Autonomía de las fiscalías en México: ¿culturalmente imposible?

Ernesto López Portillo
27 diciembre 2025

La reciente “discusión” sobre la autonomía de la Fiscalía General de la República, a propósito del relevo de su titular, dejó al descubierto con nitidez el lugar en el que nos encontramos frente a la ley. La posibilidad real de que la FGR —o cualquier fiscalía del país— sea autónoma depende de una pregunta mucho más amplia y profunda: ¿cómo entendemos la ley en México?

La reciente discusión sobre la autonomía fue extraordinariamente sintomática. Lo que se debatió no son los mecanismos institucionales que podrían garantizarla, sino la confianza —o desconfianza— depositada en la persona que encabeza la institución. Ahí se desnuda el fondo del problema: nuestra relación con la ley se construye a partir de atributos personales, no institucionales. Escuché decenas de comentarios y debates en torno a la designación de la nueva titular de la FGR, y ni una sola vez apareció la pregunta por los mecanismos, las bases orgánicas o los controles capaces de fortalecer —o incluso hacer posible— la autonomía. La pregunta, sencillamente, no emerge.

Esta inclinación es masiva; los medios y las redes digitales hacen exactamente lo mismo. Me resulta familiar porque durante décadas hemos trabajado en el fortalecimiento de controles institucionales internos y externos en las instituciones policiales, y la resistencia es idéntica. Mientras resulta extraño —casi incomprensible— hablar de candados institucionales que limiten la arbitrariedad, es perfectamente común depositar todas las expectativas en el perfil de quien encabeza a la institución.

Este fenómeno tiene un trasfondo cultural profundo. La construcción de la ley en nuestra convivencia no descansa en el consenso de su indisponibilidad. No hemos logrado un acuerdo político y social que reconozca a la ley como una herramienta que no puede ser manipulada. Por el contrario, nuestra convivencia se organiza como una disputa permanente —política y social— entre macro y micropoderes que compiten por utilizar la ley bajo criterios políticos de oportunidad. En términos simples: quien puede usar la ley, la usa.

Esto ocurre de manera transversal, tanto en ámbitos públicos como privados, e incluso atraviesa los sistemas de regulación informal. A este fenómeno lo he llamado la insoportable igualdad: nos resulta intransitable la idea de que existen límites indisponibles que nos igualan a todas las personas. En su base reside una construcción cultural del poder como algo esencialmente ilimitado. Si el poder no reconoce límites, entonces el Estado de derecho se vuelve una quimera.

Una quimera escondida detrás de pomposos rituales de formalidad. Existe un desdoblamiento profundo entre el discurso y las imágenes que aparentan cohesionarnos en torno a la ley, por un lado, y la práctica cotidiana, por el otro, donde el aprendizaje real se da en el entrenamiento constante para disputar el macro y el micropoder.

Si por autonomía de una fiscalía entendemos que esa institución ajusta su actuación a la ley por encima de cualquier otro criterio, entonces en México no existe el contexto que lo haga posible. Peor aún: el criterio de oportunidad política provoca que “todo el peso de la ley” caiga solo cuando conviene a quien detenta el poder de usarla. El poder político, así entendido, es poder usar la ley por motivos políticos.

Hace bien un ejercicio de franqueza en este fin de año. Se discuten los atributos de las personas y no los de las instituciones porque, en el fondo, nadie cree realmente que los mecanismos orgánicos de control puedan operar por encima de la voluntad de quienes ejercen el poder. El sustrato cultural de esta desconfianza se revela cuando alguien “en corto” describe como una oportunidad perdida -una estupidez, digamos- el hecho de que una persona haya respetado una norma, pudiendo pasar por encima de ella en su propio beneficio -¿quién no lo ha pensado, dicho o escuchado?-.

Si esto es cierto, entonces esperar fiscalías autónomas aquí es tan absurdo como pretender que de un huerto de uvas broten tomates. Las fiscalías manipuladas no son la anomalía: son el síntoma de un contexto que hace imposible su autonomía.