Alto a violencia feminicida en Sinaloa
Por cada día que pasa, más víctimas
A partir de su primer día como Gobernadora de Sinaloa, el 26 de agosto, Graciela Domínguez Nava ha mostrado ante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública su preocupación por el alto número de mujeres asesinadas con mayor incidencia en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, al tratarse de un fenómeno extraño, atípico, que se registra en el marco del choque entre facciones del narcotráfico. Esta parte de la narcoguerra debiera ser objeto de estudios profundos que no naufraguen en la tentación de criminalizar a las víctimas.
En las anteriores confrontaciones al seno del Cártel de Sinaloa, sobre todo en las más recientes que fueron contra los hermanos Beltrán Leyva, prolongada durante años con la fase intensa en 2008, y la embestida enderezada para eliminar a los Dámaso López, padre e hijo, de duración breve pero con mayor ímpetu en 2017, no hubo tan fuerte incidencia de feminicidios como ocurre actualmente, guardando las proporciones entre tales conflictos.
En septiembre, el mes en que la violencia privó de la vida a 26 mujeres, 23 de estos hechos tipificados como feminicidios, el tema ha estado presente en las instancias de alto nivel tanto militares como civiles, que tienen a su cargo recuperar la seguridad pública en la franja de crimen atroz que abarca de Culiacán a Escuinapa, sin embargo, las acciones de tratamiento son las mismas que se establecen para el resto de los crímenes, sin estrategias en razón de género.
A partir de octubre, Domínguez Nava dio a conocer la implementación de la estrategia transversal para atender la complicada situación sinaloense en la materia y dos semanas después la realidad la apremia a apresurar las medidas, con el asesinato el sábado de otra mujer en Escuinapa y la agresión a balazos de una más en Mazatlán que perdió la vida al recibir atención médica. Esta crisis que acapara la atención internacional y nacional requiere de políticas de seguridad pública que correspondan a la dimensión de la barbarie.
Lo que vendría, y ojalá que sea pronto porque los feminicidios no cesan, es la intervención de prácticamente todas las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad, aunque falta por conocer las características del plan que la Gobernadora anunció al plantear “nuestra preocupación, que nos lleva a estar revisando de manera permanente acciones”. Si bien es cierto que todas las vidas humanas cercenadas por criminales duelen e intimidan, las de mujeres sacrificadas implican la exacerbación de salvajismos y cobardías.
El caso Escuinapa en sí, con 18 mujeres ultimadas a balazos en 2026, podría ser campo de estudio que clarifique qué sucede contra este sector de la población y permita fincar la estrategia transversal en etapa de diseño en el conocimiento de la autenticidad. En el municipio sureño las víctimas han sido lo mismo ciudadanas notables y reconocidas por el servicio que prestan a la comunidad, igual que personas comunes y corrientes. Es injusto que por desconocimiento de los móviles criminales a todas las caídas en la narcoguerra se les tatúe el colosal signo de interrogación que las revictimiza.
Agosto con 23 homicidios dolosos contra mujeres, septiembre con 26 y octubre con seis casos en los primeros 10 días, configuran la alerta roja que apure a los gobiernos federal, estatal y municipales a reaccionar con eficacia en vez de pronunciarse por soluciones o emitir pésames ante cada nuevo caso o la suma de alrededor de 120 en el año en curso. El “ni una más” debe ser la prioridad del Estado en razón de que constituye el grito del sector femenino y de la sociedad en general, alarido social que ya no admite simulaciones.
Es que la terrible secuencia de feminicidios golpea de manera inclemente a los deudos de las muertas y también impacta de manera atemorizante y directa en todo el tejido social. Así sea un suceso aislado, induce el sentimiento de ausencia de autoridad y desvanecimiento del sistema de leyes, no se diga el promedio de 13 casos por mes en Sinaloa que en 2026 evapora al gobierno legítimo y recalca el infierno de los poderes fácticos.
Eso es lo que les debe preocupar y ocupar Presidenta Claudia Sheinbaum y Gobernadora Graciela Domínguez. La insistencia por soluciones que la Mandataria estatal lleva a los centros donde se toman las decisiones para darle a Sinaloa paz positiva y verdadera es el eco de miles de hogares, huérfanos y familias enteras cuyos núcleos entrañables se ven vulnerados por comandos de sicarios que descargan sus armas contra ellas que antes eran protegidas por los viejos códigos de honor de los decanos jefes del Cártel de Sinaloa.
Ellas no son solamente muertas,
Ni de la sección roja noticias;
Son heridas sociales abiertas,
Laceradas por las injusticias.
Los sinaloenses empezamos a preguntar qué más hay para recuperar la tranquilidad y legalidad aparte de alrededor de 20 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional y policías federal y estatal, asignados para combatir a la delincuencia en el territorio de la narcoguerra. Después de dos años de estrategia militarizada de qué otra posibilidad pacificadora dispone el Gobierno en caso de que continúen en niveles alarmantes los homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad, desplazamiento forzado y ataques al patrimonio de empresas y familias. De las respuestas depende que proyectemos porvenires confortantes o futuros de abatimientos prolongados.