Jorge Aguirre Meza: ‘Archivo muerto’

"Ejemplo de una de las más deficientes investigaciones en Sinaloa, el expediente sigue confinado al olvido por la nula voluntad de la PGJE por reforzar, reabrir y reorientar el caso del crimen del abogado ocurrido hace 9 años"

El 27 de enero de 1999, a unos días de haber llegado a la Gubernatura, Juan Millán Lizárraga fue “recibido” con el crimen del ex director de la policía municipal de Navolato, Jorge Aguirre Meza.
“Me están calando”, dijo Millán Lizárraga para justificar ante la opinión pública lo que la historia lo marcaría como uno de los Gobiernos con mayor impunidad en casos de alto impacto.
La desafortunada frase del ex Mandatario ha pasado a la historia, como ha pasado a la historia la impunidad que ha permeado el caso.
A la fecha, a ninguno de los cuatro individuos que fueron acusados inicialmente se les pudo acreditar su responsabilidad y participación en el asesinato, beneficiados por las deficiencias en la investigación.
En el expediente 45/2000, al cual Noroeste tuvo acceso, la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a Víctor Manuel Contreras Espinoza, "La Tamalera"; Rafael Ureta León, Juan Emilio Yee Compeán y Óscar Valentín Sánchez Espinoza como los autores intelectuales y materiales del homicidio.
Por el crimen, nadie está en la cárcel y legalmente poco se ha hecho para “revivir” el caso y recomponer las pesquisas que mantienen sepultado en el “archivo muerto” el asunto.
El único móvil que se estableció fue la supuesta venganza de "La Tamalera" hacia Jorge Aguirre Meza por haberlo detenido en el panteón de Altata el 2 de noviembre de 1997.
Las actuaciones ministeriales del proceso revelaron la manipulación de un testigo clave, la invención de declaraciones y torturas hacia los acusados, irregularidades que en los tribunales echaron abajo el proceso y debilitaron la “línea”.
Actualmente, el crimen sigue siendo una deuda para la familia y la sociedad; legalmente la PGJE no tiene, aunque puede hacerlo, intenciones de insistir en la búsqueda de más pruebas para revivir y reactivar el caso.

HACE 9 AÑOS
Después de dar clases en la preparatoria de la UAS de Navolato, Jorge Aguirre Meza regresaba a su domicilio ubicado en la calle Cerrada Macario Gaxiola, ahora inscrita con su nombre, en el sector Centro de Navolato.
A las 20:15 horas del 27 de enero de 1999, en su camioneta Dodge Ram verde, Aguirre ingresaba por el callejón, seguido por un Stratus gris con vidrios polarizados.
Dos sujetos vestidos de negro y con pasamontañas corrieron detrás de la unidad del abogado y uno de ellos golpeaba la ventanilla del conductor con un rifle AK-47, gritándole a Aguirre "¡bájate, bájate!".
Aguirre inútilmente trataba de evadir al tipo armado en ese callejón sin salida, dándole a su camioneta hacia adelante y atrás. Ahí fue acribillado.
Los testigos que comparecieron ante la agencia segunda del Ministerio Público de Navolato, que inició la averiguación previa 206/1999, no aportaron datos claros para identificar a los asesinos; el caso no avanzó durante casi dos meses.
Pedro Pérez López, entonces Jefe de Investigaciones de la PME y actualmente preso por sus vínculos con el Cártel Carrillo Fuentes, retomó las primeras pesquisas y remitió partes policiales en los que “habitantes de Navolato” hablaban de que Víctor Manuel Contreras Espinoza, “La Tamalera”, y otros individuos que Aguirre había detenido en el operativo del panteón de Altata eran los posibles responsables del crimen.
Los pocos logros orillaron al entonces procurador Gilberto Higuera Bernal, quien hasta 2007 fuera Subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, a designar como fiscal especial al extinto Jorge Valdez Fierro, asesinado en febrero de 2007 siendo jefe de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la PGJE.

TESTIGO ENGAÑADO
José Rolando Cordero Pacheco, un joven de 18 años que en 1999 estudiaba en el Cobaes de Navolato, aparece en el caso como único testigo clave que “sustentó” los señalamientos contra los implicados.
El adolescente fue la salida desesperada de la PGJE para resolver el caso que representaba un reto para la institución por la fuerte presión social, la exigencia de justicia por la familia, las críticas de colegios de abogados y los representantes de los derechos humanos.
A la cabeza de las primeras investigaciones, el ex comandante de la PME Pedro Pérez López, interrogó a Cordero Pacheco, a quien hizo comparecer ante el Ministerio Público el 26 de febrero de 1999.
En su declaración, Cordero no aportó ningún elemento para establecer responsabilidades directas contra nadie y sólo admitió haber visto a Jorge Aguirre ingresar al callejón en su camioneta.
En su primera declaración, dijo que esa noche estaba en la casa de su novia y ambos salieron a cenar a una taquería cercana a la preparatoria.
Ninguno identificó a los encapuchados y sólo señalaron haber escuchado disparos; al regresar, observaron mucha gente y policías.
Al enterarse de lo ocurrido, Cordero se fue a su domicilio en la colonia Alcanfores.
Un año y 4 días después, el 1 de marzo de 2000, ante el fiscal especial apareció una segunda declaración de Cordero Pacheco, cambiando su versión de los hechos.

NUEVA VERSIÓN
En su nueva versión asentada en el proceso penal, Cordero Pacheco señaló que el día del crimen de Aguirre, al caminar hacia su casa observó que en la entrada a Navolato, a un lado del ingenio observó a Juan Emilio Yee Compeán en un auto.
Ese señalamiento sirvió para que el fiscal sustentara la acusación contra el ex comandante de la PME, quien desde un día antes ya había sido detenido junto con Rafael Ureta León.
Ambos fueron apresados con motivo de un parte informativo sustentado en testigos ficticios.
El informe policial de fecha 28 de febrero de 2000, con número de foja 1650, señala que los autores intelectuales del homicidio de Jorge Aguirre Meza, eran Víctor Manuel Contreras Espinoza y Rafael Ureta León.
Basándose en la supuesta versión, los "testigos" no identificados afirmaron también que los autores materiales eran Juan Emilio Yee Compeán, Óscar Valentín Sánchez Espinoza, una persona de nombre "Yovanni" y otras dos personas de aspecto sureños.
El documento advertía también que también intervino Hugo Palazuelos, un agente de la antigua Policía Federal de Caminos, asesinado el 24 de diciembre de 1999 en las cribas de Culiacancito.
"La intervención de éstos consistió en preparar el homicidio de Jorge Aguirre, estudiando y dando seguimiento a los movimientos de las actividades de éste", indica el parte informativo.

'VERDAD' MOMENTÁNEA
La noticia del arresto de los implicados "estremeció" las esferas de la sociedad y el entonces procurador Gilberto Higuera Bernal presumió la eficiencia de la justicia.
Pero no terminaban de resolver la consignación de los dos implicados cuando afloraron las dudas sobre las detenciones debido a que los supuestos asesinos permanecieron incomunicados, privados de su libertad y sometidos a torturas en un motel durante dos días, según denunciaron al rendir su declaración preparatoria.
El mismo 1 de marzo de 2000, los dos supuestos homicidas fueron consignados al Juez Penal de Navolato que el 6 de marzo les dictó formal prisión y emitió órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Contreras Espinoza, “La Tamalera”; y Óscar Valentín Sánchez Espinoza.
Una semana después, los presos fuero trasladados al IRSS de Culiacán y el caso turnado al juzgado cuarto que inició el proceso 45/2000.
En un careo realizado entre Cordero Pacheco y los acusados, el testigo clave se retractó de sus declaraciones y negó haber identificado a Yee Compeán como uno de los que participaron en el crimen.
En la diligencia, admitió que cuando declaró fue dado de alta en la PME y que en ese momento ya era agente activo de la corporación.
Hasta agosto de 2003 decidió voluntariamente darse de baja en la corporación para irse a vivir a Guadalajara.

DERROTAS Y FRACASOS
El 17 de diciembre de 2001, se dictó sentencia condenatoria de 12 años, 10 meses y 24 horas de prisión a Juan Emilio Yee Compeán y Rafael Ureta León al encontrarlos responsables del homicidio.
Los abogados de los probables asesinos promovieron juicios contra la pena carcelaria y finalmente el 28 de junio de 2002, la primera sala penal del STJE resolvió revocar la sentencia y ordenó la inmediata libertad de Yee Compeán y Ureta León tras 2 años y 4 meses de encarcelados.
Un año antes, el 16 de febrero de 2001, otro de los implicados, Óscar Valentín Sánchez Espinoza, obtuvo un amparo del Juzgado segundo de distrito y la orden de arresto en su contra fue cancelada.
También, luego de más de 3 años de una lucha legal que empezó el 6 de agosto de 2002 en los juzgados federales y tribunales colegiados, Víctor Manuel Contreras Espinoza logró echar abajo la orden de aprehensión que había en su contra.
Actualmente, “La Tamalera” se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad en la capital del país por delitos de portación de arma de fuego.

TERQUEDAD OFICIAL

A pesar de que en las actuaciones ministeriales del caso se recabó información que fue desdeñada y pudo abrir posibilidades de establecer otros móviles y probables responsables, la PGJE centró su visión en la “línea” de Altata.
El fiscal recabó indicios de las amenazas que Aguirre recibió luego de encabezar el operativo en el que fue arrestado “La Tamalera”.
En esos mismos hechos fueron apresados el ex comandante de la entonces Policía Judicial del Estado Juan Emilio Yee Compeán, Gabriel Tiburcio García, "El Bucho"; Armando Quiñónez Valenzuela, "El Becerro"; y Jesús Ramón Torres Navarro, "El Chuletas".
En el proceso 45/2000, existen testimonios de los policías que participaron en el operativo que encabezó Aguirre como director de la corporación, quienes señalaron que "La Tamalera" ofreció 500 mil pesos para que lo dejaran en libertad, pero la oferta fue rechazada.
Las declaraciones de los policías advierten que ya en las celdas de la Cárcel Municipal de Navolato, "La Tamalera", amenazó de nuevo a Aguirre, a quien se dirigía como "pinche rengo", en alusión a sus secuelas de poliomielitis, a la vez que le advertía que lo mataría y que se lo iba a chingar.
Esa misma noche, "La Tamalera" y sus cómplices fueron consignados a la Procuraduría General de la República junto con un fusil AK-47, dos subametralladoras Uzi, dos pistolas 38 súper y una pistola 9 milímetros.
Familiares de Aguirre revelaron que al día siguiente iniciaron las amenazas, inquietando al entonces jefe policiaco.
El Alcalde Marcos César Almaral se molestó con Aguirre por las detenciones y desde entonces el Edil lo relegó de sus funciones, le restringió el teléfono celular, la gasolina para las patrullas, hasta que finalmente lo cesó.
Cuatro meses y cuatro días después, y luego de pagar una fianza de 50 mil pesos, el 6 de marzo de 1998, Contreras Espinoza salió libre junto con Yee Compeán, "El Bucho" y "El Becerro".

Mañana:
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