Atrocidades en México: ¿cómo reparar un país roto?

El 2025 fue otro año marcado por delitos de violencia extrema. Así lo documenta el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos 2025. Tan sólo el año pasado, México fue testigo de casi 390 masacres; mil 255 personas fueron víctimas de homicidio con tortura y más de 600 mujeres fueron asesinadas con violencia extrema.

Esta violencia está deshaciendo al País y, entre las muchas preguntas que deberíamos hacernos, hay una especialmente urgente: ¿qué necesitamos para reparar un país tan roto?

Una respuesta inmediata sería encerrar a los criminales y castigar a los corruptos, abusadores, estafadores y asesinos. Pero ¿es suficiente? Con frecuencia exigimos justicia a través de penas más largas y castigos más severos, como si eso fuera a recomponer lo que se ha quebrado, como si así pudiéramos recuperar la paz. Sin embargo, no es así.

La verdad es que gran parte de la justicia que pedimos está incompleta. Hemos depositado en el castigo la esperanza de que nos devuelva lo perdido, cuando la realidad es que sancionar, por sí solo, no sana. No repara. No reconstruye. Si queremos una justicia capaz de cerrar heridas, tenemos que pensarla de otra manera.

Afortunadamente, existen alternativas. La justicia, entendida como un proceso de construcción de paz, tiene al menos cuatro elementos fundamentales. Aunque todo proceso comienza por la asignación de responsabilidades y sanciones, la experiencia y la lucha de colectivos de estudiantes, madres buscadoras, pueblos originarios y víctimas han mostrado que ningún camino de justicia está completo sin un reconocimiento explícito del daño, su reparación -material o simbólica- y la garantía de que no volverá a repetirse. Pero ¿qué significan, en la práctica, estos elementos?

Cuando hablamos de reconocimiento explícito, nos referimos a situaciones en las que un “lo siento” o un “me arrepiento de lo que te hice” podría haber aliviado, al menos en parte, el dolor causado. Para muchas víctimas, que el agresor reconozca el daño y valide su sufrimiento es un paso crucial. En algunos casos esto puede no parecer central, pero cuando el responsable es el propio Estado, el reconocimiento se vuelve indispensable: no solo abre la posibilidad de un cierre emocional, sino que habilita otras etapas del proceso de justicia, como la reparación.

Un ejemplo emblemático de reconocimiento estatal fue el del gobierno de Canadá, que en 2021 ofreció una disculpa pública a los pueblos y comunidades originarias del país tras reconocer el secuestro, abuso y asesinato de miles de niñas y niños durante gran parte del Siglo 19. Este acto no sólo validó el daño infligido a las Primeras Naciones, sino que impulsó cambios para proteger y respetar con mayor fuerza su cultura y su autonomía.

La reparación, ya sea material o simbólica, responde a otro tipo de necesidad: la de recuperar, en la medida de lo posible, aquello que fue arrebatado. En algunos casos implica una compensación económica o la devolución de bienes; en otros, un gesto significativo puede tener un peso igual o mayor: un abrazo, una obra artística, un monumento, un acto público de memoria o reflexión sobre lo ocurrido.

Uno de los procesos de reparación simbólica más relevantes a nivel internacional tuvo lugar en Sudáfrica tras el fin del apartheid. La Comisión de Verdad y Reconciliación colaboró con cientos de perpetradores que habían participado en desapariciones forzadas, recabando testimonios a cambio de amnistía. Como resultado, numerosas familias recibieron los certificados de defunción de sus seres queridos y pudieron darles un entierro digno. Además, se erigieron monumentos y se modificaron nombres de calles para preservar la memoria de las víctimas y su legado.

El último elemento es la garantía de no repetición. Este aspecto resulta crucial cuando el daño ha sido especialmente grave o sistemático. En estos casos, ni una disculpa ni un monumento son suficientes. Para poder seguir adelante y sanar, muchas veces lo que se necesita es la certeza de que la violencia no volverá a ocurrir.

Un ejemplo de este tipo de garantía se dio en Perú, tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de que en 1991 un grupo de militares quedara impune por la masacre de 15 personas en Barrios Altos, el Estado peruano se vio obligado, en 2001, a impulsar reformas legales para castigar estos delitos y asegurar que ningún militar pudiera volver a ser exonerado en casos similares.

Así, aunque en ocasiones el castigo sea necesario, reducir la justicia únicamente a la sanción nos condena a repetir el daño una y otra vez. Hemos confundido justicia con venganza, con la esperanza de que ello aliviará el dolor y nos devolverá la paz. Pero no lo hará. La verdadera justicia va más allá del castigo: reconoce el daño, lo repara y garantiza que no vuelva a ocurrir. Solo cuando comprendamos esto podremos empezar a sanar.

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El autor es Adrián Zentella Tusié, internacionalista con especialidad en análisis de políticas públicas y proyectos sociales, así como en la resolución de conflictos para la restauración del tejido social.