¿Ataque a instituciones de Sinaloa?
Municipios, alcaldes y narcoguerra
Con la acometida criminal que le costó la vida ayer a la Comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, y el atentado letal del lunes contra el Director de Tránsito, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, vuelve a colocarse en la conversación pública la duda de si tales hechos de violencia de alto impacto van dirigidos a las instituciones municipales de Culiacán o sólo son parte de ajustes de cuentas ajenos a mensajes cifrados del narco para el Gobierno y quienes lo integran.
En situaciones de guerra como la que vive ahora el Cártel de Sinaloa con el enfrentamiento entre sus dos bastiones históricamente aliados resulta complicado atribuir a uno u otro bando delictivo las muertes, definir móviles y clarificar objetivos en circunstancias en que caen servidores públicos y todo queda en carpetas de investigación predestinadas a la impunidad.
Vale agregar que independientemente de morbos y especulaciones que inundan las redes sociales cada vez que suceden este tipo de hechos, las labores de Inteligencia que realizan en Sinaloa las secretarías de Defensa, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco aportan a paliar incertidumbres respecto a homicidios que al quedar irresueltos son cuotas de miedo agregadas a la de por sí arredrada ciudadanía.
La atrocidad sinaloense vuelve confuso el ejercicio de diferenciar entre las 2 mil 636 muertes violentas y las 164 personas abatidas contabilizadas en Sinaloa del 9 de septiembre de 2024 al 7 de enero de 2026 cuáles y cuántas perdidas corresponden a víctimas colaterales, las motivaciones en cada crimen y el recuento de los caídos en ajustes de cuentas o “limpias” que realiza el narcotráfico. Una vez extraviados los principios de constitucionalidad y civilidad todo se funde en los crisoles de víctima e impunidad.
Por lo pronto, concretamente en los casos de Culiacán y Mazatlán, los dos municipios más diezmados por la llamada narcoguerra que hoy cumple 16 meses, el Alcalde Juan de Dios Gámez y la Alcaldesa Estrella Palacios realizan con normalidad sus funciones lo cual le da a entender a la población que no están en situación de riesgo ni hay amenaza alguna contra los gobiernos de ambos municipios y los respectivos gobernantes.
En el caso de Culiacán, Gámez Mendívil antepuso la responsabilidad de jefe de Gobierno a la conmoción que el 5 de enero causó en su equipo de colaboradores la muerte de Francisco Javier Zazueta, muy apreciado por los 33 años de servicio en la Policía de Tránsito y la hoja de vida que nunca registró datos que lo pusieran en peligro. Ese día el Alcalde acudió a la gira de trabajo que ya tenía comprometida en la Sindicatura de Quilá dentro de la estrategia de salir a dar la cara cuando la gente más necesita sentir de cerca a sus autoridades.
Estrella Palacios también desarrolla un periplo oficial intenso, paralelo a la acción militar y policial que desde Mazatlán a los límites de Sinaloa con Durango y Nayarit intenta mantener segura a la población y visitantes del ribete turístico sureño. Allí mismo, los alcaldes Víctor Manuel Díaz Simental, en Escuinapa, y Óscar Zamudio Pérez, en Concordia, hacen lo propio para que el desarrollo normal de la agenda municipal sea señal de tranquilidad transmitida a la gente.
Entonces no existen evidencias, o éstas se mantienen con la clasificación top secret, de que las células criminales pretendan agresiones de gran escala dirigidas contra dependencias del Gobierno o quienes están al frente de ellas. Por más que laceran a la sociedad y al aparato público las pérdidas de elementos y jefes de la Policía, y atentados que les quitan la vida a niveles de autoridad comunitaria, siendo el caso de la Comisaria de Bachigualatito, nada probado aporta a asegurar que los mandos y sicarios del CDS apuntan hacia lo más alto del tinglado institucional.
Es de suponerse que en las mesas federal y estatal para la coordinación en seguridad pública se halla presente de manera permanente el tema y la preocupación de mantener a salvo a las instituciones e instalaciones estratégicas para la estabilidad. En asuntos de gobernabilidad no vale confiar en la “buena fe” de la delincuencia que da sobradas muestras de belicosidad indiscriminada.
Ni caso tienen tales ecuaciones,
y conjeturas con alevosía,
cuando sociedad e instituciones,
mueren poco a poco cada día.
Sin ponerle objeciones a los datos que presentó Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante La Semana de ayer, en lo que corresponde a 40 mil 735 personas detenidas en el País por presuntamente cometer delitos de alto impacto, lo que sí ofende a los sinaloenses es esa parte del informe que afirma la disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos, con 34 menos cada día, comparando los que había al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo con los registrados al 7 de enero de 2026. ¿Dónde sucede ese buen resultado porque en Sinaloa no se ve?