Bolsillo de fuera
La anécdota es elocuente y bien conocida. El 12 de agosto de 1982, el Secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog, llegó a Washington con un mensaje grave e inusitado: México se había quedado sin dinero. El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy McNamar, describió la escena así: Silva-Herzog “se presentó en nuestra puerta y se sacó las bolsas de los pantalones hacia afuera”.
Con ello terminaba una época negra de la historia financiera de nuestro País, caracterizada por la irresponsabilidad fiscal y el despilfarro económico. Un grave problema fue el nivel de endeudamiento externo de México en ese momento. Muchas cosas han pasado desde entonces. Algunas de ellas positivas, como el haber conferido autonomía al Banco de México frente al Poder Ejecutivo.
Con la llegada de los gobiernos de la transición se mantuvo un nivel relativamente adecuado de la deuda pública, que osciló alrededor del 30 por ciento del PIB, entre el año 2000 y la primera mitad del gobierno de Calderón, cuando la gran crisis financiera mundial del 2007 obligó al Gobierno a incrementar el gasto para contrarrestar la recesión, elevando la deuda por encima del 35 por ciento del PIB.
Hoy la deuda pública ha alcanzado un récord histórico para los últimos 25 años. Como lo señaló México Evalúa, si al cierre del sexenio de Peña Nieto en 2018, ésta era de 43.6 por ciento del PIB, para diciembre de 2024 este saldo del endeudamiento público llegó al 51.4 por ciento del PIB. La tendencia continúa: se espera que el porcentaje ascienda a 52.3 por ciento del PIB en 2026.
Varios factores explican este preocupante incremento: financiamiento de supuestos proyectos prioritarios del Gobierno, el intento más bien infructuoso de rescatar Pemex, el aumento inmoderado de gasto corriente, así como los costos en que incurrió el régimen, a través de diversos mecanismos, para asegurar su victoria electoral en 2024.
Es importante apuntar que la deuda pública contraída en los últimos tiempos no se está dedicando fundamentalmente a la inversión productiva, que es la distinción fundamental para identificar las deudas públicas saludables, de las que no lo son.
Todo esto, desde luego, tendrá enormes efectos negativos para el País, dado el contexto económico en el que ocurre. Como lo ha señalado acertadamente Mariana Campos, “entre 2019 y 2025, la economía mexicana registró un desempeño extraordinariamente débil -incluso en comparación con América Latina- con una tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Brutos (PIB) inferior al 1 por ciento”.
En esta situación de crecimiento casi nulo, el peso de la deuda pública recae sobre los mexicanos de a pie de manera extraordinaria. Se estima que el costo de la deuda será mayor al 4 por ciento del PIB en 2026, un porcentaje más alto que el presupuesto destinado a la salud o a la educación pública. Ciertamente hay una relación entre hospitales más depauperados o universidades públicas estranguladas financieramente, y el gran costo financiero del servicio de la deuda pública.
Como muchas de sus promesas de campaña, el Presidente López Obrador incumplió con uno de sus postulados económicos fundamentales, de no incrementar significativamente el endeudamiento del País. Lo mismo está sucediendo en la actual administración.
No quisiéramos que fuera así, pero el déja vu con la imagen de los bolsillos afuera en los pantalones de Silva Herzog en Washington, empieza a convertirse en una pesadilla cotidiana.