Auditorías genuinas en la Universidad
En cualquier situación de la vida, cuando se presenta un problema financiero, el primer paso es analizar las causas que lo originaron, corregir los errores y diseñar un plan para no repetirlos.
En este sentido, resulta difícil comprender la resistencia de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa a realizar una auditoría independiente que permita superar la crisis actual.
Más aún, cuando las auditorías aplicadas por la propia administración en años anteriores han sido insuficientes. De otro modo, no se explicaría un déficit que rebasa los 2 mil 661 millones 930 mil pesos.
No existen argumentos sólidos para que la administración universitaria no se comprometa a realizar un análisis exhaustivo, independiente e inmediato de las finanzas institucionales.
El argumento sobre auditorías “a modo” sólo evidencia un manejo parcial de un instrumento que podría haber sido útil y desvirtúa el discurso oficial sobre la preocupación por la salud financiera universitaria.
Para ilustrarlo, revisamos los resultados de las auditorías aplicadas en los últimos años y reportadas en los informes anuales de la Universidad.
Los informes de las auditorías validan únicamente la presentación contable de los estados financieros de la UAS, sin evaluar su solvencia ni el origen su déficit, por ejemplo, los mil 554 millones 974 mil de pesos del 2015, ver el Segundo Informe UAS, 2014-2015.
Además, dichos análisis fueron elaborados con información proporcionada por las mismas autoridades auditadas, lo que introduce un sesgo estructural difícil de corregir. Si bien los auditores certifican que las cifras están registradas conforme a norma, omiten analizar pasivos, deudas y riesgos que podrían explicar la crisis financiera.
Su función se limitó a verificar que los estados se elaboran según criterios contables, sin aclarar el destino ni la justificación del déficit que sigue afectando a trabajadores y al sistema universitario.
Es curioso que los despachos responsables de las auditorías son prácticamente las mismas que vienen haciéndolo desde hace 15 años con resultados prácticamente idénticos, que en resumen concluyen que los estados “presentan razonablemente” la situación financiera de la institución, lo que implica una revisión técnica basada en información entregada por la propia administración. Sin embargo, el dictamen no evalúa la solvencia institucional ni la magnitud del déficit acumulado, limitándose a validar la consistencia contable sin profundizar en la viabilidad económica real.
Por ejemplo, en ninguna auditoría fue reportado el déficit de más de 2 mil millones de pesos de las arcas universitarias porque su función fue verificar la forma contable, no analizar la sustentabilidad financiera ni los pasivos acumulados.
En otras palabras, fue certificado que los números están bien registrados, pero no se evalúa si la Universidad tiene recursos para cubrir sus obligaciones ni cómo se generó el déficit histórico.
Es indispensable realizar auditorías exhaustivas de las finanzas universitarias para determinar las causas de la crisis actual y comprender el impacto de las decisiones que no parecen haber contribuido al uso responsable de los recursos.
Entre los temas que deben revisarse destacan: 1) La vida de dispendio de los principales funcionarios de la Administración Central, que contrasta con la narrativa de falta de recursos institucionales. 2) Las contrataciones excesivas de personal de confianza durante las últimas dos décadas, que absorben hasta el 57 por ciento de la nómina. 3) Las compras a sobreprecio ampliamente documentadas. 4) La falta de pago o reducción de las cuotas al Seguro Social, que afecta las aportaciones a las Afores y al Infonavit. 5) Los retrasos en el pago de becas al desempeño, aguinaldos, primas vacacionales y la nula devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los mismos, derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.
Cabe resaltar que un nutrido núcleo de trabajadores universitarios reconoce como un acierto de los legisladores del Congreso del Estado, el impulsar reformas que permitan la fiscalización de la institución por la Auditoría General del Estado. Celebramos esta iniciativa y esperamos que llegue a buen fin.
La aplicación de una auditoría integral a las finanzas de la UAS es impostergable. La comunidad universitaria anhela mejorar no sólo la situación financiera, sino también la educativa de la institución. Ambas están estrechamente vinculadas, de forma que cuando una se deteriora, la otra inevitablemente sufre las consecuencias.
La sociedad sinaloense lo merece, la comunidad universitaria lo exige. La universidad necesita que mantengamos la atención en sus finanzas, con una revisión seria, transparente y realizada por organismos externos que brinden claridad sobre su verdadero estado económico.