Breve balance de la nueva justicia federal en sus primeros meses
La reforma del Poder Judicial de septiembre de 2024 trajo consigo dos cambios principales. Por un lado, el nombramiento de personas juzgadoras mediante voto popular. Por el otro, la reestructuración de los principales órganos que componen a esta rama del Estado mexicano.
En cuanto al primer cambio, mucho se ha hablado sobre los riesgos para la independencia judicial de este mecanismo de selección. Su diseño obliga a las personas candidatas a “politizarse” participando en campañas, foros y jornadas electorales que poco tienen que ver con la función jurisdiccional.
Además, los requisitos establecidos en la Constitución para elegir a quienes aparecieron en las boletas electorales no incluyen conocimientos, habilidades o experiencia en el ámbito judicial, ni criterios de evaluación objetivos. Ello propició un deterioro en la idoneidad de las candidaturas.
Por su parte, la reestructuración del Poder Judicial implicó la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este quedó integrado por magistrados electos también popularmente quienes ahora son responsables de vigilar la actuación y desempeño de las personas juzgadoras.
En la medida que no se establezcan criterios y procedimientos claros, este órgano puede convertirse en un mecanismo de presión interna cuyas sanciones sean una forma de control político sobre juezas y jueces. Es un elemento más que también pone en riesgo la independencia judicial.
Con todo esto, el 1 de septiembre tomaron protesta las y los jueces, magistrados y ministros electos en la jornada del pasado 1 de junio. ¿Qué observamos en el primer semestre de esta nueva época del Poder Judicial a nivel federal?
La instancia con mayor visibilidad y escrutinio público es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además de la relevancia de los asuntos que resuelve, es la cara del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).
Más allá de la retórica de cambio, uno de sus principales retos es superar el déficit de legitimidad con que llegaron las y los ministros, considerando la escasa votación ciudadana y las irregularidades del proceso electoral (acordeones, exceso de gastos y usos de recursos públicos en las campañas, por mencionar algunos).
Entre los aciertos de la nueva SCJN se encuentran la primera audiencia pública con personas con discapacidad, así como reuniones con diversos sectores sociales: personas jubiladas del IMSS; maestras y maestros jubilados de Chiapas; representantes del Consejo Coordinador Empresarial, y directivos de la Asociación de Bancos de México.
En contraparte, se perciben retrocesos en materia de transparencia que se reflejan, por ejemplo, en que ya no se publica información estadística mensual ni de los asuntos que fueron resueltos por acuerdos, como se hacía anteriormente.
No obstante, la verdadera prueba de legitimidad e independencia está en los criterios y el sentido de las resoluciones de los asuntos que involucran la protección de derechos, aun si fueran en contra de las decisiones e intereses del Ejecutivo y el Legislativo.
No ha sido así en todos los casos. Por ejemplo, recientemente los nuevos ministros de la Corte sobreseyeron un amparo por parte de una organización de la sociedad civil (México Unido contra la Delincuencia) que representaba a colectivos de familiares de víctimas de desaparición.
La mayoría de los ministros votó en favor del argumento de que ese amparo en materia de derechos de víctimas —que estaba pendiente de resolver desde la administración anterior— carecía de interés legítimo, a pesar de que muchas de estas personas no cuentan con recursos para contratar abogados y solicitar el amparo de la justicia federal.
Este es un paso atrás que pone de relieve la postura de la nueva Corte ante su deber de proteger los derechos de las personas.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tiene la delicada tarea de sancionar las conductas inadecuadas del personal judicial, así como evaluar, durante su primer año de ejercicio, el desempeño de las personas que fueron electas. Esto incluye, magistradas y magistrados de circuito, y juezas y jueces de distrito.
Al ser una instancia de nueva creación —anteriormente sus funciones eran facultad del desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF)—, uno de sus principales retos es poner en marcha la estructura institucional; en específico, el órgano de evaluación del desempeño judicial y el de investigación de responsabilidades administrativas.
El TDJ es la instancia que asegura la ética y legalidad de la función jurisdiccional. Por ello, es la pieza clave para erradicar malas prácticas e irregularidades en aspectos como el otorgamiento de nombramientos, la tramitación de asuntos de los órganos jurisdiccionales, así como conductas relacionadas con violencia laboral, sexual y de género.
Sin embargo, un mal uso de sus atribuciones podría interferir con la libertad de criterio judicial y convertirse en una amenaza hacia los jueces que fallen en contra de los intereses gubernamentales.
Finalmente, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) es la instancia responsable de la administración y la carrera judicial a nivel federal.
Entre sus principales retos está lograr la mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la operación de los 936 órganos jurisdiccionales de las distintas materias en todo el territorio nacional. La mala administración por parte del OAJ puede afectar el trabajo de las y los jueces al generar sobrecargas de trabajo o simplemente no dotando de los recursos humanos y materiales de los que depende la labor judicial.
En cuanto a la carrera judicial, tiene el reto de lograr la especialización judicial inicial y continua de personas juzgadoras, particularmente las que fueron electas, a fin de que se asegure la mayor calidad en la impartición de justicia.
En este aspecto, la Escuela Nacional de Formación Judicial, adscrita al OAJ, es la encargada de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del PJF, por lo que su fortalecimiento y vinculación académica es clave para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales.
A la fecha, sería importante conocer la forma en la que se está pensando evaluar el primer año de ejercicio de las y los jueces que fueron electos en 2025.
A unos meses de haber iniciado el nuevo Poder Judicial a nivel federal y en varios estados, resulta prematuro sacar conclusiones sobre si ha mejorado o no la justicia en nuestro país.
Lo que sí podemos constatar son los enormes retos que enfrentan las distintas instancias del ámbito judicial para poner en marcha la nueva estructura y generar los resultados que demanda la sociedad mexicana: certidumbre jurídica, protección de derechos y equilibrio de poderes.
Para ello, como ciudadanos necesitamos mayor transparencia para vigilar este proceso de transición.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa. Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en dicho Programa.