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"Gobierno del Estado"

"Plantea Quirino que haya una revisión en regulación a la publicidad oficial"

"Se pronuncia Quirino Ordaz Coppel por dar transparencia y analizar lagunas jurídicas en los contratos para publicitar obras y programas de Gobierno"

El tema de contratación de publicidad oficial debe revisarse, reconoció Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado.

"Creo que son temas que se tienen que revisar, analizar, ver los ordenamientos jurídicos al respecto para darle mucho sustento a todo eso", indicó.

La publicidad oficial es aquella que los gobiernos contratan con medios de comunicación y empresas de publicidad para que se publique información oficial.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Sinaloa hace contratación de publicidad oficial en medios de comunicación de forma discrecional, a través de compras sin concursos y sin detallar las razones específicas de lo que se publicitó.

Ordaz Coppel dijo que es necesario reforzar los ordenamientos legales para analizar lagunas jurídicas y las condiciones que se tienen para el uso de la publicidad.

"Es una situación que ahí está, que ha existido a través de la historia, creo que hemos venido corriendo por la inercia, por eso creo que es importante actualizar, revisar y si es necesario actualizar las disposiciones legales. Estará también en la cancha de los diputados", señaló.

-- Dice (la CNDH) que hay que hacer público también el contenido de los contratos.

--Yo creo que sí, son las situaciones, esa y otras más que habrá que ver la condición en la que está. Yo estoy abierto a revisar todo lo que haya que ver.

La CNDH estableció también que no es posible afirmar que la contratación y asignación de publicidad oficial que realiza el Gobierno del Estado de Sinaloa sea objetiva, transparente y no discriminatoria.

Ese señalamiento lo hizo el organismo después de revisar los contratos de publicidad oficial en el periodo de 2011 y 2016.

En esos contratos se encontró que todos fueron hechos a través de adjudicación directa, sin que se sometiera a concurso para determinar qué empresa podía ser la mejor para sus campañas publicitarias.

También se encontró que el Gobierno de Sinaloa no justificó la información que debía publicitarse, es decir, fue a discreción de la entonces Coordinación de Comunicación Social del Estado.

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