A las niñas les debemos algo más que sobrevivir
Hablar de violencia contra mujeres suele conducirnos a cifras que estremecen. Pero cuando hablamos de violencia contra niñas y adolescentes, el estremecimiento debería convertirse en urgencia. Ellas cargan con una violencia más silenciosa, más normalizada y muchas veces más difícil de denunciar. La violencia contra niñas y adolescentes no puede seguir viéndose como “un problema de otros”. Es un reflejo de nuestras fallas colectivas
Cada día, niñas y adolescentes en todo el mundo enfrentan violencias que nunca debieron existir: físicas, sexuales, psicológicas, institucionales, digitales. Es una realidad tan extendida que muchos la aceptan con naturalidad. Pero no por habitual deja de ser una injusticia aterradora. Este sufrimiento no solo marca vidas individuales, erosiona sociedades enteras al negar a las niñas su derecho más básico: vivir seguras y libres.
Hablar de violencia contra mujeres suele conducirnos a cifras que estremecen. Pero cuando hablamos de violencia contra niñas y adolescentes, el estremecimiento debería convertirse en urgencia. Ellas cargan con una violencia más silenciosa, más normalizada y muchas veces más difícil de denunciar. En muchos países —y México no es la excepción— crecer siendo niña implica vivir entre riesgos que no eligieron, que no entienden y que no debería enfrentar ninguna persona.
Aunque el mundo ha avanzado en leyes, convenciones y discursos de igualdad, las niñas siguen siendo quienes más sufren violencias vinculadas a su género. La mezcla de edad, dependencia, desigualdad y discriminación las coloca en una de las posiciones más vulnerables de cualquier sociedad.
Datos recientes del Inegi son contundentes. En 2022 se registraron 59,141 delitos cometidos contra niñas y adolescentes mujeres de 0 a 17 años. Es una cifra que por sí sola debería alarmarnos, pero su proporción es todavía más grave: equivale a una tasa de 305.6 delitos por cada 100,000 niñas y adolescentes, casi el doble de la tasa registrada para los varones del mismo rango de edad, que fue de 150.8.
Esta diferencia no se explica por azar. Revela algo estructural: la violencia afecta más a las niñas por el hecho de ser niñas.
En ese mismo informe, el Inegi registró que dentro de los delitos sexuales denunciados, el delito de violación alcanzó su cifra más alta en víctimas niñas de 10 a 14 años, con 4,197 casos, frente a 884 casos en varones. Es un dato devastador: justo en la etapa en la que deberían estar construyendo su identidad, descubriendo el mundo y desarrollando autonomía, miles de niñas en México están denunciando violaciones.
Otros delitos —abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, corrupción de menores, violencia familiar— muestran el mismo patrón: las víctimas son mayoritariamente mujeres, incluso desde edades muy tempranas. El mensaje es claro: la violencia de género no inicia en la edad adulta, se gesta desde la infancia.
Y estas cifras solo reflejan los casos que llegan a denunciarse. Los expertos coinciden en que los delitos sexuales contra niñas tienen una enorme cifra negra. Muchas víctimas no hablan por miedo, dependencia económica, normalización de la violencia, culpa inducida o falta de protección institucional. Lo que vemos, por duro que sea, es apenas la superficie.
A veces la conversación pública presenta la violencia contra niñas como una colección de tragedias individuales. Pero la magnitud, persistencia y repetición de los datos obligan a entenderla como un fenómeno sistémico.
Sistémico, porque ocurre en casa, en la escuela, en la comunidad, en Internet, en el transporte y en instituciones que deberían proteger. Sistémico, porque los agresores suelen ser personas cercanas. Sistémico, porque no todas las niñas cuentan con redes de apoyo, acceso a servicios de salud mental o canales seguros de denuncia. Sistémico, porque la impunidad es elevada y la respuesta de las autoridades es todavía insuficiente.
Pero también es sistémico porque está sustentado en creencias y prácticas profundamente arraigadas que minimizan las experiencias de las niñas, cuestionan su palabra y restan importancia a su bienestar. Y eso se traduce en una violencia que se hereda, se aprende y se normaliza.
Las consecuencias de la violencia contra niñas y adolescentes no se limitan a los hechos traumáticos. Afectan su salud física y emocional, su rendimiento escolar, su autoestima, su capacidad de confiar en otros, su autonomía económica y su proyecto de vida.
Una niña violentada no solo enfrenta un daño inmediato; enfrenta una desigualdad ampliada. En un país donde millones de niñas ya viven en condiciones de pobreza, la violencia se convierte en una segunda condena. Reducir la violencia no es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de justicia intergeneracional.
La protección de las niñas no puede depender únicamente de políticas públicas —aunque éstas sean imprescindibles. También requiere que todas y todos hagamos una introspección profunda y nos cuestionemos: ¿qué mensajes transmitimos sobre el cuerpo de las niñas?, ¿qué silencios sostenemos cuando sospechamos de una agresión?, ¿qué normalizamos en casa, en la escuela, en el barrio?, ¿qué exigimos (o dejamos de exigir) al Estado?
La violencia contra niñas y adolescentes no puede seguir viéndose como “un problema de otros”. Es un reflejo de nuestras fallas colectivas.
Organizarnos como sociedad es una responsabilidad irrenunciable. Con base en nuestra experiencia en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, desde Save the Children insistimos en que la prevención de la violencia de género debe comenzar mucho antes de que las agresiones ocurran.
En este esfuerzo, hemos desarrollado espacios de diálogo con niñas, niños y adolescentes para reflexionar sobre los estereotipos de género, cuestionar la desigualdad que los sostiene e identificar situaciones de riesgo que suelen normalizarse en la vida cotidiana. También impulsamos clubes y espacios comunitarios donde se abordan, de manera accesible y segura, distintos tipos de violencias basadas en género, así como las rutas de protección disponibles en cada territorio. Estas iniciativas buscan fortalecer habilidades socioemocionales, brindar acompañamiento y promover entornos donde las niñas y las adolescentes puedan expresar lo que viven sin miedo a represalias.
Sin embargo, ningún esfuerzo comunitario, educativo o social es suficiente por sí solo. La magnitud del problema exige políticas públicas sostenidas, instituciones especializadas, investigación de calidad y sistemas capaces de garantizar acceso real a justicia y reparación. Mientras estos elementos no se articulen con la misma fuerza con la que opera la violencia, las intervenciones seguirán siendo importantes, pero insuficientes frente a un fenómeno que requiere transformaciones estructurales.
Cada número del Inegi representa una vida marcada. Cada caso no denunciado es un silencio impuesto. Cada niña que vive con miedo es un recordatorio de que la deuda no está saldada.
Pero también, cada niña que encuentra refugio, que es escuchada, que accede a información, que recibe apoyo, que participa, que recupera seguridad —es un recordatorio de que las sociedades pueden sanar.
La pregunta crucial es: ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que ninguna niña vuelva a enfrentar una violencia que pudo evitarse?
Porque ninguna sociedad puede considerarse justa si sus niñas siguen viviendo con miedo. Y ningún futuro puede construirse sobre la vulneración de quienes deberían estar más protegidas.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.