"'Salen' más leyes anticorrupción"

Por unanimidad la 62 Legislatura local aprobó ayer dos nuevos dictámenes de leyes vinculadas al Sistema Estatal Anticorrupción.

Por un lado se reformaron disposiciones de diversas leyes, como la de transparencia, y por otro lado, la de Justicia Administrativa.

La fecha límite para completar las reformas del andamiaje institucional con el cual se pretende castigar la corrupción en Sinaloa culmina el 18 de julio.

Diputados locales como Irma Moreno, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, indicaron que antes de esa fecha quedará el conjunto de leyes que dan vida al sistema.

Los trabajos legislativos van enfocados a armonizar la legislación en la materia, conforme los criterios federales.

"Esto a fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, de servidores públicos y particulares", se subraya en uno de los dictámenes.

Ayer se modificaron diversas disposiciones de las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral y de Participación Ciudadana.

También la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Gobierno Municipal.

Con estas reformas el o la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado tendrá la facultad de la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de control.

Esto en el ámbito de las dependencias que conforman la Administración Pública Estatal y Paraestatal, así como crear un órgano de coordinación de las instancias de control interno para materializar dicho objetivo.

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SIDEBAR

Facultan al TJA

Además de que se instituye al Tribunal de Justicia Administrativa como órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves.

Y de igual forma a los particulares que participen en actos vinculados con las mismas, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o al patrimonio de los entes públicos