2026: las políticas de seguridad que ya no pueden esperar
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 puso el acento en ejes ya conocidos: programas sociales, contención militar del delito y coordinación interinstitucional. No obstante, dejó fuera políticas clave que podrían marcar una diferencia real en la reducción sostenida de la violencia.
En 2026, el Mundial, la renegociación del T-MEC y la visión intervencionista de la política exterior de Trump son acicates y una ventana de oportunidad para corregir estas ausencias.
El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado en tres frentes estratégicos: el fortalecimiento policial, una visión regional de la violencia y una política integral frente a la crisis de personas desaparecidas. Sin embargo, será un año corto, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2027, lo que politizará todo intento de avance técnico en materia de seguridad pública. El tiempo apremia.
La omisión más evidente de la estrategia actual es el fortalecimiento de las policías locales. Sin policías municipales y estatales profesionales, bien pagadas y con capacidades reales de investigación y proximidad social, no existe política de seguridad sostenible. Si bien la Federación puede reaccionar y contener espirales de violencia en alguna entidad, cuando las Fuerzas Armadas abandonen dicha entidad, ésta debe contar con elementos policiales que le permitan adueñarse del territorio y evitar la recaptura por parte de las organizaciones.
La evidencia señala que los territorios con corporaciones policiales estables, con mandos profesionales y controles internos efectivos, logran mejores resultados que aquellos que dependen casi exclusivamente de fuerzas federales.
En 2026 debemos transitar a políticas concretas en materia policial. Éstas pueden resumirse en tres acciones: 1) homologar estándares de reclutamiento y de condiciones laborales; 2) desarrollar la carrera policial -lo que implica invertir en salarios y prestaciones como mecanismo para incentivar la permanencia de los elementos en las corporaciones-, y 3) fortalecer a las unidades de análisis criminal e investigación básica.
Por ahora es complicado hablar de manera seria de estos instrumentos de política pública si los municipios y los estados no cuentan con diagnósticos y métricas que permitan saber siquiera cuál es el número óptimo de policías que requieren para atender la demanda de seguridad. La presencia policial que requiere Michoacán no se parece a la de Tlaxcala, no solamente por su extensión territorial, sino por los mercados ilícitos que las organizaciones disputan.
Otro vacío crítico es la falta de una visión regional de la violencia. La estrategia nacional sigue operando, en los hechos, bajo una lógica administrativista y reactiva por entidad federativa. Mientras tanto, el crimen organizado se desplaza por corredores, mercados ilícitos y regiones funcionales que no respetan fronteras políticas.
La consecuencia ya la conocemos. Intervenciones intensivas en un estado desplazan a los grupos criminales hacia entidades vecinas en las que se resguardan, sin reducir la violencia. De acuerdo con el reporte mensual de Violencia y Pacificación de México Evalúa, este fenómeno se observa con claridad en la región de Tierra Caliente y en el noreste del País a partir de la ruptura del Cártel de Sinaloa.
En 2026 se puede implementar una adecuada visión regional sin crear nuevas burocracias. Una acción concreta es convertir las actuales mesas estatales de seguridad en mesas operativas entre estados colindantes con alta violencia, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco y Michoacán o Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Hoy estas mesas existen, pero funcionan de manera aislada y con diagnósticos fragmentados. El cambio no es institucional, sino operativo: compartir inteligencia en tiempo real, definir objetivos regionales medibles (reducción de homicidios, desarticulación de células específicas) y ejecutar operativos simultáneos que impidan el desplazamiento del crimen de un estado a otro.
Con metas comunes, responsables claros y evaluación trimestral, la cooperación regional dejaría de ser retórica y se convertiría en una herramienta para romper equilibrios criminales que hoy se sostienen precisamente por la fragmentación institucional.
La crisis de personas desaparecidas sigue siendo tratada como un problema colateral, cuando en realidad es uno de los indicadores más graves de la descomposición social y del debilitamiento del Estado de derecho.
A esta omisión se suma una forma persistente de violencia institucional contra los colectivos de madres buscadoras. Las hostilidades, ejercidas desde el propio Gobierno, van desde la descalificación pública y la criminalización simbólica, hasta la simulación administrativa y el abandono operativo. El Estado ha optado por administrar el problema de la desaparición de personas antes que resolverlo, trasladando a las familias la carga material de la búsqueda.
En ese contexto, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ha funcionado más como un marco declarativo que como una herramienta eficaz. El protocolo estandariza procedimientos, pero no garantiza capacidades: no asegura personal suficiente, presupuesto, acceso real a bases de datos ni coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda y fiscalías. Tampoco corrige la subordinación de la búsqueda a la lógica penal de las carpetas de investigación, ni establece consecuencias claras para las autoridades que incumplen. Así, la búsqueda se fragmenta, se vuelve burocrática y termina reducida a reportes y formatos que se ciñen al requisito, pero fallan en resultados.
La oportunidad para 2026 está en romper con un enfoque meramente procedimental y, también, con la dependencia acrítica del homicidio doloso como principal indicador de violencia. En amplias regiones del País, este dato ha dejado de reflejar la dinámica real del control criminal del territorio: cuerpos que no aparecen no cuentan como homicidios, aunque el ejercicio de la violencia sea el mismo.
Las desapariciones forman parte de una estrategia deliberada para reducir visibilidad, disciplinar comunidades y administrar el miedo sin detonar alertas estadísticas. Persistir en medir la violencia únicamente a partir de homicidios no sólo distorsiona el diagnóstico, sino que incentiva la simulación.
Por ello, en 2026 resulta indispensable unificar criterios de clasificación y registro entre homicidios, desapariciones y hallazgos forenses, de modo que los datos sean comparables y permitan análisis territoriales consistentes. Se debe, además, fortalecer a las comisiones de búsqueda con recursos reales y autonomía operativa. Vincular la política de desapariciones con la estrategia de combate al crimen organizado no es opcional, es imprescindible. Las desapariciones son un problema humanitario, una expresión de economías criminales y de la erosión del Estado en amplias regiones del País.
El año 2026 debe ser un punto de inflexión. La evidencia demuestra que sin fortalecimiento policial, sin una visión regional de la violencia y sin enfrentar de manera integral la crisis de personas desaparecidas, la estrategia de seguridad seguirá administrando la violencia en lugar de reducirla. La diferencia no está en diagnósticos adicionales, sino en voluntad política y capacidad de implementación.
Si la administración 2024-2030 aprovecha las oportunidades del año en curso, podrá heredar un andamiaje institucional sólido y robusto para continuar pacificando el País -una herencia institucional que el actual Gobierno no recibió al inicio de su mandato.
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Los autores son Armando Vargas (@BaVargash), coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa, y Yair Mendoza (@yair_mendozacg), investigador del mismo.