"Gobierno de Malova vendió en centavos terrenos en Topolobampo, publica Eje Central"

noroeste.com

Un grupo de empresarios se aprovechó de un contrato de compra-venta que firmaron con el Instituto de Vivienda de Sinaloa (INVIES), durante la administración de Mario López Valdez, y con este documento, pero sin contar con una concesión, tampoco con permisos para ocupar y explotar predios no aptos para vivienda dentro de una zona federal marítimo-terrestre, se convirtieron en dueños de 5 mil 995.76 metros cuadrados de terrenos propiedad de la Nación, pagando tan sólo 122.76 pesos.

Según una investigación del portal Eje Central, firmada por los reporteros Luis León y Jonathán Nácar, en el convenio firmado el 13 de mayo de 2013, María Hermila Márquez Rodríguez, se hizo propietaria del predio ubicado en el lote número uno, manzana 188 en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, para construir una vivienda, lo cual fue avalado por el entonces titular del INVIES, Jaime Romero Barrera.

Márquez Rodríguez "presumió en los últimos cinco años su relación con el gobernador", aunque sólo coincidió con la empresaria en tres ocasiones, aseguraron al medio antes citado, fuentes cercanas al ex mandatario sinaloense.

"Las partes convienen en el precio pactado (122.76 pesos) en este contrato es justo y equitativo y que en el presente no hay por parte de ellos lesión, dolo, error, violencia o algún otro vicio del conocimiento que pudiera invalidarlo", establece el documento, del que Eje Central dice tener copia.

Márquez Rodríguez pagó 0.02 centavos por cada metro cuadrado, de seis mil que adquirió en total en Topolobampo, ubicado a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Mochis.

En entrevista con Eje Central, el ex director del INVIES, Romero Barrera, aseguró que no se trató de la venta de un terreno a un particular, sino de la regularización a favor de las personas que ya lo habitaban. Además, el ahora ex funcionario exhibió un decreto publicado en 1990, en el que el Gobierno de la República cedió los terrenos nacionales al Gobierno estatal.

Sin embargo, la investigación del medio encontró que en el artículo cuarto del mismo documento, señala que los terrenos aludidos no podía dárseles otro destino distinto al solicitado", y en el mismo inciso del decreto, promulgado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se señala que después de cinco años de que entre en vigor, los terrenos que no se hayan utilizado para los fines establecidos serán reintegrados como bienes de la Nación, y no cedidos o vendidos a particulares.

El terreno fue vendido por el INVIES hasta 2013, por lo que a decir de Eje Central, el decreto es inaplicable, además de que en 2009 se actualizó, y se reconoció que dichos terrenos no eran aptos para la construcción de viviendas, justificación que se plantea en el contrato por parte del Instituto.

Romero Barrera precisó que en el contrato de compra-venta aparece un precio de 122.76 pesos, porque respondía a una "operación de regularización en beneficio para quienes ya tenían muchos años con dichas posesiones". Sin embargo, dicho convenio, por el que Márquez Rodríguez obtuvo la propiedad de los terrenos, no menciona la existencia de antecedentes de la titularidad de posesión en beneficio de la acreedora.

En sus registros, el INVIES establece que esa operación ampara la propiedad a favor de Márquez Rodríguez del lote 6, manzana 188, superficie 151 metros cuadrados por 122.76 pesos. Pagándose una escritura por 2 mil pesos y la cancelación de la reserva de dominio por mil 500 pesos. El decreto, sotuvo el exfuncionario, establecía que debían entregarse en forma gratuita, por ello se puso el monto correspondiente a dos salarios mínimos en 2014, para "gastos de administración".

Sin embargo, Eje Central señaló que la cantidad de metros no corresponden a los que ampara el contrato que son casi seis mil. Ante el cuestionamiento del medio, Romero Barrera aseguró que la entonces encargada de promoción social del INVIES, Marissa Vega, le informó que los lotes 3 al 11 "sufrieron una fusión integrándose al lote 1, y dando la superficie de 5,995.76 metros cuadrados".

"Lo que significa una operación irregular que no se especifica ni en el contrato ni en los registros originales del Instituto", señaló la investigación firmada por Luis León y Jonathán Nácar, que indica, además, que al tratarse de terrenos ganados al mar y estar ubicados en una zona marítima propiedad de la nación, en los que ni el gobierno del estado o la administración municipal tienen facultades para comercializarlo u otorgar un número catastral, sólo es posible la explotación de particulares a través del otorgamiento de una concesión del Ejecutivo federal.

"En este caso, en un procedimiento irregular, en diciembre de 1990 dicho terreno fue otorgado por parte del Gobierno del estado, mediante un 'contrato de donación', al Instituto de Vivienda, operación de compra-venta celebrada en 2013, entre el INVIES y Márquez Rodríguez, por lo que el terreno recibió la clave catastral 01-188-001, y con ello quedó registrado.

Desde 2014, la empresaria intentó en dos ocasiones obtener la concesión para la explotación del lugar, pero por no cumplir con todos los requisitos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), rechazó su trámite.

En una revisión del oficio con folio SIIZFIA/045/17-ZF, el acta circunstancia-

da PFP/SINIAC.ZC/012-17 y en la resolución 412/2016, emitida el 26 de abril de 2016 por la Semarnat, se notificó la negativa de entregarle el título de concesión y explotación de los recursos naturales de la nación, por "no contar con los requisitos para darle un uso general, sitio de esparcimiento, sin construcciones cimentadas", lo cual avaló la Dirección General de Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

Meses más tarde, el 5 de agosto de 2016, el terreno fue concesionado por parte de la Semarnat, única dependencia facultada para ello, a favor de la sociedad civil Corto-Geodesia de México, de acuerdo con el título de concesión DGZF-346/16, que aparece dentro del expediente 773/SIN/2014. Este permiso, con una vigencia de 15 años, le permite a un grupo de pobladores de la zona "desarrollar una marina turística".

Sin embargo, con el contrato firmado con el INVIES, Márquez Rodríguez tomó el control del lugar y lo convirtió en un negocio de renta de espacios para yates, por el que llega a cobrar 700 mil pesos por cada embarcación, y la invasión del terreno, ha impedido, que los verdaderos concesionarios puedan explotar la marina, señaló Eje Central.

María Hermila Márquez mantiene hasta la fecha invadido el terreno, y comenzó a construir una rampa de acceso a la marina, y una plataforma, lo que provocó un impacto ambiental en el ecosistema costero de Topolobampo, "afectando corrientes marítimas y su flujo natural causando un impacto negativo en los elementos físicos y biológicos", según consta en la denuncia que Corto-Geodesia de México S.C., presentó ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sinaloa.

La empresaria también fue denunciada por la Profepa ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la invasión o el despojo de un territorio federal. Esta denuncia en contra de Márquez Rodríguez también incluye el plagio del estudio de impacto ambiental, mismo que Corto-Geodesia presentó ante las autoridades para obtener la concesión para explotar el área como marina.

Según un perfil difundido por Eje Central, María Hermila Márquez Rodríguez, de 59 años de edad, es originaria de Chihuahua, Chihuahua, al igual que su esposo Rodrigo Herrera Franco, dedicado al comercio y quien aparece como director general de Paradox Global Resources S.A. de C.V., (de la que Márquez Rodríguez es representante) y que está asociada con Paradox Xingye, S.A. de C.V., representada por el ciudadano de origen chino, Bo Yue.

En agosto de 2011 inauguraron la planta minera "María", ubicada en el municipio de Choix, acto al que acudió el entonces gobernador López Valdez. El matrimonio invirtió 10 millones de dólares con una asociación de empresarios mexicanos y chinos que generó 280 empleos para los habitantes del municipio, recordó el medio.

"La mina al poco tiempo tuvo problemas económicos por la mala administración y el bajo precio internacional del hierro; cerró el 21 de enero de 2015, tras un derrame de químicos en el río Choix. Ni los pobladores afectados, ni 280 despedidos fueron indemnizados [...] A pesar de las denuncias, Herrera Franco y Márquez Rodríguez, no han sido acusados por irregularidades en el cierre de esta empresa."

Por su parte, a Jaime Romero Barrera, director del INVIES durante el sexenio de Mario López Valdez, "se le identifica por la venta de terrenos del gobierno del estado, por debajo de su valor real", recordó también el medio.

De acuerdo a los informes oficiales, la Auditoría Superior del Estado descubrió que el ahora exfuncionario vendió dos terrenos de una hectárea al 20 por ciento de su valor real. El 30 de diciembre de 2016, señalan los documentos, unos terrenos ubicados en Mazatlán, que se calculaba su valor en más de 30 millones de pesos, fueron vendidos por Romero Barrera en apenas cinco millones 600 mil pesos.

Romero Barrera cuando fue director de vivienda durante la administración de Jorge López Sánchez, entonces alcalde de Mazatlán, sumó varias irregularidades en materia de vivienda, lo que provocó la suspensión de la cuenta pública del exedil.