"Invitan a denunciar por contratos de Echeverría"

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cree que Ernesto Echeverría Aispuro cometió peculado y ejerció indebidamente la función pública cuando fue Secretario de Salud de Sinaloa.

Noroeste documentó que el médico otorrinolaringólogo firmó 29 contratos por más de 87 millones de pesos a favor de empresas de las que él fue fundador, Mi Salud y Herramientas Médicas, y a una red de constructoras relacionadas con su socio Luis Javier Salido Artola.

Estas sociedades mercantiles, Santa Justa, Prefabricados Santa Justa, Advanti, Construcciones y Arquitectura Kasta, Constructora Mansanart, junto con Grupo Sanart del Pacífico, simularon competir entre ellas en los concursos de contratación de los Servicios de Salud.

"Como se utilizaron recursos federales, es decir, aportaciones del Gobierno federal, se derivan dos consecuencias inmediatas: lo que se aplica es el Código Penal Federal, no el Código Penal del Estado", explica el doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Y la investigación tendría que canalizarse no por la Fiscalía General del Estado ni tampoco por la Auditoría Superior del Estado. Aquí las autoridades competentes por tratarse de recursos federales son la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República", considera.

En caso de sentencia, el peculado y el ejercicio indebido de la función pública se castigan con prisión hasta por 12 años, dice el especialista.

Invitan a denunciar

Aunque el peculado es un delito que se investiga por oficio, Pérez de Acha invita a los ciudadanos a presentar la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por la contratación que hizo Echeverría Aispuro a la red empresarial a la que pertenece y que afectó al patrimonio del sector salud.

"Bastaría con la presentación de una denuncia por parte de un grupo ciudadano, de un ciudadano o de varios ciudadanos, en la que se aportaran lo que hoy en el sistema penal acusatorio se conocen como datos de prueba, es decir, elementos que acrediten la existencia del delito de peculado. No se requiere una prueba contundente, sino únicamente un mero dato de prueba", subraya.

- ¿Por qué cree que es importante que se haga una denuncia en torno a este tema?

Es importante porque, sin lugar a dudas, la autoridad PGR en el caso particular difícilmente tendrá elementos para iniciar en estos momentos una indagatoria penal. Yo creo que en este caso, sí lo mejor es que se tenga una denuncia presentada. Esos son los estándares que se utilizan, de hecho, en temas de corrupción. La mejor experiencia se tiene ahorita con la Auditoría Superior de la Federación que lleva presentadas más o menos mil denuncias ante la PGR en los últimos tres, cuatro años. En muchos casos de los que estamos hablando es precisamente de recursos federales utilizados por los estados en forma indebida... Si en Sinaloa no se tienen identificados los casos por parte de la Auditoría Superior (de la Federación), yo sugeriría no esperar a que las autoridades federales accionen un mecanismo de investigación penal, sino que pudiesen ser los propios ciudadanos del Estado, quienes allegándose de datos de prueba, actúen.

El socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, quien ha promovido juicios de amparos de acciones ciudadanas como #YoContribuyente, menciona que la ASF ha promovido aproximadamente mil expedientes de desvíos de recursos en los estados ante la PGR.

Sin embargo, la Procuraduría del Gobierno federal no ha actuado.

"La tónica de la PGR es no actuar. Ahorita la presión que se está haciendo sobre PGR es precisamente para que proporcione informes sobre el estatus de esas denuncias y la PGR bajo el tema de que se trata de información reservada, no la proporciona", expone.

Pese a esta barrera que impone la PGR, invita a los ciudadanos a mantener el entusiasmo de que sí investigará lo que se presente en la denuncia.

"Nunca hay que perder la esperanza, hay que actuar, hay que empujar. Y hay que marcar una tónica. Yo creo que lo que falta es, no sólo en Sinaloa, sino en todo el País, crear la convicción de que los ciudadanos tenemos la herramienta legal para actuar", expresa.

Un sistema de salud enfermo

El sistema de salud en México está enfermo porque los recursos recibidos no son aplicados correctamente, lo que afecta a los derechohabientes, evidencia Pérez de Acha.

Tienen un modus operandi: contrataciones por adjudicaciones directas, licitaciones simuladas, y utilización de empresas fantasmas para desviar el dinero de los programas y obras de salud a los negocios privados, expone.

"La problemática en todo el País en relación con el sector salud es generalizado. En realidad, lo que está sucediendo en Sinaloa es una muestra más de ese problema. Lo que ustedes traen detectado es un 'modus operandi', es una actuación que se ha multiplicado en todas las entidades federativas y que ha ocasionado el problema como el que ustedes han revelado", dice.

"Por ejemplo, las adjudicaciones directas hay que ponerle, desde el punto de vista constitucional y no se diga el legal, un constante signo de interrogación porque la adjudicación directa sólo se permite en casos de extrema urgencia o de seguridad pública o de seguridad nacional. Si no está justificado plenamente esos extremos, las adjudicaciones directas son improcedentes y, por lo tanto, los recursos públicos utilizados implican el desvío de recursos públicos", analiza.

"Y por el otro lado, en el tema de las licitaciones públicas en donde se simula la participación de empresas independientes también conlleva el uso indebido de recursos públicos. Todo eso son conductas delictivas. No sólo implica la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, sino también la comisión de delitos", manifestó.

El también articulista cree que los estados reciben del Gobierno federal dos grandes bolsas de dinero que son usadas con discrecionalidad y en la opacidad: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA; y el Seguro Popular.

"Lo que ha caracterizado la utilización de estos fondos por parte de los estados es que hay mucha opacidad y discrecionalidad, por una parte. Y el otro es el fenómeno que señalan ustedes de adjudicaciones directas y simulaciones de licitaciones; y otra que también es como deporte nacional por parte de las entidades federativas son la utilización de empresas fantasmas.

"Todo esto está perfectamente identificado por la Auditoría Superior de la Federación y por el Gobierno federal, y en muchas ocasiones... la utilización de universidades públicas para canalizar los recursos del sector salud. En Sinaloa, insisto, desconozco cuál es el estatus", describe.

Intervención de CNDH

El doctor en Derecho refiere que la contratación que hizo Echeverría Aispuro violenta el derecho humano que tienen los sinaloenses a la salud que está consagrado en el Artículo 4 de la Constitución mexicana, pues los centros de salud no fueron construidos y, por lo tanto, no atienden a los pacientes enfermos.

"Son abusos, absurdos, en contra de los sectores de menores recursos del país. Recordemos que tanto el FASSA como el Seguro Popular, deberían aplicarse son a los de mayor", dice.

Compara los centros de salud que no operan con la aplicación de agua a los niños enfermos de cáncer que recibían quimioterapias en Veracruz.

Por la gravedad del problema, el experto considera que este caso debe ser revisado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.