"Urgen a discutir el conflicto de interés"

Los contratos que Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, otorgó a empresas que él fundó o a empresas relacionadas con su socio Luis Javier Salido Artola, urgen a discutir qué se debe hacer con el posible conflicto de interés, señaló Norma Sánchez.

La directora de la organización Iniciativa Sinaloa dijo que el caso que documentó Noroeste debe servir como ejemplo para que se investigue y castigue desde el Sistema Estatal Anticorrupción.

“No nos habla más que de la urgencia que tenemos de discutir en la agenda pública el tema de conflicto de interés, y el tema también de hasta dónde la Auditoría Superior del Estado está ejerciendo en facultades que realmente impactan en el comportamiento de los funcionarios públicos”, expresó.

COBERTURA DE LOS NEGOCIOS EN SALUD

“Si en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción no logramos que se establezcan medidas que prevengan y sancionen actos de corrupción, haciendo que éstos no se vuelvan a repetir nuevamente, como en este caso sucedió con los contratos otorgados a sus propias empresas del ex Secretario de Salud, entonces va a ser un fracaso el Sistema”.

Noroeste documentó que durante la gestión de Echeverría Aispuro se hicieron 29 contratos a empresas que el entonces Secretario de Salud fundó antes de ocupar dichos cargos o que otorgó a sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra, por un monto de 87 millones 243 mil 290 pesos.

Además, la Secretaría de Salud,en la gestión de Echeverría Aispuro, utilizó fondos federales presupuestados para invertir en infraestructura y servicios de salud para otorgarlos al empresario Salido Artola, a través de competencias simuladas.

En total fueron 25 contratos de obra pública soportado con fondos de Salud Pública para una red de empresas que posee la familia Salido Artola, cuyo costo total es de 46 millones 225 mil 807 pesos.

Esos fondos se distribuyeron a cinco sociedades mercantiles: Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart.

En la investigación de Noroeste también se documentó cómo las empresas operaron en competencias simuladas.

Sánchez señaló que por el caso documentado surgen distintas interrogantes, como quién está investigando las posibles irregularidades, en cuánto tiempo se van a ver sanciones para quienes cometieron esos posibles actos de corrupción y quién va a decir que hubo actos de corrupción.

El Sistema Estatal Anticorrupción

El caso de Ernesto Echeverría, señala Norma Sánchez debe trascender como objeto de inicio para el Sistema Estatal Anticorrupción, para que se asegure que éste funcionará conforme a las disposiciones que han hecho organizaciones civiles.

“Si todos estos actos que se cometieron desde la Secretaría de Salud no terminan en una sanción y en medidas que prevengan que no se vuelvan a repetir, entonces el Sistema Anticorrupción ha sido un fracaso”, dijo la directora de Iniciativa Sinaloa.

“Es un momento de empezar a reflexionar y empezar a presionar y a empujar desde los grupos ciudadanos, para que los funcionarios que tienen cargos en el Sistema Estatal Anticorrupción atiendan el tema de conflicto de interés”.

ASÍ LO DIJO

“(Caso Echeverría) No nos habla más que de la urgencia que tenemos de discutir en la agenda pública el tema de conflicto de interés”.

Norma Sánchez

Directora de la organización Iniciativa Sinaloa