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Como consecuencia del desarrollo de nuestro sistema democrático han surgido una serie de organismos autónomos que le han dado sustento a la participación ciudadana, desde la organización de los procesos electorales a la vigilancia del quehacer gubernamental, así como la intervención en el equilibrio de temas como la competencia entre entidades económicas en su relación contractual con el gobierno. Y otras más, cuya función es la evaluación de resultados en la economía y la educación.

Es de todos sabido, por ejemplo, que a través del Instituto Nacional Electoral (INE) la organización y realización de los procesos electorales se le ha dado una mayor certeza jurídica a las elecciones de encargos de representación popular y que por medio del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quién así lo decida, puede conseguir información documentada acerca de las acciones de gobierno, y no sólo eso, también sirve de instancia para recibir quejas de los ciudadanos si alguna dependencia o funcionario de Gobierno hacen uso público de sus datos personales.

Y así como los entes citados hay otros más, los cuales, indiscutiblemente son espacios abiertos para la participación ciudadana y que, de alguna manera, revisten una clase de contrapesos a las decisiones gubernamentales, en virtud de lo cual, bajo una óptica centralista el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el de su sucesora, apoyados por las bancadas legislativas de los partidos afines al llamado movimiento de la 4T, próximamente, los desaparecerán y en la mejor de las suertes, estarán bajo el control de las secretarías de Estado de la materia de la que se trate. Por ejemplo, el INAI quedaría bajo el control de la Secretaría de la Función Pública, y en cuanto al INE, la conformación de su estructura, sería intervenido por el Gobierno, y en una de esas, lo ubican bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación.

Dichos planes gubernamentales, a los cuales se adosa el despanzurre del Poder Judicial, obedecen a conductas de un sistema de gobierno engolosinado en su poderío, y el cual, considera que de ninguna manera puede sometérsele a contrapesos, evaluaciones o a la injerencia ciudadana. A corto plazo, tendremos la evaluación de los daños que provocarán las reacciones viscerales nacidas de una venganza política de los que hoy gobiernan al País, para los cuales, la historia nacional se empieza a reescribir a partir del 2018.

Lo hasta aquí comentado ha sido ampliamente divulgado, pero de lo que poco se ha hablado es acerca de la suerte que le espera a la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), que si bien es cierto que no es un organismo autónomo como los citados, la óptica gubernamental de la 4T lo tiene en la mira para cambiar su destino, y tal vez, su quehacer, en beneficio de los contribuyentes.

Prodecon es un organismo público descentralizado, con potestad técnica funcional y de gestión, que nació como producto de la reforma fiscal del año 2004, bajo el gobierno del nunca suficientemente criticado Vicente Fox. Dicha procuraduría está al servicio de los contribuyentes, ante la cual, estos pueden elevar sus inconformidades cuando estimen que les vulneran sus derechos y patrimonio, cualquier entidad recaudadora, bien sea el SAT, el IMSS o el Infonavit

Pero la Prodecon no sólo escucha, también puede lograr acuerdos conclusivos en caso de créditos fiscales giradas por las autoridades recaudadoras, evitando con ello, largos y costosos juicios, que en una de esas, pueden resultar con sentencias en contra de los reclamantes.

A pesar de ser una entidad útil para los contribuyentes, el gobierno de la 4T considera que la entidad en comento resulta muy costosa y proyecta, en el mejor de los casos, fusionarla con otro organismo público o en una de esas, desaparecerla pues según su miopía, es fruto de la gestión de los conservadores. ¡Buenos días!