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"Sala Anticorrupción sin computadoras ni mobiliario"

"Justicia anticorrupción de Sinaloa trabaja ¡sin computadoras!"

"Los recursos que ascienden a un millón de pesos sólo sirven para cubrir el sueldo del Magistrado y cuatro secretarios"

La Sala Anticorrupción tiene sólo un millón de pesos para trabajar en 2018 , monto que servirá sólo para cubrir el sueldo del Magistrado Anticorrupción y cuatro secretarios, mas no para computadoras o demás mobiliario de oficina.

Esa sala es la que debe juzgar todos aquellos casos de posibles actos de corrupción para aplicar sanciones administrativas, y que actualmente tiene en revisión 17 expedientes diferentes de ex funcionarios estatales y municipales que aseguran que se les impuso castigos injustos.

Ricardo Aguilasocho Rubio es quien atiende esa sala como Magistrado Anticorrupción electo por el Congreso local, sin embargo, aunque señaló necesidades económicas y de espacio para atender los asuntos anticorrupción, desde la Cámara de Diputados sólo se le aprobó un millón de pesos.

Aspectos de la sala donde se manejan los asuntos del combate a la corrupción.

 

De acuerdo con Héctor Torres Ulloa, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, se hizo una solicitud de ampliación de presupuesto que servirá para la compra de mobiliario necesario, como computadoras.

"Nos faltó tener más visión panorámica a nosotros y al Congreso. La expectativa que tenemos ahora nos deja otra cosa, una carencia que debe cubrirse", señaló.

Además, la Sala Anticorrupción ha sido nombrada como sala regional, lo que obligaría a hacer modificaciones jurídicas o la asignación de mayor presupuesto.

El 19 de octubre el Congreso del Estado eligió a Ricardo Aguilasocho Rubio como Magistrado especializado para Sala Anticorrupción.

Desde esa fecha, Aguilasocho Rubio comenzó a instalarse en el edificio del Tribunal de Justicia Administrativa, organismo del que depende y en donde le asignaron a dos personas como secretarias: Gabriela García Ibarra y Beatriz Tirado García. Ambas ya trabajaban en el Tribunal.

Apenas el 17 de enero el Pleno del Tribunal aprobó la contratación de otras dos personas: José Antonio Ángeles Martínez y Rodolfo Domínguez Constantino, quienes, según señaló el Magistrado Presidente, tienen experiencia en fiscalización.

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