"¿Por qué Echeverría no pisa la cárcel por los $480 millones?"
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas fue la que promovió esa sanción administrativa en contra de Echeverría Aispuro y dos ex funcionarios más de Servicios de Salud, porque adjudicaron de manera irregular y pagaron dos contratos por servicios brindados, y, en otro caso, desviaron dinero de fondos federales a otras áreas de la paraestatal sin autorización.
"Se formalizaron los contratos vía adjudicación directa sin que mediara autorización previa del Comité de Adquisiciones... era necesario que el área requirente del servicio justificara mediante escrito la elección del procedimiento de adjudicación directa, solicitando la contratación y contando con las respectivas investigaciones de mercado que garantizaran la adjudicación en las mejores condiciones para el Estado de Sinaloa en cuanto a precio, oportunidad e impactos para la institución", se explicó por la Secretaría.
Ese proceso se promovió por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General del Estado, la cual terminó en el proceso penal.
Ahora, con los nuevos señalamientos de la Secretaría, surge la duda si también habrá un proceso penal.
"Aplicar las sanciones y medidas disciplinarias a los responsables de hechos, acciones u omisiones que lesionen los intereses públicos fundamentales o el buen despacho de la administración pública, en los términos que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos", indica el reglamento.
En manos de una subsecretaría
El reglamento de la Secretaría de Transparencia señala que todas las resoluciones de la dependencia se deben informar a la Secretaría General de Gobierno, donde se tiene una Subsecretaría jurídica.
Esa subsecretaría es, entonces, la encargada de denunciar, si así lo cree necesario, a Echeverría Aispuro ante la Fiscalía General del Estado y que ésta, a su vez, haga una carpeta de investigación que pueda terminar en un segundo proceso penal.
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