Bukele y el nuevo orden punitivo
El debate sobre lo que ocurre en El Salvador no es sobre las pandillas, sino examinar si el combate al crimen se ha llevado a cabo dentro de los límites que impone el derecho internacional, escribía Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, en una columna para el diario El País (17 de marzo).
Días antes, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES).
En el documento se establecen violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción bukeliano, así como acciones sistemáticas que podrían contravenir el derecho internacional y ser consideradas crímenes de lesa humanidad, según los parámetros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Más allá de los datos concretos y cifras, lo que se asoma es un proyecto que comenzó de forma local y que pretende extenderse.
El Laboratorio Bukele no sólo implica la imposición de un estado de excepción permanente, sino la configuración de un escenario donde la mano dura se legitima bajo el supuesto peligro de las pandillas, así como la desubjetivización de los “criminales” y la justificación de cualquier castigo, dentro o fuera de la ley. Son vidas no llorables, diría Judith Butler, en Marcos de guerra.
Esa necropolítica se articula con sistemas carcelarios donde los prisioneros enfrentan condiciones de encierro degradantes, maltrato y quiebre de sus subjetividades, quedando inhabilitados para la vida en sociedad y sometidos a detenciones arbitrarias.
De forma paralela, prácticas similares se observan en contextos migratorios: personas detenidas en centros exprés como Alligator Alcatraz en Estados Unidos o en ciudades como Tapachula, donde migrantes quedan atrapados por barreras administrativas, sin que su situación constituya un delito penal.
Todo esto se acompaña de una narrativa que criminaliza y estigmatiza a diversos sujetos: migrantes, presuntos delincuentes o “enemigos”, colocándolos fuera del marco de derechos.
Estos procesos coinciden con el debilitamiento de organismos internacionales de derechos humanos, o la presión para que se alineen a discursos de poder.
Nos encontramos frente a necropoderes -administradores de la muerte- que ya no se subordinan a normas nacionales ni a marcos internacionales como los de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional.
Fenómenos como el genocidio, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o las detenciones arbitrarias muestran la consolidación de un modelo donde predomina la fuerza del Estado.
Este escenario apunta hacia un orden donde los sujetos dejan de ser plenamente reconocidos como titulares de derechos, y donde la ley se debilita frente a un poder que gobierna mediante el miedo y la violencia institucional.
Frente a esta dinámica, el derecho internacional -que surgió como respuesta a los crímenes del Siglo 20- enfrenta un proceso de erosión.
Lo que emerge es un nuevo orden punitivo global, donde el castigo deja de responder a criterios de justicia y se convierte en una escenificación del poder estatal.
Estamos frente a la arquitectura de un nuevo orden punitivo.
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El autor es Enrique Alejandro Zúñiga Vázquez, psicólogo y maestro en Criminología y Política Criminal.