"Un crudo despertar"

Gogo Lidz

@gogolidz

Santa Bárbara chorrea petróleo. Camina por las playas de esta ciudad del sur de California y es probable que el alquitrán de las filtraciones naturales se te pegue en los pies. En 1896, al oeste de la zona costera, se llevó a cabo el primer experimento mundial en perforación offshore, en el campo petrolífero Summerland. Medio siglo después, el Congreso aprobó la Ley de Tierra Sumergida, la cual estableció que los estados regularan todo cuanto se encuentre a 3 millas náuticas (5.56 kilómetros) de la costa. Más allá, es territorio federal.

El primer arrendamiento federal, a unos 15 kilómetros de la costa de la ciudad de Carpintería, fue otorgado en 1966 a Phillips Petroleum, Continental and Cities Service Oil Co.; dos años después se fugaron 2 mil galones de crudo de la plataforma que Phillips Oil construyó en la parcela. Phillips y el entonces Secretario del Interior, Stewart Udall, aseguraron a los furiosos residentes que jamás volvería a ocurrir un derrame de semejante magnitud.

Vana promesa. En 1969, unos 3 millones de galones de crudo escaparon del campo vecino de otro consorcio, abarcando 57 kilómetros de playa y casi 2 mil 100 kilómetros cuadrados del Océano Pacífico. En una época en que había muy pocos reglamentos ambientales federales para la perforación offshore, tardaron meses en controlar el derrame. La explosión causada por la perforación fue tan poderosa que fracturó el fondo marino en cinco lugares. Miles de aves, focas y delfines murieron envenenados, y la región costera, dependiente del turismo, quedó devastada económicamente.

En 2015, los residentes de Santa Bárbara revivieron su peor pesadilla cuando se rompió el oleoducto All Plains American Y regó la Playa Estatal Refugio. Más de 20 mil galones de crudo contaminaron el océano.

El Presidente Donald Trump ha sido terminante en su intención de aumentar la perforación offshore, y en abril, el Secretario del Interior, Ryan Zinke, anunció que “todo está en la mesa”, incluso el Pacífico. Durante un evento privado para la Fundación Young America, en el Centro Rancho Reagan de Santa Bárbara, dijo a los invitados que estaba a punto de aumentar la perforación offshore en aguas federales de la costa californiana. El 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva y revocó los límites a la perforación offshore en el Atlántico, el Ártico y el Pacífico; y ordenó a Zinke que revisara el plan a cinco años impuesto por el Presidente Barack Obama, el cual obstruye la venta de nuevos arrendamientos federales en aguas californianas hasta 2022.

La mayor parte de las reservas frente a la Costa Oeste yacen en el Canal de Santa Bárbara. La Presidencia de Trump ha puesto en vía rápida un proceso de solicitud para la venta de nuevos arrendamientos frente a la costa de Santa Bárbara, justo en el lugar donde los derrames de crudo orillaron a expandir las protecciones federales para el ambiente. Tal vez lo que más enfurece a los ambientalistas de Santa Bárbara es que Trump y algunos miembros de su Gabinete tienen lazos financieros con la industria energética de la región, la cual ha hecho enormes inversiones para consolidar su influencia en el estado.

Esto se perfila como un momento crucial para las petroleras que hacen negocios offshore en Santa Bárbara.

Si bien el petróleo ha impulsado la política de Estados Unidos desde hace más de 100 años, el cambio climático y las legislaciones de seguridad han limitado la producción.

Tras el derrame masivo de 1969 frente a Santa Bárbara, el Presidente Richard Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y la Administración para la Seguridad y la Salud Ocupacional. En 1971, el Senado presentó lo que se convertiría en la Ley del Agua Limpia. Desde entonces, la costa sur de California ha estado bajo protección federal y estatal, y durante el último periodo de Obama se impusieron límites adicionales.

Pero en la era de Trump ya no aplican las mismas reglas. La industria del petróleo, que el año pasado gastó 40 millones de dólares para presionar a los políticos californianos, aportó gran parte de los 107 millones que costó la ceremonia de investidura de Trump este año. Y ahora el Gran Petróleo ambiciona obtener fortunas en el Oeste como si estuviéramos en 1876, el año en que comenzó la bonanza petrolera de California.

Han transcurrido 30 años desde que se aprobara, oficialmente, el último arrendamiento. Hoy hay 43 arrendamientos activos en aguas federales frente al litoral californiano. Y apenas un mes después de la elección de Trump, Exxon Mobil solicitó uno nuevo en el canal. El Departamento del Interior de Zinke actualiza continuamente la lista de candidatos de arrendamiento, muchos de los cuales también se encuentran en la cartera de acciones que Trump declaró en 2016. Uno de ellos es Exxon Mobil, compañía que, hasta enero pasado, estaba al mando de Rex Tillerson: el Secretario de Estado de Trump. Otros incluyen a Freeport-McMoRan, minera en la que Carl Icahn, asesor de Trump, tiene 91.2 millones de acciones clase B; y a Noble Energy, donde Michael Catanzaro -designado por Trump como principal asesor en políticas energéticas- actuó como cabildero.

Harvest Energy (de William Koch) y Koch Industries (propiedad de sus hermanos) también han manifestado interés en construir o arrendar oleoductos en el Canal de Santa Bárbara. William Koch es miembro titular de la Casa Blanca floridana -el resort de Mar-a-Lago-, y el año pasado organizó eventos para recaudar fondos para Trump; sin embargo, durante el periodo electoral, Charles y David Koch hicieron campaña, públicamente, contra Trump. Pero este año parecen haber cambiado de parecer. Los hermanos Koch ejercieron tremenda presión en un esfuerzo exitoso para que el cruzado anti-EPA de Oklahoma, Scott Pruitt, fuera designado en la dirección de EPA; y este año han gastado más de 3 millones de dólares para presionar contra políticas ambientales como la Ley del Aire Limpio. Antes de las últimas elecciones de California, la fundación que financian los Koch, Americans for Prosperity, lanzó una campaña llamada “Already Taxed to the Max” (Ya gravados al máximo) por 15 ciudades y protestó contra los nuevos impuestos contemplados en el presupuesto estatal. Y funcionó. Los hermanos Koch son copropietarios de plataformas petroleras activas en el norte de Santa Bárbara, en un área que Obama designó como santuario marino nacional para el pueblo nativo americano chumash (Devon Energy, Exxon Mobil, Freeport-McMoRan y otras también tienen pozos activos en el área). En su orden de perforación offshore más reciente, Trump prohíbe, además, la designación o expansión de cualquier santuario marino, a menos de que “incluya una contabilización oportuna y completa, por parte del Departamento del Interior, sobre cualquier recurso energético o mineral potencial en el área designada”.

Los ambientalistas están dando pelea.

Cuando Exxon Mobil solicitó un nuevo arrendamiento, el año pasado, el Centro para la Defensa Ambiental y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda contra el Gobierno federal, la cual no reunió los requisitos legales para un análisis ambiental.

Hace poco, el Instituto Estadounidense del Petróleo y DCOR LLC se unieron oficialmente a Exxon Mobil como codemandados. Kristen Monsell, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, califica de “doblemente inquietante” la falta de programas federales para estudiar los riesgos del fracking offshore. Señala que cada fractura hidráulica offshore “incrementa el riesgo de envenenar nuestro océano, y ese riesgo hoy podría extenderse por nuestra costa si la presidencia de Trump abre las aguas litorales de California a nuevos arrendamientos de crudo y gas”.

Aún más perturbador: para incrementar la perforación, las compañías no siempre necesitan obtener arrendamientos adicionales. Las nuevas tecnologías permiten que los operadores con arrendamientos existentes utilicen la perforación direccional desde las plataformas instaladas para abrir más pozos. Los federales no han tenido gran control en esto, ni siquiera bajo la Presidencia de Obama.

Documentos que el Centro para la Defensa Ambiental obtuvo mediante una solicitud amparada en la Ley para Libertad de Información revelan que los reguladores federales no tienen idea de dónde ocurrió la perforación offshore ni de cómo es el proceso. El Centro para la Defensa Ambiental acusó a dos dependencias federales -que operan bajo las órdenes del Departamento del Interior- de otorgar 53 permisos para fracking offshore sin antes realizar análisis ambientales ni emitir notificaciones públicas tras el derrame del oleoducto en 2015.

Las presidencias republicanas tienen el hábito de confabularse con el Gran Petróleo. En 2008, The New York Times informó que, bajo el mando del Presidente George W. Bush, empleados del Departamento del Interior fueron “sorprendidos en un escándalo ético de gran escala, que incluyó alegatos de enriquecimiento ilícito, aceptar obsequios de compañías energéticas, uso de cocaína y mala conducta sexual”. El principal abogado defensor del escandaloso departamento fue David Bernhardt, quien luego fue miembro del cabildo del agua durante la sequía de California. Trump buscó a Bernhardt para que contratara a su personal del Departamento del Interior durante la transición. Hoy Bernhardt es Subsecretario del Interior.

De todas las compañías petroleras y energéticas que financiaron las campañas congresistas de Zinke, la mayor donadora ha sido Fidelity National Financial, que tiene una subsidiaria que suscribe los seguros de título de los arrendamientos petroleros offshore. Bill Foley, presidente multimillonario de la compañía, es residente de Santa Bárbara. Foley también es propietario de Fidelity Environmental Solutions, que ha patentado la tecnología del fracking. Shahira Knight, la nueva asistente fiscal de Trump, fue vicepresidenta de Fidelity National Financial, empresa que The New York Times describió como una “máquina de ejecución hipotecaria” en 2008.

El crudo offshore de Santa Bárbara también es un asunto personal para Zinke. Su esposa, Lolita, escritora de editoriales abiertos en Breitbart y colega de Zinke en el personal administrativo de Trump, creció en la región de Santa Bárbara en la época posterior al derrame. Durante los años 60, su medio hermano, el finado Fred Hand Jr., trabajó en Phillips Petroleum, la primera petrolera que provocó un derrame offshore, en 1968, antes del desastre Union Oil de 1969. El año pasado, Zinke ayudó a recaudar fondos para Justin Fareed, candidato congresista republicano de Santa Bárbara, quien lanzó una de las campañas por la Cámara de Representantes más costosas del país. En una imprudencia, Zinke envió invitaciones a un evento de Fareed con Paul Ryan, diciendo a los invitados que fueran “al hogar de Ryan y Lolita Zinke” en Santa Bárbara. Esto provocó un escándalo en Montana, estado natal de Zinke, porque proclamaba que el congresista vivía en California, situación que confirmaron los demócratas al revelar que una de sus dos direcciones en Montana era un bed-and-breakfast. Fareed terminó perdiendo Santa Bárbara ante el demócrata Salud Carbajal quien, este año, presentó dos anteproyectos en la Cámara de Representantes para proteger las aguas del estado contra el fracking offshore.

Mientras trabajaba en el Senado de Montana, Zinke investigó e invirtió en una compañía de tecnología para oleoductos de Santa Bárbara, llamada Save the World Air. Según su declaración de 2013 ante la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, después de que Zinke colaboró con la presentación oficial, Save the World Air llegó a un acuerdo de arrendamiento con la energética Kinder Morgan para trabajar en el oleoducto Dakota Access, que Zinke ha defendido desde hace tiempo.

Para algunos simpatizantes de Trump en Santa Bárbara, el imperativo es la independencia energética.

“Las reservas de crudo en el sur de California tienen un valor mínimo de 750 mil millones de dólares”, afirma Jim Nelson. “Tal vez mucho más”.

Nelson es un ex ejecutivo de Helix Energy, con una silla en la junta directiva de una compañía de investigación de Santa Bárbara, la cual resalta información sobre los riesgos de la filtración natural y los beneficios de una mayor producción en los pozos offshore. “Cuanta mayor sea la producción extractiva, menor será la filtración”, asegura Nelson quien, si bien reconoce que los derrames pueden causar daños, insiste en que la tecnología ha avanzado tanto y las regulaciones ambientales se han vuelto tan estrictas, que no puede volver a ocurrir un desastre. Añade que una mayor perforación ayudará a que disminuya el precio del gas en California, elevando los fondos para la educación.

Nelson tiene muchos conflictos de interés con las petroleras. Dice que también ha estado en las juntas directivas de Quintana Energy y Genesis Energy, ambas asociadas con el heredero petrolero y multimillonario de Dallas, Corbin Robertson Jr., quien ha invertido 950 millones de dólares en reservas de carbón y petróleo. Según una investigación de Steve Mufson, reportero especializado en energía de The Wall Street Journal, cierta vez Robertson invirtió en minas de carbón de Montana y, luego, creó una organización no lucrativa y libre de gravámenes llamada Plants Need CO2, con el fin de financiar, furtivamente, comerciales que transmitió por televisión, en todo el estado, diciendo que “no hay pruebas científicas de que el CO2 sea un contaminante”.

Cinco años después de la difusión de los comerciales, durante un debate congresista en Montana, Zinke declaró: “Las evidencias sugieren, fuertemente, que los humanos han tenido una influencia en el aumento del CO2. Sin embargo, hay evidencias igual de fuertes en el sentido de que otros factores, como la creciente temperatura oceánica, tienen una influencia mayor”.

Zinke obtuvo un título en geología en la Universidad de Oregón, en una época en que la Asociación de Combustibles de Occidente llenaba las bibliotecas de la Universidad de Oregón con documentales seductores, antiambientales y prodióxido de carbono (ahora en YouTube). Los abrumados bibliotecarios archivaron esas filmaciones bajo la descripción indicada en ellas: “El fenómeno ambiental más incomprendido de la década de 1980”.

En abril, Zinke fue al centro de la ciudad de Santa Bárbara para pronunciar un discurso en el Centro Rancho Reagan. Los activistas congregados en el estacionamiento coreaban: “¡Este es el aspecto de la democracia!”, y enarbolaban pancartas que anunciaban, entre otras cosas, “¡Deja fuera el petróleo!”. Algunos letreros -posibles reliquias de los años 60- mostraban imágenes de una cría de foca cubierta con alquitrán.

El mismo día que Zinke se presentó en el Centro Rancho Reagan fue clausurada Holly, una plataforma offshore en aguas estatales; tal vez para siempre. Venoco, la petrolera operadora, se declaró en bancarrota y abandonó la plataforma. Das Williams, supervisor del Condado de Santa Bárbara, atribuye la bancarrota al incumplimiento de All Plains American, el subcontratista acusado, el año pasado, de 46 crímenes por causar el derrame petrolero de Refugio, debido a que no observó los lineamientos ambientales.

“¿Acaso estas petroleras no entienden la ironía?”, cuestiona Williams. “Venoco se fue a la quiebra porque no hay regulaciones ambientales”.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek