Vizcarra, donativos y capital social

"Vizcarra, donativos y capital social"

Martín Amaral

El pasado affaire (el último fue comprometerse a aplicar el bando de policía a los narcos enloquecidos) del alcalde Jesús Vizcarra en torno al subsidio con dinero del Ayuntamiento para la operación de un programa de análisis clínicos y que incluye a una organización no gubernamental llamada Salud Digna, Institución de Asistencia Privada (IAP), creada por él mismo antes de llegar al Ayuntamiento de Culiacán, dejó en la opinión pública la percepción de que la transferencia de recursos públicos a este tipo de organismos civiles es algo que colinda con lo ilegal.
Conviene aclarar que no es así: apunto que en el caso particular de Vizcarra-Salud Digna se trata más bien de una asignación manchada por la falta de sutileza de un empresario metido a político que aún no aprende a distinguir las diferencias entre las esferas pública y privada, y sobre todo de desaseo instrumental por parte del cabildo. No es un acto ilegal. Es un error de cálculo.
Pero ello no pasaría de ser un mero episodio de un alcalde atrabancado si no involucrara una práctica que es moneda corriente en el mundo: apoyar con recursos fiscales a organismos civiles que realizan acciones compensatorias o afirmativas en temas urgentes como alimentación, salud o educación a grupos sociales excluidos o vulnerables.
Ese es el telón de fondo del affaire que ya nadie recuerda. ¿Es correcto transferir dinero fiscal a organizaciones privadas de asistencia y promoción social? ¿Cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC's en adelante)? ¿Cómo lo hacen otros gobiernos?
Trataré de contextualizar:

Capital social
Como demuestra el sociólogo Robert Putnam, al igual que otras formas de capital, el capital social no es gratuito: requiere inversión.
Putnam define capital social como "las conexiones entre individuos-redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza que resultan". De acuerdo con el Banco Mundial "cada vez existen mayores pruebas que muestran que la cohesión social es crítica para que las sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sustentable".
El capital social es "el pegamento" para una sociedad, mantiene unidas a las instituciones y facilita la resolución de problemas políticos y la defensa de los derechos humanos.
Un indicador del estado que guarda el capital social es el número de OSC's en una sociedad, las cuales son, además, generadoras de mayor capital social. Son conciudadanos ayudándose, es asociacionismo, crean confianza.
Los aportes de las OSC's son un continente apenas develado. En Sinaloa son apenas conocidas sobre todo porque su perfil político es exiguo o inexistente: atienden necesidades pero no saben reclamar derechos. Son conocidas en las colonias y comunidades pobres. Pero el pobrerío no tiene voz en la opinión pública. Sus promotores aún son reacios a anunciar sus logros (o no saben o una caduca ética los inhibe), y cuando lo llegan a hacer los periodistas y jefes de redacción no entienden del tema, reduciéndoles, en el mejor de los casos, a una ínfima nota tacaña o a caritativas damas y señores de sociedad que lavan sus conciencias.
Quizá su importancia se entendería si imaginamos su súbita ausencia: si mañana organizaciones como Cáritas, Másvalidos, GANAC o los bancos de alimentos dejaran de funcionar. De súbito miles de familias sin alternativas demandarían servicios al gobierno que carece de espacios y programas.
Por ello los gobiernos las apoyan: dándoles un marco legal para su actuación y transfiriéndoles recursos financieros. La cuestión es hacerlo de forma ordenada, transparente y pública.
Así lo hace el Gobierno Federal desde hace décadas. A través de sus secretarías y mediante convocatorias públicas. Pero también gobiernos estatales. Para no ir muy lejos, citaré tres casos de éxito de sistemas de apoyos a OSC´s en entidades cercanas y similares a Sinaloa.

Caso Chihuahua
Desde el año de 1990 opera la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), que es un fondo promovido y establecido por los empresarios, con el apoyo del Ejecutivo y Legislativo, para las organizaciones de la sociedad civil.
Fue creado como respuesta a desastres naturales. Se trata de un auto-impuesto aceptado por 38 mil empresarios del 10 por ciento extra del impuesto sobre nómina. Surgió con el aval del sector empresarial y por decreto del ejecutivo, donde el Gobierno Estatal se compromete a recaudar el recurso resultante del auto-impuesto y entregarlo a la Fundación.
Tan sólo de 1994 a la fecha este fondo ha movilizado más de 516 millones de pesos y ha apoyado más de 2 mil 300 programas sociales y obras a través de las OSC's de aquel estado.

Caso Sonora
Desde el año 2004 el Gobierno Estatal mantiene el programa Peso por Peso, mediante el cual aporta un porcentaje importante del monto recaudado por los programas que presenten las OSC´s, que haya sido contribuido por personas físicas o morales ubicadas y radicadas en el Estado de Sonora.
El año de inició aportó18 millones de pesos, pero en 2007 fue casi de 50 millones.

Caso Colima
Operan desde el año 2001 el Fondo de Apoyo Económico para la Sociedad Civil, instituido en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima.
Mediante un mecanismo de apoyo directo donde el Gobierno Estatal aporta hasta el 25 por ciento del presupuesto ejercido por las organizaciones, acreditado en el ejercicio fiscal del año precedente.
Comenzó con 14 millones de pesos en 2001, pero para 2007 aportó cerca de 40 millones. Cabe aclarar que Colima es un estado pequeño, comparable en población y economía a Culiacán.

Caso Sinaloa
La aparición de la figura legal de IAP y su correlato institucional, la Junta de Asistencia Privada, en el año 2001, significó un avance notable de la política pública para las organizaciones de la sociedad civil. Pero desde entonces no ha ocurrido nada importante.
En Sinaloa no hay ningún sistema de apoyos. En la Ley de Egresos de este año sólo aparecen: la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, con 4 millones (que quedaron en 3), la Cruz Roja con 1, los Bomberos con 6, y la abultada aportación al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) de 48 millones 331 mil 599 pesos, cuya utilidad ignoro y que duplica funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.
El año 2007 en la Ley de Egresos aparecía la Fundación Sinaloa Ecoregión con 3 millones, pero en la actual desapareció. Seguramente habrá otros apoyos, pero discrecionales, no enmarcados en programa alguno ni abiertos a convocatoria pública.
¿Apoyar con recursos públicos a organismos civiles? Por supuesto, pero se ocupa que las propias OSC´s asuman un rol político (que no es lo mismo que partidista), se ocupa voluntad política y un sistema transparente y definido por parte de los gobiernos.
Hace unas semanas las OSC´s de la ciudad de Torreón se manifestaron porque les parece insuficiente el fondo de 2.5 millones que el gobierno municipal entrega por convocatoria. En Sinaloa ambas cosas suenan imposibles.

amaralmartin@hotmail.com