"Existen omisiones en seguridad: ASF"

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Algunas regiones de México vivieron situaciones de “guerra” en el sexenio anterior, considera la Auditoría Superior de la Federación.

Entre 2006 y 2012, reporta la revisión a la cuenta pública de la administración pública federal en 2015, las denuncias por homicidio doloso aumentaron un 84 por ciento en todo el País, al pasar de 11 mil 806 casos a 21 mil 728, mientras que los secuestros y la extorsión también registraron incidencias que fueron, respectivamente, un 92 y un 130 por ciento mayores en ese periodo.

Para atender el problema, recuerda la ASF en su revisión a la política de coordinación para la prevención del delito, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Enrique Peña Nieto estableció la meta de construir un “Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”.

El objetivo específico: mejorar las condiciones de seguridad pública a través de la prevención social de la violencia y de la contención de los ilícitos, mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas, basadas en la generación de inteligencia.

“En síntesis, la política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de los delitos por medio de la ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la violencia y la delincuencia; la prevención policial mediante la implementación de operativos fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, que permita controlar y reducir los índices delictivos, y recuperar la confianza ciudadana”, resume la ASF en su revisión al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Resultados nulos

Para el cumplimiento de los objetivos, el SESNSP envió a las entidades federativas 3 mil 366.2 millones de pesos a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios y del Subsidio de Policía Acreditable, destinados a la prevención del delito, capacitación y evaluación de los agentes policiacos, así como para la construcción de infraestructura, bases de datos y centros de atención de llamadas de emergencia.

Pero, de acuerdo con la revisión de la ASF, el SESNSP no dispuso de información para medir el efecto de dichos recursos, sus asignaciones carecieron de “seguridad razonable de que se cumpla con los criterios de asignación basados en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas” y tampoco presentó mecanismos de seguimiento para determinar su cumplimiento.

“En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y Subsemun limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, dice la revisión.

“Asimismo, se constató que los municipios beneficiarios debieron ejercer los recursos que les otorgó el SESNSP en promedio en dos meses, lo que puso en riesgo el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del subsidio en materia de seguridad pública”, agrega.

La información es el resultado de la Auditoría de desempeño 25-GB, hecha al SESNSP para fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación en materia de prevención del delito de los tres órdenes de Gobierno.

Otros hallazgos son que, de las 31 entidades federativas que recibieron recursos, sólo el 29 por ciento de ellas (San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Baja California Sur) reportaron metas que la ASF consideró “congruentes con el ejercicio de los recursos del SPA”; mientras que el 71 por ciento (22 entidades) presentaron “inconsistencias” entre sus objetivos y el dinero utilizado.

“Con el análisis, se identificó que las metas definidas en los convenios específicos de adhesión son la cuantificación de acciones relacionadas con la compra de material, equipo y prestación de bienes y servicios, pero no permiten evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de fortalecer las instituciones de seguridad pública, y su contribución a la consecución de los objetivos estratégicos y nacionales en materia de prevención del delito”, dice la revisión.

“En 2015, el SESNSP no contó con criterios para realizar la evaluación de los resultados del subsidio, ni definió cómo realizaría la estimación del impacto de los mismos y, por ende, no fue posible determinar en qué medida estos apoyos contribuyeron al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública”, agrega.

El reporte de la ASF menciona que también está pendiente de funcionamiento el “Mecanismo de evaluación y transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”, que difundiría los indicadores de desempeño y programas de verificación para conocer el grado de avance en la aplicación de los recursos federales en materia de seguridad pública.

“Sin embargo, el SESNSP no acreditó la formalización de dicho mecanismo ni su inclusión en los lineamientos de los subsidios en la materia”, reporta la ASF.