"Urge CEDH mejorar seguridad pública en Sinaloa"

La Comisión Estatal de Derechos Humanos urgió al Gobierno de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado a dar certeza de seguridad y disminución de impunidad.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un posicionamiento en el que citaron la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el que se detalla de qué manera se debe actuar cuando hay incidencia delictiva, como salvaguardar la integridad de las personas, prevenir los delitos, perseguirlos de manera inmediata y fortalecer la confianza en la sociedad.

"La recurrencia de hechos delictivos, tanto de alto como de bajo impacto, preocupa a las y los sinaloenses, pues pareciera que la comisión de delitos cobra carta de naturalidad, como si la barbarie con que muchos de ellos se cometen fuese lo normal", indica el posicionamiento.

"La incidencia criminal vulnera todos los derechos humanos, impidiendo o imposibilitando a las personas el ejercicio pleno de los mismos, tanto del orden civil y político, como los económicos, sociales y culturales; restringe el disfrute de las libertades y la realización de sus proyectos de vida, cuestionándose con ello, la vigencia misma del Estado de Derecho".

La CEDH enlistó también una serie de puntos, con los que propone a las instituciones de seguridad cómo fortalecer y mejorar sus mecanismos.

Las propuestas son las siguientes:

1. Derechos de las víctimas.

1.1 El Estado garantizará, mediante la constitución de los fondos presupuestales necesarios, la reparación de daños materiales y morales a las víctimas, con independencia de que se identifique, aprehenda y condene o no al responsable.

1.2 El Estado garantizará la seguridad e integridad física de víctimas y testigos.

1.3 Las instituciones públicas de salud y de asistencia social apoyarán a las víctimas en la atención, cuidado y recuperación de su salud.

1.4 El Estado garantizará la atención y apoyo inmediato a los grupos y personas que las condiciones de inseguridad obligan a desplazarse de sus lugares de origen.

2. Prevención del delito, procuración e impartición de justicia y lucha contra la impunidad.

2.1 Los Ayuntamientos revisarán y actualizarán los Bandos de Policía y Gobierno, como instrumentos principales de prevención del delito y sanción de conductas antisociales.

2.2 Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial revisarán la norma y la aplicabilidad del proceso penal acusatorio y oral, para corregir las fallas que propician la liberación de presuntos responsables, así como para fortalecer y viabilizar el respeto a los derechos de las víctimas.

2.3 Las instituciones públicas de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia deben fortalecer su capacidad de respuesta inmediata, elevar sustancialmente su eficiencia y eficacia, traducidas en la disminución de los índices delictivos, la detención, ejercicio de la acción penal y condena de los responsables de los delitos. Los elevados índices de impunidad, es decir, de los delitos sin investigación y de responsables sin castigo, es causa principal del incremento de la actividad delictiva.

2.4 Fortalecer los cuerpos policiales mediante la incorporación de nuevos elementos hasta alcanzar los estándares de número de policías por cada 100 mil habitantes recomendados por organismos internacionales, dotándolos del equipamiento mínimo indispensable y mejorando la capacitación técnica, científica y legal de sus agentes. El reforzamiento de las tareas de inteligencia contra la delincuencia debe ser prioridad de realización inmediata.

2.5 Abatir la negligencia y corrupción en las instituciones de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, erradicando la impunidad que beneficia a agentes de policía, agentes del Ministerio Público y juzgadores.

2.6 Las víctimas de policías fallecidos en cumplimiento del deber recibirán, en breve plazo, la pensión que les corresponda en los términos fijados por los ordenamientos legales correspondientes.

2.7 La restauración y activación inmediata de los sistemas de videovigilancia en al menos las principales ciudades del Estado.

2.8 El derecho al acceso a la justicia debe ser otra prioridad. Los centros de justicia deben estar al alcance de todos los sinaloenses. A nadie debe inhibirse su derecho a exigir justicia ni obligarse a recorrer grandes distancias para acceder a los órganos de procuración e impartición de justicia y hacer efectivo su derecho a la justicia pronta, completa e imparcial.

2.9 La Fiscalía General del Estado integrará un equipo de investigadores y de trabajo pericial para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

2.10 La prevención de la violencia de género exige que sin dilación se materialicen las acciones propias derivadas de la “Alerta de violencia de género”.

3. Políticas públicas de orden económico y social para frenar la criminalidad y la violación de derechos humanos.

3.1 Fortalecer la economía local mediante la inversión pública productiva como vía de reactivación de diversos sectores de la economía y del empleo.

3.2 Mejorar la calidad de la educación pública mediante la rehabilitación de las instalaciones físicas, la actualización de los planes y programas de estudio, el equipamiento técnico-didáctico, la procuración de condiciones que propicien la igualdad entre los educandos y la apertura de oportunidades de estudio para todas las niñas, niños y adolescentes que lo deseen. Qué la educación sea un instrumento de inclusión social.

3.3 El respeto a la vida, a la integridad física, al patrimonio, la dignidad, la tolerancia, la justicia y la igualdad deben ser, entre otros, los valores que se fomenten y practiquen.

3.4 Todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno, deben asumir políticas públicas de mejora sustancial de los servicios que a cada una en su ámbito corresponda, para mejorar la calidad de vida y bienestar de la población.

3.5 Atender con la prontitud que las circunstancias exigen la problemática del campo y la pesca.