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ADMINISTRACIÓN ESTATAL
Suman 20 funcionarios sancionados en Gobierno
Según la información pública en el apartado de transparencia de la página web Sinaloa.gob.mx, la administración estatal echó a andar 16 procedimientos administrativos en 2015 y sólo cuatro en 2016
José Abraham Sanz
13/09/2017

Entre 2015 y 2016, a un total de 20 servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado se les inició procedimiento administrativo y fueron sancionados por diferentes faltas, entre ellas hasta el delito de extorsión agravada.

Otras de las faltas en las que incurrieron algunos funcionarios son no modificar su situación patrimonial, omisión en vigilar y corroborar procedimientos de adjudicación conforme a la normatividad, disponer de recursos públicos para fines personales, dar un servicio ineficiente o incurrir en deficiencias en su desempeño.

Según la información pública en el apartado de transparencia de la página web Sinaloa.gob.mx, la administración estatal echó a andar 16 procedimientos administrativos en 2015 y sólo cuatro en 2016.

El caso más grave del listado es el de un expediente fechado en 2012, UTRC-DRSP-757/2012, que se refiere al caso de un funcionario acusado de cobrar 20 mil pesos para dejar trabajar, por un año, a una empresaria en su negocio ubicado en una plaza comercial.

Este recibió una inhabilitación temporal aún y con el delito cometido, según el documento.

Curiosamente, en el caso del expediente UTRC-DRSP-072/2013, a un trabajador se le suspendió del trabajo, cargo o comisión por omitir vigilar y corroborar que los procedimientos de ajudicación fueran conforme a la normativa aplicable, y otro, el del expediente SCDA-QYD-376/2009, sólo recibió una amonestación pública a pesar de ser acusado por disponer de recursos públicos para fines personales.

El documento muestra otros casos, como un trabajador que también omitió revisar y constatar la veracidad de la documentación anexada para un procedimiento de cotización de cuando menos tres proveedores, y fue suspendido.

Otra inhabilitación temporal se dio por no resguardar los ingresos de 52 mil 950 pesos y no informar de la pérdida de ese dinero.

Hay otros casos de omisión en custodia de bien mueble propiedad del Gobierno, por lo que un funcionario recibió una amonestación pública, una privada por no liquidar, verificar y vigilar contribuciones e ingresos del propio Gobierno y por no verificar la relación de firmas de personal autorizado para validar formatos de solicitud de registro vehicular.

De la mayoría de los procedimientos resultaron apercibimientos privados o amonestaciones públicas por deficiencias en el desempeño de las funciones de los propios funcionarios.

 

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