"Puede Ley de Seguridad Interior llevar a un estado fallido, señalan"

De quedar como está actualmente la Ley de Seguridad Interior puede llevar al México a un estado fallido, es una ley con graves defectos y no establece la participación de la ciudadanía como regulador externo del actuar de las Fuerzas Armadas, dijeron algunos ponentes en el foro sobre esta ley que se realizó ayer en este puerto en la Sala de Cabildo.

En el evento que fue organizado por el Ayuntamiento de Mazatlán, el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, también se presentó el texto “Ley de Seguridad Interior, Entre la Privatización y la Militarización”.

Los especialistas plantearon que ante la falta de eficiencia de los gobiernos de las 32 entidades federativas de tener corporaciones policiales fuertes nadie está en contra de que las fuerzas armadas sigan patrullando las calles, pero con respecto irrestricto a los derechos humanos que no es que lo establezca o no esa ley, sino que así está establecido en los tratados internacionales y en el artículo Primero de la Constitución Política del País, entre otros puntos.

El politólogo y columnista de Noroeste, Ernesto Hernández Norzagaray, manifestó que se acuerdo con la hipótesis que plantea, los actores del sistema político del país frecuentemente dejan que los problemas empeoren para que las posibles soluciones sean inevitablemente duras, y eso desde el punto de vista de los sistemas políticos significa una sobre carga de tensiones que ponen a prueba su persistencia.

“Peor todavía, esta debilidad del sistema político ha provocado que actores antisistema lleguen a tener una influencia determinante en regiones completas y cada vez se manifiesten en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, así con el empeoramiento de los problemas hemos visto como alternativa que la dotación de servicios públicos tienen a una mayor privatización, y con el incremento de la violencia a la militarización de la seguridad pública, que de quedar así como está la Ley puede llevarnos a algo que ya se ha mencionado aquí, al estado fallido”, subrayó.

Hernández Norzagaray expresó que en el manejo de la percepción de la violencia Felipe Calderón, para tratar de revertir el problema de legitimidad de origen de su Gobierno que dejó la elección del 2006, buscó ganarla desde la Presidencia siguiendo el ejemplo de Carlos Salinas, atacando el principal reclamo escuchado durante su campaña electoral, que era el de la inseguridad por la violencia.

Al final del Gobierno de Calderón, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la llamada “Guerra contra el Narco” obtuvo resultados contrarios a los esperados, y escaló la violencia en términos cuantitativos, regionales y crueldad humana, enfatizó.

Precisó que los expertos del CIDE encontraron que entre 2007 y 2011 se registraron 3 mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales contra grupos delictivos, más del 84 por ciento de ellos fueron propiciados por soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa, incluso el descabezamiento de los cárteles provocó la fragmentación del narco, lo que explica en buena medida el incremento de la violencia.

“Así en 2007 había 20 grupos criminales y para 2011 se calculaba en 200, y ahora simplemente ya no sabemos con certeza su número”, recalcó.

Hernández Norzagaray expresó que en la Ley de Seguridad Interior ya aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente de la República, pero que no ha entrado en vigor porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa si tiene elementos de inconstitucionalidad o no, se han detectado 10 debilidades que contravienen en cualquier estado democrático.

Por su parte, el coordinador General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Doctor Gonzalo Armienta Hernández, subrayó que el Ejército es fundamental en el resguardo de la seguridad de cualquier entidad federativa, máxime que los gobiernos estatales no han podido combatir en forma eficiente el crimen organizado, por lo que al ciudadano que se le pregunte si dicha institución castrense debe seguir patrullando las calles va a contestar que sí.

“Eso no está a discusión, claro que con respeto a los derechos humanos, que como ya se dijo marcan los tratados internacionales y la propia Constitución en su título primero”, continuó, “yo en lo particular pienso que esta Ley era suficiente, y lo que sí se debería de haber hecho es reglamentar algunas de las disposiciones que ya tenía la Ley de Seguridad Nacional, reglamentar la actuación del Ejecutivo y reglamentar la actuación del Ejército, no en una nueva Ley sino en una disposición reglamentaria que podría haber dictado el propio Presidente de la República, sin embargo, políticamente era mejor, era de más aplausos hacer una nueva ley, bueno, se hizo una nueva ley que no por ser una nueva ley es anticonstitucional”, recalcó.

Los ponentes Vicente Hernández Delgado y Jorge Figueroa Cancino enfatizaron que a la Ley de Seguridad Interior le faltó incluir a los ciudadanos como entes reguladores externos, pero que sean ciudadanos de prestigio, no los amigos de los políticos en funciones públicas, entre otros puntos.

El Alcalde José Joel Bouciéguez Lizárraga ponderó la organización de este foro y manifestó que en el futuro podrían tratarse otros temas como la legalización o no de la mariguana o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“...con el empeoramiento de los problemas hemos visto como alternativa que la dotación de servicios públicos tienen a una mayor privatización, y con el incremento de la violencia a la militarización de la seguridad pública, que de quedar así como está la Ley puede llevarnos a algo que ya se ha mencionado aquí, al estado fallido”.
Ernesto Hernández Norzagaray
Politólogo y columnista de Noroeste