"Prepara el PRI fraude con Ejército: Solalinde"

Para el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, la Ley de Seguridad Interior es un intento de la Presidencia y el PRI para activar el fraude en las elecciones de 2018 y perpetuarse en el poder utilizando al Ejército.

"Estas Fuerzas Armadas ya se politizaron. Lo que sucedió fue que, a través de los altos mandos, ya están al servicio del PRI-Gobierno, al servicio del régimen y al servicio de la oligarquía", señaló.

"Y cuidado, porque además de todos los defectos que tiene esta ley que se hizo en lo oscurito, está mal hecha, está incompleta, es insuficiente. Además va a ser un instrumento indispensable que necesita el Ejecutivo para el fraude electoral del 2018, que ya piensa perpetrar".

La Ley de Seguridad Interior, que se elaboró por los diputados priistas César Camacho Quiroz y la sinaloense Martha Tamayo Morales de King, así como por el propio Ejecutivo federal, establece que los militares asuman responsabilidades civiles porque los policías no están calificados para cumplir con la necesidad de la seguridad preventiva y de investigación.

"Las autoridades se ven rebasadas por diversas causas: capacidad de fuego y conocimientos, inclusive llega a haber la cooptación del crimen en sus manos", explicó Tamayo de King para Noroeste.

"Entonces en esas condiciones las entidades o los municipios sucumben frente a ese tipo de amenazas y se pone en riesgo todo lo que es el orden constitucional, el Estado mismo, la gobernabilidad y no se respetan tampoco derechos humanos".

La aprobación de la Ley abre la puerta a que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional puedan utilizar cualquier método para cumplir con sus investigaciones, sin que se especifique cuáles serán esas formas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU creen que eso da paso a la tortura, malos tratos y hasta asesinatos.

El activista y sacerdote señaló que la utilización de las fuerzas armadas es para un uso político de cara a las elecciones del 2018, el cual violará derechos humanos sin que los militares puedan ser juzgados por tribunales civiles.

"En términos de víctimas podemos esperar lo peor. Va a haber atropellos a los derechos humanos y nadie va a poder llevarlos a un tribunal civil", aseguró.

"Todo va a ser, como se ha hecho hasta ahora en los tribunales militares, donde sabemos muy bien que ahí no impera la ética si no las órdenes, si un titular de las Fuerzas Armadas tenga ética o tenga razón, o no, como en el caso de Tlatlaya donde estuvieron involucrados varios militares".