Ahora todo está en manos del Gobernador. Pacto social, con Legislativo y Judicial en off

Alejandro Sicairos
02 abril 2020

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alexsicairos@hotmail.com

 

El Legislativo fue otro poder que se declaró en pausa ayer en Sinaloa, después de que el 19 de marzo el sistema judicial cerró actividades en sus órganos jurisdiccionales, lo cual significa que quedó en manos del Ejecutivo Estatal la responsabilidad de sacar adelante a la población en la actual emergencia sanitaria. Concretamente, depende de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus colaboradores hagan lo correcto mientras los ciudadanos los vigilan escrupulosamente y desean, hoy más que nunca, que no les fallen.

Al instalarse la 63 Legislatura en el segundo período ordinario del segundo año constitucional de funciones, se le notó diezmada e incorpórea, tanto o más que a los sinaloenses que ninguna certeza poseen de cómo les irá en la pandemia por Covid-19. Ningún poder ni tampoco la sociedad y su capacidad de cálculo podrían anticipar qué le espera a una tierra acostumbrada a vencer una y otra calamidad, pero ninguna como la que acecha.

Fue un Congreso orillado a replegarse, en situaciones cuando más se le necesita. En cuanto pudo reanudar el trabajo parlamentario, con sólo 26 diputados presentes al momento del pase de lista, a los pocos minutos establecía la parálisis hasta el 17 de abril, si es que para entonces existen condiciones para reunirse como Pleno. Claro, nos es por voluntad propia que en Sinaloa se inmovilizan dos de los tres poderes constitucionalmente erigidos.

Sin embargo, el debilitamiento institucional ha de sentirse inmediatamente como primer síntoma del coronavirus. Así se mostró por la ausencia en el Congreso del representante del Poder Judicial, y el envío de Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social, cubriendo la inasistencia de Quirino Ordaz, trasluciendo la señal de que la hemiplejia del Estado nada más deja al Ejecutivo como parte funcional del cuerpo de gobierno.

La sesión inaugural del período legislativo ordinario, dada en el encierro de los asambleístas y la dantesca escena de la sana distancia, el saludo precavido y la esterilización de micrófono y podio cada vez que un diputado lo utilizaba, remitió a la población a escenas de filmes que en alguna ocasión consideramos como ficción distópica, no obstante que presenta la cruda realidad actual y la inestimable crisis que viene.
Nada motivador es rescatable de la asamblea parlamentaria de ayer que redundó en el hecho de poderes alterados por circunstancias de fuerza mayor. Si a fuerzas hay que recuperar algo positivo, sería entonces la unanimidad con la cual se avaló todo, como la minuta que envió la Cámara de Senadores para reformar y adicionar el artículo cuarto de la Constitución que hace obligatorios y permanentes los programas en materia de bienestar, e inclusive el acuerdo 56 que convertirá al Palacio Legislativo, quien sabe por cuántas semanas, en otro desierto citadino con más balsas de salvación desinfladas.
Sin público ni periodistas, el cierre temporal de actividades de la 63 Legislatura local escribe un capítulo inédito en la historia moderna del Congreso del Estado. Y lanza a los sinaloenses el reto nodal de convertirse en la única gran fuerza que permanece en la contingencia para enfrentar la pandemia y, más crucial todavía, evaluar lo que el Poder Ejecutivo Estatal, con el adormecimiento de los otros pilares de la gobernabilidad, realice en la contención y atención del Covid-19.
Es la hora en la que el Gobernador Ordaz Coppel ocupa más a la sociedad y ésta a su vez necesita más al Mandatario estatal. En la cohesión popular radica la salida airosa de la emergencia sanitaria; en el Ejecutivo Estatal reside la obligación de hacer todo lo que se deba y pueda, con total transparencia y compromiso, para que ningún ciudadano en riesgo quede fuera de la capacidad de respuesta del aparato público de salud.
Hay que ser reiterativo en que el Gobierno del Estado es el nivel de autoridad que seguirá activo, con sus componentes de atención de emergencias en permanente vigilia, y que encima recibirá la pesada carga de la presión social si acaso las cosas se complican. Cada paso a dar tendrá que ser milimétricamente calculado, apegado escrupulosamente a la legalidad, distanciado de la creencia de que el decaimiento de los demás poderes abre pauta a conductas irregulares.
El poder ciudadano sigue aquí, íntegro, nadie lo olvide. La función en stand by del Congreso y la suspensión en su totalidad de labores en el sistema judicial estatal serán subsanadas con la intervención cívica que es, de acuerdo a la Carta Magna, el mandato popular que está encima de los otros órdenes. Es decir, cuando las instituciones se apagan, resplandece la grandeza de la gente de Sinaloa.

 

Reverso

Lo dirán con sus acciones,
Diputados en cuarentena,
Si se van de vacaciones,
O se suman a la faena.

 

Más como los Coppel

Adrián Coppel Calvo es un empresario que se ha comprometido siempre con las mejores causas de la sociedad sinaloense. Sin hacer ruido, empuja avances estructurales en combate a la corrupción, transparencia, participación social y apoyo a sectores poblacionales vulnerables. Ayer emergió ese ciudadano solidario más que el hombre de negocios, al anunciar la renta de dos hoteles, uno para albergar a pacientes de Covid-19 y otro para proteger a médicos dedicados a atender a enfermos. Más de esos integrantes de la IP necesitan México y Sinaloa en estos tiempos en los que a todos, sin distingos, se nos oscurece el panorama.