"Sugieren destituir a funcionarios que oculten información pública"

MÉXICO (UNIV)._ El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y los "Otros Sujetos Obligados" lanzaron una propuesta a fin de sancionar hasta con su destitución a funcionarios públicos que bloqueen la divulgación de información pública.
El borrador del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México sugiere sancionar a funcionarios que usen, sustraigan, oculten, inutilicen, divulguen o alteren de manera indebida información bajo su custodia.
Este documento, elaborado por el IFAI y el CIDE, que incluye a los "Otros Sujetos Obligados", entre ellos el Tribunal Electoral, se propone como instrumento de discusión para las reformas que harán las legislaturas locales con base en la reciente reforma al artículo sexto constitucional.
También se sugieren como actos sujetos a sanción actuar con mala fe en la sustanciación de solicitudes de acceso a la información, denegar intencionalmente información no clasificada como reservada, clasificar como confidencial documentos que no cumplen esos requisitos.
Además de entregar información considerada como reservada, entregar información incompleta, no proporcionar información previa orden de los Órganos Garantes de acceso o del Poder Judicial. Las sanciones sugeridas son:
Apercibimiento, amonestación privada, amonestación pública, multa de 10 a 150 días de salario mínimo vigente en el Estado o la destitución del funcionario. Así como el resarcimiento del daño si es que existió.
"Tratándose de una destitución el órgano garante deberá asegurar las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. En caso de que los funcionarios sean sujetos de juicio político, el órgano garante podrá solicitar a la autoridad el inicio del mismo".


SANCIÓN
Castigos que darán a funcionarios que nieguen información publica:
Apercibimiento
Amonestación privada
Amonestación pública
Multa de 10 a 150 días de salario mínimo vigente en el Estado
Destitución del funcionario