"Mueven droga y mandan asesinar desde la cárcel por medio de celulares"

Para vender droga ilegal, trasladarla a otras regiones, delimitar territorios de influencia, mandar asesinar, extorsionar, secuestrar o desaparecer no se necesita estar fuera de la cárcel, sólo tener un celular con datos móviles.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa encontró que lo mismo pasaba si se detenía a operadores de organizaciones criminales o no, pues sus órdenes se mantenían dentro de los penales de Culiacán y Mazatlán.

Por esos motivos, de acuerdo con un acta de Sesión del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sinaloa que se elaboró el 23 de marzo de este año, el Gobierno de Sinaloa vio como una urgencia comprar inhibidores de celular para Culiacán y Mazatlán.

"Es bien conocido por la opinión pública que los centros penitenciarios lejos de cumplir su función ontológica de reinserción social se han convertido en centros de coordinación para cometer ilícitos desde dentro, formar alianzas criminales y a través de medios de comunicación remota coordinar la comisión de otros delitos", indicaron al Comité Intersecretarial.

Siete días antes de que se elaborara esa acta ocurrió la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, "El Azulito"; Alfonso Limón Sánchez, "El Limón"; Jesús Peña González, "El Veinte"; Guadalupe Félix Núñez, "El Changuito Ántrax"; y José Francisco Javier Zazueta Rosales, "El Chimal", por lo que ese caso sirvió como referencia para la petición de inhibidores de señal.

Todos ellos estuvieron presos en el penal de Culiacán y eran considerados como reos de "alta peligrosidad" por la Secretaría de Seguridad.

Su fuga, según la dependencia, ocurrió bajo una planeación que se hizo a través de llamadas y mensajes con celulares, sin que estos fueran detectados o reportados por el personal de Custodia Penitenciaria.

"Destaca que la coordinación remota de los internos con el exterior también facilita la planeación y conducción de su propia evasión, lo cual está tipificado como una conducta delictiva que debe evitarse para lograr los fines de reinserción y recuperar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública", señaló.

El Comité Intersecretarial avaló la justificación de la Secretaría de Seguridad y revisó un estudio de mercado, en el que se incluyeron las propuestas económicas de las empresas De Bello Group Vans y Suvs de Lujo, Compu Global Solutions, y MER Security Systems, siendo esta última la ganadora por presentar una cotización de 8 millones 400 mil pesos.

Los inhibidores debieron colocarse a más tardar 60 días después de la compra, es decir, a más tardar el 13 de mayo de este año.

En el proceso de compra e instalación de los inhibidores, uno de los presos fugados, José Francisco Javier Zazueta Rosales, "El Chimal", fue asesinado en un enfrentamiento en contra de elementos militares.

A la fecha esa fuga sigue sin una aclaración sobre cómo y en qué momento salieron del penal.

El único dato público sobre el hecho es que la Procuraduría General de la República mantiene abierta una investigación en contra de cinco funcionarios de la Secretaría de Seguridad por posible colusión con los presos fugados.