,236.60 pesos era de obra que se pagó, pero no se hizo. El resto era “por concepto de la participación del peaje del Puente Coatzacoalcos I, que se reflejó en bancos y no fue afectado el patrimonio fideicomitido del Fondo de Conservación del Puente”.

En efecto, para finales de ese 2013 la obra estaba completamente paralizada. Los concesionarios alegaron falta de recursos.

En noviembre de 2014, el magnate Carlos Slim Helú, a través de Inversora Carso, se convertía en accionista mayoritario de la española FCC, y a través de esta sociedad se hizo de la concesión del túnel.

El 11 de junio de 2015 el Gobernador Javier Duarte y la concesionaria celebraron un memorando de entendimiento “para poner fin a las controversias y demás procedimientos judiciales y/o administrativos, con el objeto de reanudar la construcción del Túnel Sumergido y ponerlo en operación a la brevedad posible”.

Así se hizo un borrón y cuenta nueva sin que las autoridades federales del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni mucho menos las del gobierno de Duarte en Veracruz, atendieran la extensa lista de graves observaciones de auditoría emitidas tanto por el organismo de auditoría federal como del ámbito local, que en distintas auditorías identificaron millonarios daños patrimoniales en la construcción del Túnel Sumergido.

En el memorando de entendimiento, Javier Duarte renegoció ampliarle la concesión para el usufructo del túnel por un periodo de 45 años, según el decreto firmado por él mismo y que se publicó oficialmente en junio de 2016.

Y, como cereza en el pastel, el 19 de enero de 2016, el Pemex que aún dirigía Emilio Lozoya donó al proyecto “el terreno que comprende la salida del Túnel Sumergido en el lado de Allende 1, el cual se otorgará como derecho de vía en términos de esta concesión”.

La construcción se retomó, pero aún no concluye. Y, en las últimas semanas, habitantes de las colonias aledañas a donde se realizan las obras han salido a las calles para reclamar supuestas afectaciones a sus viviendas.

Al parecer será al gobierno de Yunes al que corresponderá colgarse la medalla de inaugurar la obra, cuya edificación constituyó un monumento de impunidad, corrupción y de daños patrimoniales mucho más cuantiosos que los de polémicos proyectos como la Estela de Luz o la Línea 12 del metro.

La obra 

Túnel Sumergido de Coatzacoalcos

• Vialidad de 2 mil 280 metros de largo por 10.5 de ancho que pretendía unir por debajo del río la zona urbana de Coatzacoalcos con la Congregación Allende.
• Su construcción se llevaría 32 meses y costaría mil 200 millones de pesos.
• Actualmente, con 156 meses de trabajo, aún está sin concluir y se le han invertido 5 mil millones de pesos.
• Iniciada hace 13 años, bajo el Gobierno de Miguel Alemán en Veracruz, continuó en el sexenio de Fidel Herrera y en el de Javier Duarte.
• Se involucra en la obra a familiares de funcionarios de los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón.

$1,200 millones era el costo programado para el túnel que debió concluirse en 2007

$5 mil millones se ha gastado en la obra en Coatzacoalcos y aún no se ha concluido

Focos rojos encendidos  

La Auditoría Superior de la Federación señaló desde 2008 anomalías en la obra del Túnel Sumergido. 

• La concesionaria incumplió con el programa de trabajo.
• Ni el Gobierno de Veracruz ni la concesionaria de la obra tramitaron los permisos correspondientes para la obra.
• Había evidentes atrasos en la construcción.
• Los materiales que se estaban usando eran de calidad mucho menor a los que se cobraban.

• Pero pesar de los focos rojos que la ASF había encendido en la ejecución del túnel de Coatzacoalco, se le siguieron inyectando recursos públicos.

“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no se obtuvieron las licencias de construcción, se suscribió un contrato de autorización con la concesionaria sin que se haya prorrogado la vigencia que le dé certeza jurídica a las partes; no se comprobó que el proyecto ejecutivo incluyera la responsiva del director responsable de obra y de los corresponsables en diseño urbano, arquitectónico, y en seguridad estructural, e instalaciones. No se ejerció el capital de riesgo, no obstante, se manifestó insuficiencia de recursos para la continuación de la obra, ni se hizo válida la garantía de terminación de la misma otorgada a favor del fideicomiso por no haber aportado la concesionaria recursos adicionales; se omitió aplicar sanciones a la concesionaria por incumplir con el programa de trabajo; no se exigió a la Gerencia Especializada de Proyecto Grupo Básico Mexicano que vigilara que los desembolsos se efectuaran en relación con el avance físico de construcción”.

Auditoría Superior de la Federación 
Dictamen de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos